Un expolicía condenado por un delito de violación e imputado por otro delito sexual declaró el jueves ante la jueza Ana de Salterain y la fiscal adjunta de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, Mariela Suárez, en el caso que investiga el asesinato de Cecilia Fontana, madre del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, según informaron a la diaria fuentes judiciales.
El hombre fue convocado a la sede penal de 26° turno, luego de que los resultados de las pericias realizadas a los sobres en los que se envió el mensaje detectaran su huella dactilar. Fuentes que participaron de la audiencia señalaron a la diaria que el indagado incurrió en “varias contradicciones” y dio dos versiones distintas de su participación en los hechos en la misma declaración, que se extendió por varias horas.
Se trata de una persona que nunca había sido mencionada en la investigación, en la que la principal hipótesis es que el asesinato, ocurrido en setiembre de 1978, se concretó en el marco de un enfrentamiento entre los militares que respondían a Gregorio Álvarez, que buscaban evitar el fortalecimiento de los actores políticos para mantener a los militares en el poder, y los que respondían a Aparicio Méndez, que concebían algún tipo de apertura al diálogo político.
El 29 de agosto de 1978 los nacionalistas Luis Alberto Lacalle, Carlos Julio Pereyra y Mario Heber recibieron una botella de vino envenenado. “El jueves 31 al mediodía brindaremos por la patria en su nueva etapa. M.D.N”, decía la esquela con la que llegaron los vinos, que fueron enviados en forma anónima a la casa de Luis Alberto Lacalle, en Pocitos, sobre las 20.30, envueltos en un papel de embalaje azul y acompañados de un sobre con el nombre del destinatario y otro sobre con la esquela. El vino sólo fue ingerido por Cecilia Fontana, esposa de Heber, el mediodía del 5 de setiembre.
Los días previos a la entrega de los vinos, la dirección del Partido Nacional, que funcionaba sin autorización de la dictadura, había divulgado un comunicado llamando a retomar “los canales democráticos” y los tres destinatarios del vino envenenado habían mantenido un encuentro con autoridades del Congreso español.
Durante los años de investigación judicial se realizaron tres pericias caligráficas sobre las esquelas; una de ellas determinó que el texto había sido escrito por una exintegrante de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Las otras dos pericias fueron realizadas por el exdirector de la Escuela Nacional de Policía, Washington Curbelo, en 1978 y en 2010, y deslindaron la responsabilidad de la funcionaria. Tras conocerse el resultado de la tercera pericia, Heber cuestionó su legitimidad y apuntó a que existía un vínculo entre la mujer y Curbelo, quien fue relevado de su cargo cuando Heber asumió como ministro del Interior. Por otra parte, en las pericias realizadas a las botellas se encontró la huella del subcomisario Ricardo Zabala, que también integraba la DNII.
La jueza De Salterain espera la respuesta de un exhorto enviado a la CIA (Central Intelligence Agency) para saber si la agencia tiene más información sobre el asesinato de Fontana, dado que en octubre de 2007 el Departamento de Estado de Estados Unidos desclasificó 14 documentos de la CIA vinculados al caso, que permitieron avanzar en la hipótesis de la actuación de un sector de extrema derecha, dentro del Partido Nacional, que respondió a la contienda entre Álvarez y Méndez.
Concretamente, se investiga la participación de un integrante del sector nacionalista de extrema derecha, Azul y Blanco -quien habría comprado “fosdrín”, la sustancia con la que fueron contaminados los vinos-, y la actuación de integrantes inteligencia policial uruguaya que respondían a lineamientos dados por el gobierno de Estados Unidos a través de la embajada en Uruguay.
La desclasificación de los archivos se concretó luego de una negativa inicial por parte del gobierno de Estados Unidos ante una solicitud de la defensa de la familia Heber, que había reclamado el acceso a todos los documentos de la CIA sobre el caso.
“En respuesta a su solicitud, hemos realizado una exhaustiva búsqueda de registros y hemos ubicado material que entendemos que debe ser considerado como secreto y por lo tanto denegada la liberación de la totalidad del mismo”, señaló en su respuesta el coordinador de Información y Privacidad de la Agencia, Scott Kocj. La defensa de la familia Heber apeló en agosto de 2007 la resolución administrativa del organismo estadounidense y unos meses después logró el acceso a parte de los documentos vinculados al caso.