El Ministerio del Interior incluyó en la Rendición de Cuentas la creación de 300 cargos policiales, lo que implicará una inversión de 364 millones de pesos en 2027. El ministro del Interior, Carlos Negro, informó el viernes, en una conferencia de prensa, que los nuevos efectivos policiales se destinarán en su mayoría a Montevideo y el área metropolitana.
En el marco de la discusión por la utilización de vehículos militares para tareas de seguridad interna, en particular, por la falta de vehículos en buen estado, se dispuso una partida de 144 millones de pesos en 2027 para adquirir 100 vehículos y 200 motos.
Asimismo, se incorporaron inversiones con el objetivo de “fortalecer las capacidades operativas y tecnológicas del sistema de seguridad”. Se prevé una partida de 567 millones de pesos para crear un Sistema Nacional de Biométrica Multimodal para fortalecer “la identificación biométrica de personas”.
También se destinarán 20 millones de pesos para adquirir comisarías móviles; 18 millones de pesos para la adquisición de Shotspotter, una tecnología para la identificación de disparos de arma de fuego; 10 millones para la instalación, en la vía pública, de tótems de seguridad ciudadana; seis millones para salas de monitoreo focalizado, y tres millones para la “adquisición de infraestructura informática de inteligencia artificial aplicada a la violencia de género”.
Creación del Instituto Nacional de Reinserción
Además, se crea el Instituto Nacional de Reinserción (INR), que será un servicio descentralizado y sustituirá al Instituto Nacional de Rehabilitación](https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2026/6/rendicion-de-cuentas-aumento-en-transferencias-407-millones-de-pesos-a-educacion-y-se-crea-el-instituto-nacional-de-reinsercion/).
En la exposición de motivos del proyecto de ley se detalló que Uruguay tiene 477 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, lo que supone un “récord histórico” y lo posiciona “como uno de los países con las tasas de encarcelamiento más elevadas de América del Sur y del mundo”.
Ante esta situación, se apuntó que la evidencia internacional muestra que los “sistemas penitenciarios que cuentan con capacidades institucionales adecuadas pueden desempeñar un papel decisivo en la reducción de la reincidencia, la promoción de procesos de rehabilitación y el fortalecimiento de la seguridad pública”.
En ese marco se propone descentralizar al instituto del Ministerio del Interior para tener como competencia “el diseño, implementación y control de las políticas y programas de reinserción social, la organización y gestión del sistema penitenciario y la vigilancia y control de las unidades penitenciarias, debiendo velar por la ejecución de las medidas cautelares y las penas privativas y no privativas de libertad conforme a la legislación nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.
También se establece la forma de conducción del nuevo INR, que tendrá un directorio integrado por un presidente y dos directores designados por el Poder Ejecutivo. “Para ser designado se requerirá ciudadanía natural o legal con por lo menos cinco años de ejercicio, tener 30 años de edad cumplidos, y conocimiento y experiencia acreditados en los cometidos del instituto. Los integrantes del directorio del INR permanecerán en su cargo mientras el Poder Ejecutivo así lo disponga, sin perjuicio de cesar indefectiblemente en el cargo al cumplir 70 años de edad”, se detalla.
Si bien la Dirección Nacional de Medidas Alternativas existe actualmente, en la nueva estructura se le otorgan cometidos más amplios. Se detalla, por ejemplo, que deberá “realizar seguimiento técnico y administrativo de las personas sometidas a medidas alternativas”; “elaborar informes para la autoridad judicial sobre incumplimientos, evolución y situación de las personas supervisadas”; y “favorecer procesos de reinserción social y reducción de reincidencia mediante acompañamiento y articulación interinstitucional”, entre otros cometidos.
La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, ha dicho que se debe robustecer el sistema de las medidas alternativas si se busca avanzar en una reforma carcelaria. “Nosotros no podemos hacer nada, sino fortalecer la administración de las medidas alternativas para, además de darle legitimidad a la ejecución de la pena no privativa de libertad, mostrarle al Poder Judicial, a la Fiscalía, pero sobre todo a la ciudadanía, que las medidas alternativas no son impunidad, que tienen un conjunto de obligaciones que se cumplen, se supervisan, y que fundamentalmente son efectivas para reducir la reincidencia, porque todo lo que dice la evidencia internacional es que si son bien administradas, tienen mucho mayor nivel de efectividad que la prisión”, dijo en junio del año pasado a la diaria.