Estaba previsto para este miércoles la apertura del juicio de apelación contra Jorge Néstor Tróccoli, el exoficial de la Armada Nacional uruguaya condenado a prisión perpetua en primera instancia por el secuestro, las torturas y el homicidio de Elena Quinteros y de la pareja ítalo-argentina integrada por José Agustín Potenza y Rafaela Filipazzi. Sin embargo, tras apenas unos minutos, el tribunal resolvió postergar la audiencia hasta el próximo 23 de noviembre.
La decisión obedeció a una incompatibilidad. Se había designado presidenta del tribunal a Agatella Giuffrida, la misma magistrada que había presidido el juicio de apelación del proceso Plan Cóndor y que, por lo tanto, ya se había pronunciado sobre la situación de Tróccoli. La Corte dispuso entonces la sustitución del colegio judicial, con la designación de los jueces Roberta Palmisano y Alfredo Maria Bonagura, y ordenó la postergación del inicio del debate.
De este modo vuelven a extenderse los tiempos de una causa que constituye uno de los últimos capítulos judiciales abiertos en Italia sobre los crímenes de las dictaduras del Cono Sur y el entramado represivo del Plan Cóndor.
La apelación presentada por la defensa cuestiona la sentencia de primera instancia. Según los abogados de Tróccoli, los jueces le atribuyeron responsabilidades que no habrían sido suficientemente demostradas, confundiendo su pertenencia al aparato represivo con una responsabilidad penal individual por los delitos imputados. Para la acusación, en cambio, y según estableció el fallo de 2025, el exmarino integró plenamente una estructura criminal en la que las tareas de inteligencia, los interrogatorios, las torturas, los secuestros y los homicidios formaban parte de un mismo mecanismo represivo. Lejos de la imagen de un simple subordinado que cumplía órdenes, la sentencia de 2025 presenta a Tróccoli como uno de los cuadros más eficaces del sistema represivo uruguayo. Para la corte, encarnaba “el perfil del represor perfecto”, un oficial con capacidad de iniciativa, organización y mando, involucrado de manera activa en los mecanismos de persecución y represión de las víctimas.
A pesar de la suspensión, en la sala estuvieron presentes varios de los protagonistas del proceso. En representación de la República Oriental del Uruguay, constituida como parte ofendida, la abogada Alessia Merluzzi estuvo acompañada por el embajador uruguayo en Italia, Alfredo Bogliaccini. Merluzzi destacó la voluntad del Estado uruguayo de seguir acompañando de cerca el desarrollo del proceso. “También en esta segunda etapa se vuelve indispensable garantizar un proceso justo, sostener la solidez de la sentencia de primera instancia y acompañar a los familiares de las víctimas”, afirmó. Añadió además que el Estado uruguayo “no deja solos a sus ciudadanos y confirma una presencia que resulta muy importante en esta nueva fase del juicio”.
Por parte de los demandantes civiles, el abogado Andrea Speranzoni, representante del Frente Amplio, se mostró confiado en que la construcción acusatoria resistirá el examen de la segunda instancia. “Contamos con pruebas documentales precisas sobre lo que ocurría en el Fusna y sobre el papel desempeñado por Jorge Tróccoli dentro del sistema represivo”, señaló, y sostuvo que el material reunido demuestra “una contribución fundamental a la planificación y ejecución de los operativos” atribuidos al acusado.
Según Speranzoni, el proceso de apelación permitirá volver a evaluar un cuadro probatorio particularmente sólido, construido a lo largo de años de investigación y audiencias. “La sentencia de primera instancia se basa en una reconstrucción rigurosa de los hechos, respaldada por documentos, testimonios y elementos de corroboración que permitieron identificar con precisión la función desempeñada por Tróccoli dentro del aparato represivo uruguayo”, afirmó. A su entender, la cuestión central no es solamente la pertenencia del imputado a las estructuras navales, sino su aporte concreto al funcionamiento del sistema represivo articulado en el marco del Plan Cóndor. “Estamos convencidos de que también en apelación quedará acreditada plenamente su responsabilidad y que la sentencia será confirmada”, concluyó.
Muy diferente es la postura de la defensa. El abogado Marco Bastoni continúa cuestionando de manera radical las conclusiones alcanzadas por la Corte en primera instancia. Según la defensa, la sentencia atribuyó a Tróccoli responsabilidades que no habrían sido probadas más allá de toda duda razonable, y terminó por superponer su pertenencia al aparato militar con una responsabilidad penal individual por los hechos investigados.
“La apelación será la oportunidad para revisar críticamente numerosos aspectos de la decisión de primera instancia”, sostuvo Bastoni. A su juicio, a su defendido se le asignó un papel mucho más relevante que el que efectivamente desempeñó dentro de la estructura represiva, y las pruebas reunidas no permitirían vincularlo de forma directa con cada uno de los episodios por los que fue condenado. Para la defensa, el tribunal de segunda instancia deberá determinar si el conjunto de evidencias reunidas alcanza realmente para sostener una condena a prisión perpetua.
Para conocer los argumentos completos de las partes y el inicio efectivo del juicio de apelación habrá que esperar ahora hasta el 23 de noviembre, cuando el nuevo tribunal deberá entrar finalmente en el análisis de fondo del recurso presentado por la defensa del exoficial uruguayo.