El Ministerio del Interior (MI) suscribió este viernes un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para la cesión de 12 vehículos blindados de diferentes modelos para su utilización en operativos policiales, anunció el titular de la cartera, Carlos Negro.
En una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros a la que convocó el presidente de la República, Yamandú Orsi, Negro dijo compartir la postura del mandatario con respecto a la necesidad de “aprovechar todos los recursos con los que cuenta el Estado” para mantener la seguridad pública.
En ese sentido, indicó que a través del convenio, el MDN “pone a disposición de la Policía Nacional hasta 12 vehículos blindados de cinco tipos de diferentes modelos y prestaciones, los cuales serán conducidos por personal policial que va a ser debidamente capacitado a tales efectos en la conducción de cada uno”. Momentos después, y luego de ser consultado al respecto por la prensa, destacó sus características, en tanto “es bastante más amplio del pensado originalmente” y “permite una variedad de vehículos mayor” que la que se proyectaba originalmente.
Aun así, matizó que para aquellos “casos en que no se pueda contar aún con la capacitación requerida”, los vehículos podrán ser conducidos por choferes del Ejército por el régimen de “comisión de servicio” y bajo el mando del MI. De esta forma, y a su entender, “no corresponde ni se necesita la promulgación de una disposición legal”, ya que las normas existentes “permiten tanto un comodato de los vehículos como una comisión de servicios”.
El ministro del Interior justificó la medida como una herramienta que permitirá proteger a los efectivos policiales que “concurren a las zonas más afectadas por la violencia”, y agregó que también habilitará al MI a “cumplir con lo establecido” en el Plan Nacional de Seguridad Pública del gobierno para este quinquenio, así como el Plan Más Barrio, con respecto a “conseguir que los territorios tengan todas las garantías para que los ciudadanos que allí habitan [...] puedan ejercer todos sus derechos en forma plena y eficaz”.
Lazo: “No está contemplada la militarización en el Plan Nacional de Seguridad ni es menester del Ministerio de Defensa”
Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, indicó que el acuerdo fue ratificado mediante una resolución firmada por Orsi, y agregó que la normativa “además está refrendada por todo el Consejo de Ministros”.
La ministra calificó al convenio suscrito como una expresión de los “lazos conductores” que conectan la cartera que lidera con el MI: “Nosotros estamos haciendo un convenio específico donde se comprometen el MI y el MDN a ejercer esta cooperación ante la realidad que hoy se está viviendo por parte de la sociedad: es eso”, resumió.
Por ello, repudió el hecho de que el acuerdo sea descrito como un caso de militarización policial. “No está contemplada la militarización en el Plan Nacional de Seguridad, todo lo contrario, ni es menester del Ministerio de Defensa Nacional este tipo de conceptos”, esgrimió Lazo, que llamó a reafirmar las capacidades de los diferentes organismos del Estado para atender las prioridades que el gobierno proyecta para la próxima Rendición de Cuentas, entre las que se encuentra la seguridad pública.
Las declaraciones de Lazo encontraron su eco en Negro, que inmediatamente tomó la palabra para expresar su rechazo a las versiones que sostienen que el convenio implica la militarización de la fuerza policial. “De ninguna manera puede aceptarse la palabra militarización para el contenido del convenio que estamos celebrando”, sostuvo el jerarca, que dijo que en su lugar, el acuerdo se resume en “una manera de mejor policializar, en todo caso, o de resguardar el policiamiento en las zonas más afectadas”.
Asimismo, y consultado sobre el posible rol que podrán tener los funcionarios del Ejército involucrados y cómo será su accionar, el ministro del Interior recordó que los funcionarios del Ejército “tienen derecho al porte de armas”, que equiparó al caso de los efectivos policiales y particulares civiles que también las poseen, y evaluó que aquellos involucrados “seguramente van a hacer uso de ese derecho porque lo hacen en su vida cotidiana”. Así, sostuvo que en el caso de que un efectivo militar dispare contra alguien fuera del vehículo al sentirse atacado, este “quedará amparado en el eximente penal de la legítima defensa”.