La defensora del Vecino, María Elena Laurnaga, se reunió hace 15 días con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y le entregó una denuncia contra la organización Seamos, que dirigía la actual directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y de la Secretaría Nacional de Cuidados, la psicóloga Gabriela Bazzano.
Según pudo saber la diaria, la denuncia se originó en julio de este año, en el marco de una visita de trabajadores sociales a la institución, quienes recabaron el testimonio de una usuaria del servicio, con esquizofrenia, que denunció que no podía ver a su hija.
Se trata de uno de los casos de “familias articuladas” que denunció la diaria en su edición del sábado 5 de diciembre. La Defensoría del Vecino entendió que la información recabada por los técnicos en el hogar de Seamos, ubicado en el Municipio C, configuraba situaciones de “vulneración de derechos y abuso de poder”, que podrían tener implicancias penales, y por eso entregaron los antecedentes a la Fiscalía de Corte.
Tras la reunión con Laurnaga, el fiscal Díaz derivó los antecedentes a la Fiscalía de 4° Turno, a cargo de la doctora Brenda Puppo, que actualmente investiga los materiales que presentó la Defensoría del Vecino.
El desalojo de la Intendencia de Montevideo
La asociación civil enfrenta un litigio en la esfera administrativa con la Intendencia de Montevideo (IM) desde hace años: en 2011 se resolvió un primer desalojo, que finalmente no se concretó en aquella instancia, y el 9 de marzo de este año la comuna resolvió cesar el comodato por el que había entregado la casa a la organización en 2004. En febrero de 2019, en este contexto y “a fin de conocer y relevar el proyecto social existente y su impacto en la vida cotidiana de los/as participantes”, una trabajadora social del Municipio C visitó el hogar comunitario de Seamos, en Jacinto Vera.
Según el informe elaborado en aquella instancia, la funcionaria municipal constató que en el hogar “no funciona una propuesta de carácter social con fines de rehabilitación en salud mental, tal como lo manifiesta la OSC Seamos”, y entre varios motivos enumera que según el relato de los residentes, la vivienda construida en el predio municipal “les es subalquilada, en tanto pagan una cuota mensual para su uso”; que “se cristalizan situaciones claras de vulneración de derechos y abuso de poder, como el maltrato y el engaño como medio para captar a las personas”, y que “la relación entre institución y participantes es inadecuada y no está responsablemente delimitada, lo que coloca dudas respecto a la postura y manejo ético con personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desventaja social”.
La funcionaria entrevistó a tres de los residentes y a una persona que oficiaba como encargada del hogar, que estaba presente. Entre los testimonios recogidos está el de una mujer con esquizofrenia, presentado en la diaria el sábado 5 como Claudia, que en la entrevista explicitó “sentirse engañada porque le dijeron que vendría a un hogar de madres y no lo es”. Dijo que fue desvinculada de su hija: “Relata la pérdida de la tenencia como un engaño y apropiación de la niña, por parte de una pareja relacionada al proyecto (maestra y marido)”. Según el informe, en ese momento la madre veía a su hija una vez por semana “en un local de McDonalds”.
Otra de las usuarias, según el informe, dijo “haberse sentido engañada en relación a la propuesta”, y los tres entrevistados aseveraron: “No digan que es una ONG cuando no lo es, te engañan”.
En marzo de 2020 la Intendencia volvió a resolver el cese del comodato con la organización, y ante esto, Seamos se presentó ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) pidiendo la suspensión de la medida. La INDDHH derivó a la organización a la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo.
En una recomendación elevada a la IM en setiembre de 2020, a la que accedió la diaria, la Defensoría explica que Seamos planteó que el cese del comodato “conlleva el desalojo de población vulnerable y vulnerada que reside allí”, y manifiesta trabajar “con personas con discapacidad y otra serie de trastornos mentales, cognitivos, etc, enfocados en la rehabilitación psicosocial y laboral de dichas personas”.
La Defensoría se contactó después con el Municipio C, tomó conocimiento del informe del área de Trabajo social y del expediente de la Intendencia, y “dada la gravedad de la situación la Defensoría definió realizar una visita de constatación” al hogar. Para eso se solicitó, “a fin de brindar mayores garantías a las partes intervinientes”, la colaboración de dos profesionales del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República especializadas en discapacidad, quienes concurrieron al hogar Seamos el 17 de julio.
Del informe elaborado por las profesionales, que reafirma los contenidos del documento de 2019, surgen como conclusiones que “todas las personas que residen allí realizan aportes económicos mensuales; no se constata la existencia de un proyecto institucional de la ONG Seamos; de las 5 personas que viven en el hogar, 4 de ellas han dejado a sus hijos con familias sustitutas; a pesar del contexto de pandemia, no se constata la existencia de talleres formativos y/o educativos con los usuarios; no parecen conocer la gestión económica de la vivienda”.
En su conclusión, la Defensoría señala que comparte los fundamentos mencionados en la resolución de la IM de marzo -que dictaminó el cese del comodato-, añade que la organización social “tendría suspendida su personería jurídica, en tanto no habría cumplido con la realización del censo de carácter obligatorio para las Asociaciones Civiles y Fundaciones” aprobado por ley en 2017 y que no pudo acreditarlo ante el organismo municipal.
En sus recomendaciones la Defensoría solicita a la Intendencia y al Municipio C “ajustar los mecanismos que aseguren su responsabilidad de control sobre instituciones de similares características, ya que han existido dos resoluciones de cese de comodato por parte de la Intendencia de Montevideo”, en 2011 y en 2020, y que la última es consecuencia de “la no ejecución de la correspondiente al año 2011”.
Además, recomienda a la comuna que antes de ejecutar el cese del comodato “deberá buscar la protección de las personas allí residentes brindando una solución habitacional subsidiaria a la que tienen en la actualidad y un programa adecuado a su situación, a fin de garantizar su protección evitando la revictimización y exclusión social”.
En vistas del testimonio de la madre, que insistió en que fue engañada, la Defensoría presentó todo el material ante el Fiscal de Corte, que derivó el caso a la fiscalía de Flagrancia de 4º turno.