El fiscal de Corte, Jorge Díaz, definió el cierre de la Fiscalía de Toledo y agregar un nuevo turno en Pando como una forma de reducir gastos de funcionamiento, ante la situación deficitaria que vive la institución, que tiene sus ingresos congelados desde 2015.
Uno de los problemas de esta decisión es que al haber una sede judicial penal en Toledo, los fiscales de Pando que atiendan asuntos de la jurisdicción de Toledo deberán trasladarse para las audiencias. De todas formas, Díaz aclaró que la oficina de la Fiscalía continuará abierta para fines administrativos, lo que permite a los fiscales utilizar sus instalaciones cuando tengan que actuar en esa localidad canaria.
Para compensar la pérdida de la Fiscalía de Toledo y no sobrecargar los dos turnos de Pando, se creará un tercer turno en esa ciudad, y los casos de Toledo serán asignados a cualquiera de ellos. En los hechos, la jurisdicción de las fiscalías de Toledo y Pando alcanzaban toda la zona, por lo que el cambio no generará un incremento de los casos por turno.
Si bien en un principio Díaz había manejado la posibilidad de eliminar algunas unidades fiscales del interior del país, evaluó que esta dinámica de trabajo le permite, por el momento, mantener el resto de las unidades fiscales en funcionamiento.
Por otra parte, el fiscal de Corte definió la centralización de todas las fiscalías y unidades vinculadas a violencia de género, que dejarán de funcionar en la sede de la calle Cerrito y pasarán a la de la calle Uruguay. En principio, se trasladarán las siete fiscalías de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género, las tres fiscalías de Adolescentes y parte de la Unidad de Víctimas y Testigos, que de fusionó con la Unidad de Género.
Para concretar el cambio se reforzará la seguridad de la sede de la calle Uruguay y se habilitará la entrada de la calle Cuareim para garantizar que víctimas e imputados no deban compartir los espacios. Una de las interrogantes es cómo será la dinámica de trabajo con la Defensoría Pública: si el Poder Judicial va a disponer de recursos para que los defensores de oficio puedan permanecer en la calle Uruguay (lo que facilita el intercambio con el fiscal), o si tendrán que trasladarse desde su oficina en la calle Cerrito cada vez que sean convocados por la Fiscalía.
Los cambios fueron presentados ante las autoridades de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, quienes analizarán el impacto de estos cambios en el diseño de trabajo.
Otro de los temas tratados en la reunión fue el congelamiento de las compensaciones anunciado por Díaz como una forma de detener el déficit de la fiscalía, que alcanza a 52% en gastos de funcionamiento. Díaz afirmó que ese congelamiento no afectará a las compensaciones salariales de los fiscales adjuntos que se encuentren subrogando al titular.