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Lucía Topolansky (archivo, setiembre de 2020).

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El ministro de la SCJ Luis Tosi cesó en su cargo y oposición y oficialismo aceleran negociaciones para su sustitución

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La nueva integración podría cambiar la relación de fuerzas sobre el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad por parte de la SCJ.

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Leído por Abril Mederos.
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Al cumplir 70 años, el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Tosi, cesó este miércoles en su cargo y la Asamblea General deberá elegir su sustituto. En los próximos días, la SCJ enviará la lista de prelación con los diez ministros de tribunales de apelaciones más antiguos con sus respectivos currículum. Si en 90 días no hay un acuerdo político, quedará designado el ministro más antiguo. Otra posibilidad es que, para evitar que el cargo esté vacante durante ese tiempo, la Asamblea General designe al más antiguo antes del vencimiento del plazo, tal como ocurrió con el actual presidente de la SCJ, Tabaré Sosa.

Fuentes judiciales informaron a la diaria que la lista está encabezada por la ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° turno Ana María Maggi, pero al cumplir 70 años antes de que venzan los 90 días, queda descartada. La siguiente, y quien asumiría si no hay otra elección de la Asamblea General, es la ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1° turno, Doris Morales. Una de las ventajas de Morales es que al ser especializada en derecho laboral complementa la ausencia de Tosi, también experto en esa materia. Morales fue designada ministra de Tribunal de Apelaciones en 2003. Ingresó al Poder Judicial en 1989 como jueza letrada de Paysandú, en 1993 fue trasladada a Las Piedras y en 1995 ascendió al cargo de jueza letrada de Familia de Montevideo. En 1997, asumió como jueza de 14° turno hasta su designación como ministra.

En el tercer lugar hay tres integrantes de los tribunales con la misma antigüedad: la ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1° turno, Rosina Rossi, quien fue nombrada por la senadora Lucía Topolansky como una posibilidad que maneja el Frente Amplio; el magistrado del Tribunal de Apelaciones en lo penal de 2° turno José Balcaldi, y el juez del Tribunal de Apelaciones en lo penal de 4° turno Ángel Cal.

En diálogo con la diaria, el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés, quien lleva adelante las negociaciones por el oficialismo, dijo que se está avanzando en la conversación, en la que también está arriba de la mesa la designación de un nuevo fiscal de Corte. “Estamos tratando de lograr un acuerdo, pero aún no está cerrada la negociación”, señaló Penadés, quien no descartó que se termine optando por Morales.

Fuera de la lista de prelación, el nombre que suena con mayor insistencia es el de la ministra del Tribunal de Apelaciones de 1° turno, Graciela Gatti, quien también es considerada para la Fiscalía General de la Nación, aunque existe conformidad de oposición y oficialismo con la actuación de Juan Gómez.

La nueva integración de la SCJ podría cambiar la correlación de fuerzas sobre el rechazo al reconocimiento de la tipificación de crímenes de lesa humanidad y su imprescriptibilidad en casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Hasta ahora la posición mayoritaria la componían el presidente de la SCJ, la ministra Elena Martínez y Tosi.

Entre los dos ministros en materia penal que integran los primeros lugares de la lista, tanto la designación de Balcaldi como la de Cal mantendría la posición actual, según la jurisprudencia. La posibilidad de una nueva mayoría, con los votos de la ministra Bernadette Minvielle y el ministro John Pérez, podría llegar a través de Graciela Gatti, que integra el único tribunal de apelaciones en lo penal que mantiene una posición firme a favor del reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad, o por los otros miembros de la lista de prelación.

El artículo 236 de la Constitución establece que los ministros de la SCJ deben ser mayores de 40 años, tener ciudadanía natural o legal con diez años de ejercicio y 25 años de residencia en el país. Deben ser abogados con al menos diez años de antigüedad o jueces o fiscales con ocho años de ejercicio. Para su designación se requiere el apoyo de dos tercios de la Asamblea General. Los ministros de la SCJ se mantienen en el cargo por diez años, siempre que no alcancen la edad máxima de 70 años establecida en el artículo 250.

Consultado por la diaria, el presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Pablo Elizalde, dijo que para esta asociación es esencial que el sistema político defina un criterio de elección y luego “se haga cargo” de la designación. Además, agregó que, considerando la actualidad del Poder Judicial, es imprescindible que el nuevo ministro tenga “una visión estratégica de lo que debe ser la Justicia” y “que asuma su condición de gobernante” para ejercer contrapeso entre los diferentes poderes del Estado. Asimismo, señaló que es necesario que tenga vocación de diálogo tanto con los gremios de trabajadores que integran el Poder Judicial como con la sociedad. “Es necesario que, cuando sea presidente, opine en nombre del Poder Judicial”, añadió.

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