El fiscal de Flagrancia de 5º Turno, Diego Pérez, imputó este lunes a un empresario deportivo de iniciales G.A. por el delito de tenencia no autorizada de armas y porte y tenencia de armas en lugares públicos. Mientras continúa la investigación, el juez de la causa dispuso arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica por 30 días.
Según informaron fuentes judiciales a la diaria, el empresario fue detenido junto a su hijo en un allanamiento realizado por la Dirección Nacional de Inteligencia, en el marco de la investigación sobre el atentado a la sede de la Brigada Antidrogas y las amenazas a la fiscal Mónica Ferrero.
Las fuentes señalaron que la investigación apunta al hijo del empresario, que permanece detenido y en las próximas horas declarará ante la Justicia.
El abogado de la familia, Ignacio Durán, informó a la diaria que el mensaje con la amenaza fue reenviado por un celular que utilizó, en algún momento, el hijo del empresario imputado, luego de que se lo prestara una persona que ya estaba siendo investigada en la causa.
“Es un celular que un conocido le prestó porque se le rompió el suyo; aparentemente es el celular en que se replica el mensaje que después utilizaron para amenazar a la doctora Ferrero. Ese mensaje viene de Perú y se replica a través de un celular que él tuvo en determinado momento”, explicó el abogado.
Consultado sobre la situación del padre del detenido, Durán dijo que “no tiene nada que ver” con el atentado y explicó que se lo detuvo porque cuando le preguntaron por armas o drogas respondió que hacía años que tenía armas y las entregó, pero no tenían los papeles en regla.
Durán destacó que el empresario colaboró en todo momento con la Policía, proporcionando las contraseñas para acceder a la información contenida en los celulares incautados, además de pedirle a su hijo presentarse “de inmediato” luego de que supiera que lo estaba buscando la Policía.
El empresario detenido fue socio de Washington Bocha Risotto, acribillado de ocho balazos en enero de 2012, en Barrio Sur, en un hecho que fue investigado como un enfrentamiento entre personas vinculadas al narcotráfico.
El ataque a la Brigada Antidrogas ocurrió en la madrugada del 9 de mayo, cuando un aparato explosivo fue detonado a metros de la puerta de esa dependencia policial, ubicada en la calle Delmira Agustini, en el Prado. Los atacantes llegaron al lugar sobre las 2.00 en un auto que aminoró la marcha; lanzaron una granada militar provocando daños en cinco vehículos que estaban estacionados en el lugar.
El fiscal Pérez investiga el vínculo entre el atentado y las amenazas que recibió la fiscal especializada en estupefacientes Mónica Ferrero horas después. Ferrero recibió un mensaje por Whatsapp en el que se advertía sobre un posible atentado en su contra.
“Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”, decía el mensaje.
Estaba firmado con las siglas PCU, que fueron utilizadas para marcar varios ladrillos de cocaína incautados por la Policía. Ferrero recibió el mensaje días después de haber trabajado en una investigación por la que se incautaron 400 kilos de cocaína en un camión que transportaba leña en Canelones y unos meses después que se conociera la incautación de 4,5 toneladas de cocaína en Hamburgo. Ferrero también había sido amenazada por el cártel brasileño PCC.
Hay 16 personas formalizadas en el marco de la causa que investiga el atentado a la Brigada Antidrogas, aunque hasta el momento ninguna fue asociada directamente al hecho. La mayoría fueron formalizados por delitos de tenencia y tráfico de armas, encubrimiento o asociación para delinquir, y sólo tres fueron enviados a prisión preventiva.