El juez Eduardo Guevara procesó con prisión al coronel retirado Mario Ramos y al médico militar Nelson Fornos por reiterados delitos de abuso de autoridad en calidad de autores cometidos en su participación en interrogatorios (que incluyeron torturas) contra detenidos políticos en el Grupo de Artillería 2, en Trinidad, durante la dictadura.
La primera denuncia contra Fornos la hizo la Federación Médica del Interior (Femi) en 1986, pero se archivó al año siguiente en el marco de la ley de caducidad. La causa se reabrió en 2011 pero le siguieron años de interposiciones de recursos por parte de las defensas -por ejemplo, cinco excepciones de inconstitucionalidad-, hasta que este martes, finalmente, la Justicia se expidió sobre el caso.
En el transcurso de la investigación por la denuncia contra Fornos, a partir de pruebas aportadas por testigos, surgió la imputación de Ramos, oficial de inteligencia responsable de las torturas en la unidad militar mencionada. La fiscal letrada de Flores, Gabriela Rusiñol, pidió el procesamiento de ambos imputados en 2017, pero la presentación de recursos continuó, y desde 2018 llevó adelante la causa el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.
En la sentencia de este martes, a la que accedió la diaria, se señala que de la investigación surgieron “elementos de convicción suficientes para juzgar que los indiciados Mario Ramos y Nelson Fornos participaron, en su calidad de jerarca y médico principal, respectivamente, de la unidad castrense Grupo de Artillería Nº 2 con asiento en la ciudad de Trinidad, en interrogatorios en que se aplicaban torturas a los detenidos, lo que configura, ostensiblemente, un proceder abusivo por parte de la autoridad respecto de personas que se encuentran detenidas bajo su responsabilidad”.
Perciballe explicó a la diaria que “en definitiva” el delito por el que se los procesa “son torturas”, pero en la época en que sucedieron los hechos esta figura delictiva no existía. “Los hechos son torturas, la figura delictiva es el artículo 286 del Código Penal, que era la figura que existía en ese momento”, es decir, abuso de autoridad contra los detenidos. El fiscal afirmó que hubo “un grupo muy importante de víctimas” del accionar de Fornos y Ramos, “mucha gente” que tenía “mínimas participaciones en grupos políticos bastante diversos” y no en los “clásicos” como el Partido Comunista o el MLN-T, sino en “algunos grupos locales”.
Perciballe sostuvo que “una vez que hay un procesamiento es muy difícil que se dé marcha atrás”, porque “se supone que durante todos estos años hubo un trabajo de investigación importante para llegar a esto”, y adelantó que cuando llegue el juicio va a imputar, además del abuso de autoridad contra los detenidos, privación ilegítima de la libertad y lesiones graves, en el entendido de que instrumentos de tortura como “los submarinos y la picana eléctrica” pueden “generar la muerte de las personas, y de hecho murieron muchas personas como consecuencia” de su uso.
Si bien los imputados fueron procesados con prisión, van a ser evaluados por médicos del Instituto Técnico Forense que determinarán si pueden mantenerse o no en prisión, teniendo en cuenta sus patologías y su edad avanzada.
Femi tras el fallo: “Un poco más cerca” de “la verdad y la justicia”
El Consejo Ejecutivo de Femi emitió un comunicado en la tarde de este martes tras hacerse público el procesamiento de Fornos y Ramos. En la misiva, el gremio recuerda que denunció y expulsó a Fornos en mayo de 1986, y que “en el historial de esta lucha por la justicia” también presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Ética Médica por “ocho casos en los que se habían constatado todo tipo de apremios físicos y psicológicos”. “Desde la Federación Médica del Interior reforzamos nuestro compromiso y continuamos en el camino de la verdad y la justicia, en el que hoy sentimos que estamos un poco más cerca”, añade el gremio en el documento.
Uruguay Russi es médico jubilado, dirigente histórico de Femi y senador suplente por el Frente Amplio, y en 1986 integraba la dirección del gremio cuando la Comisión Nacional de Ética Médica comenzó a investigar las actuaciones de los profesionales médicos en la dictadura, a partir de denuncias de víctimas de torturas o atentados contra los derechos humanos.
“Una vez que teníamos los expedientes de cada denuncia sobre tal o cual médico, le dábamos vista al médico para que hiciera sus descargos. Algunos vinieron, otros no vinieron, y de todas las denuncias la comisión laudó y expulsó a algunos médicos de Femi por notorias inconductas y pruebas fehacientes de torturas o de apremios físicos”, explicó Russi. Según indicó, la comisión “les dio entrada” a aquellos casos que eran denunciados por más de dos personas, y en el caso de Fornos, aunque no recuerda el número exacto, “eran muchas” y lo señalaban por haber asistido a torturas.
Para ser expulsados, “la carga contra ellos fue realmente muy importante y además los descargos no dieron ningún lugar a dudas”, señaló Russi. “Todo fue hecho con mucho respeto para cada uno de los que fueron denunciados, pero con una energía y un valor muy importantes”, aseguró Russi. “Que hoy la Justicia ratifique y ponga preso a este médico que no cumplió con el honor de la carrera es un beneplácito” para el gremio, agregó.
“La justicia tarda pero llega. Este es el corolario de mucha gente que sufrió torturas y maltrato de todo tipo y que tuvo la valentía, en un momento muy difícil, de hacer la denuncia, y hoy la justicia recoge todo eso y pone donde debió estar hace mucho tiempo a este y otros que fueron causantes de tanto dolor en el pueblo uruguayo”, reflexionó Russi, que consideró que la búsqueda de la verdad “no es revanchismo” sino “justicia”, y que “justicia y verdad implica que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir”.