Los fiscales analizaron “con preocupación” la información acerca de una posible reducción presupuestal de 15% para la Fiscalía General de la Nacional en el marco de la próxima discusión presupuestal. Advierten que un recorte de esas dimensiones generaría “dificultades” para cumplir con las responsabilidades que hoy tienen en el organismo.
Willian Rosa, secretario de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), dijo a la diaria que el recorte afectará los gastos operativos y el ejercicio de la gestión de la Fiscalía.
“Desde el momento en que se puso en marcha el [nuevo] Código [del Proceso Penal] venimos planteando que no se aplicó con los recursos presupuestales que eso requería. Se necesita proyectar la tarea que hace la Fiscalía para maximizar su efectividad. Y ahora nos encontramos con esta realidad que viene en el sentido contrario de nuestra pretensión”, señaló.
Rosa señaló que, además de la implementación del nuevo código, la situación se profundiza por la entrada en vigencia de la ley de urgente consideración (LUC), que al derogar o reducir alternativas al juicio oral, como el juicio abreviado o la suspensión condicional del proceso, genera una dinámica que requiere mayor utilización de recursos.
La LUC impide, en el juicio abreviado, pactar una pena por debajo del mínimo del delito, por lo que el imputado no tendrá mayores incentivos para elegir ese tipo de acuerdo de pena. “El juicio abreviado tiene una modificación que hace que, en muchos casos en los que se permitía pactar una pena por debajo de lo que es el mínimo del delito, no se pueda pactar. Por lo tanto, la Fiscalía sólo le puede ofrecer la misma pena que le van a poner en un juicio oral, entonces no hay ningún aliciente para que el imputado elija ir al abreviado. No sabemos cuánto va a ser, pero sabemos que va a haber una inflación de juicios orales”, advirtió el representante de la gremial.
Entre las diferencias de costo entre el juicio oral y el abreviado están los requerimientos de la actuación policial: mientras que en un juicio abreviado alcanza con su testimonio sobre cómo fue el procedimiento, que puede ser dado en la seccional, en el juicio oral el policía debe presentarse a declarar, en calidad de testigo.
“Ahí hay un recurso que tendría que estar en una tarea y va a estar en un juicio oral, eso tiene un impacto. También para la Fiscalía el juicio tiene otros gastos, porque hay funcionarios que tienen que desgrabar las declaraciones. Lo mismo pasa en el Poder Judicial. No es la misma tarea cuando es un juicio abreviado o un juicio oral, es algo que impacta en todo el sistema de Justicia”, agregó.
El secretario de la AMFU recordó que durante la discusión de la LUC los fiscales plantearon la situación ante el Poder Ejecutivo y el Parlamento, pero la mayoría de los cuestionamientos no fueron considerados: “Esos cambios quedaron en la LUC y van a impactar directamente en la investigación criminal y en los juicios”.
Para la discusión presupuestal, los fiscales preparan una serie de reivindicaciones entre las que se encuentra la eliminación de los turnos únicos en el interior del país (lo que implica que una sede esté de turno las 24 horas, los siete días de la semana), modificaciones en la dinámica de trabajo y la organización de la carrera funcional.
Otra de las preocupaciones de la gremial está vinculada a la seguridad, particularmente en las fiscalías del interior del país y de los fiscales que trabajan en casos complejos o vinculados al crimen organizado. “Vamos a armar un paquete de proposiciones y lo vamos a presentar ante la Fiscalía para que lo remita al Ministerio de Economía y Finanzas y después iremos al Parlamento a defenderlo”, señaló Rosa.