El hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias fue condenado a seis meses de prisión efectiva por la amenaza contra la fiscal especializada en Estupefacientes Mónica Ferrero, realizada luego del ataque a la sede de la Brigada Antidrogas en el Prado.
Arias fue condenado por un delito de violencia privada y otro de tenencia no autorizada de municiones, según informaron a la diaria desde Fiscalía. El hombre, de 38 años, deberá cumplir dos meses de prisión efectiva porque se le descuenta la prisión preventiva que cumple desde setiembre en arresto domiciliario.
La condena es producto de un acuerdo abreviado entre el fiscal de Flagrancia de 5º Turno, Diego Pérez, y la defensa de Arias, el abogado Ignacio Durán. La fiscalía valoró positivamente el acuerdo alcanzado, considerando la calidad de la evidencia y el que se haya evitado llevar el caso a juicio, lo que también suponía la exposición de Ferrero.
Según determinaron las pericias, el texto del mensaje enviado por Whatsapp fue recibido desde Perú y luego reenviado a la fiscal Ferrero.
“Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”, decía el mensaje firmado con la sigla PCU, que también fue encontrada en varios ladrillos de cocaína.
Desde Fiscalía informaron a la diaria que Arias no reconoció haber sido el autor de la amenaza, pero sí haber facilitado el celular desde donde esta se hizo y haber compartido los datos móviles que fueron utilizados para enviar el mensaje. El celular que utilizó Arias ese día está registrado a nombre de su padre, pero Arias dijo que sólo lo utilizaba él.
En cuanto al vínculo entre Arias y la organización criminal PCU, las fuentes señalaron que se logró comprobar que el hijo del empresario es amigo de alguien que conoce al número dos de la organización, que se encuentra prófugo de la Justicia uruguaya.
La amenaza fue recibida el 10 de mayo, pocos días después de la incautación de 400 kilos de cocaína en un camión que transportaba leña en Canelones, y unos meses después de que se conociera la incautación de 4,5 toneladas de cocaína en Hamburgo, caso que aún está siendo investigado y por el que hay un solo formalizado.
La madrugada anterior al envío del mensaje, fue perpetrado el ataque a la sede de la Brigada Antidrogas, ubicada en la calle Delmira Agustini. Según registraron las cámaras de seguridad de la zona, un vehículo que circulaba por Delmira Agustini arrojó una granada militar a metros de la entrada de la dependencia policial, provocando daños a varios vehículos que estaban estacionados al frente del edificio.
Arias fue detenido junto a su padre en setiembre, en el marco de la causa que investiga ese atentado, por la que ya fueron formalizadas unas 20 personas luego de varios allanamientos en los barrios Reus y Cerrito de la Victoria. El padre del ahora condenado fue formalizado por el delito de tenencia no autorizada de armas y porte y tenencia de armas en lugares públicos. El contratista fue socio de Washington Bocha Risotto, acribillado de ocho balazos en enero de 2012, en Barrio Sur, en un hecho que fue investigado como un enfrentamiento entre personas vinculadas al narcotráfico.
El hijo del empresario había sido formalizado por un delito de tenencia de municiones sin autorización.
La investigación continuará en busca de profundizar el vínculo entre PCU y el atentado a la Brigada Antidrogas, dado que la mayoría de las personas que fueron formalizadas en el marco de esa causa están vinculadas a la misma organización.
PCU es un cártel relacionado con el tráfico de cocaína que hasta el momento ha sido detectado también en Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina y España.