La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) denunció la falta de asistencia a denunciados y víctimas en los juzgados especializados en Familia y aseguran que no hay suficientes defensores públicos en materia de violencia doméstica, violencia de género, salud mental y niñez y adolescencia. A su vez, plantearon que se está violando las leyes nacionales y los tratados y convenciones internacionales incorporadas al ordenamiento jurídico nacional.
En un comunicado publicado este jueves, Adepu señaló que “no hay disponibles defensores públicos a los efectos de cumplir mínimamente con la asistencia letrada impuesta por la nueva normativa” y agregaron que a los denunciados se les imponen medidas limitativas de su libertad ambulatoria sin que medie una audiencia judicial. La notificación de las medidas se concreta por teléfono por parte de la Policía, sin asesoramiento de qué consecuencias tiene su incumplimiento.
“Muchas de estas personas son analfabetas o apenas terminaron la educación primaria”, señala el comunicado, que advierte que “el incumplimiento trae aparejado la formalización y prisión de la persona”.
“Esta realidad pone en jaque el eficaz acceso a la Justicia y vulnera los derechos de los justiciables más pobres, y por lo tanto el Estado de Derecho, siendo el Estado uruguayo responsable ante los organismos internacionales”, agrega el comunicado.
En diálogo con la diaria el presidente de Adepu, Joaquín Gamba, dijo que hay 12 defensores especializados en Familia para 12 juzgados y señaló que se necesitan al menos unos 25 defensores más para poder dar la asistencia que obliga la ley, tanto a denunciados como a víctimas y niños, niñas y adolescentes afectados.
“El Poder Legislativo sabe esto, lo hemos hecho saber cuando comparecimos por el Presupuesto y también lo sabe la Suprema Corte de Justicia. Se han hecho constantes reclamos y seguimos en la misma. Nuestros jerarcas y el sistema político lo saben bien”, señaló Gamba, quien destacó que los denunciados también desconocen el alcance de las medidas que se les comunican. “La persona no tiene conocimiento de cuánto tiempo va a estar sin ver al hijo, lo que es de una violencia institucional tremenda, además de estar violando los tratados internacionales, en cuanto a que todas las partes involucradas en un proceso tienen que contar con un defensor”, añadió Gamba.
“No hay nadie que defienda al denunciado ni nadie que le explique cómo sigue el trámite y qué son esas medidas. Esto genera una gran angustia e incertidumbre al no saber [el denunciado] la gravedad de lo que significa el incumplimiento. Se crearon cuatro juzgados especializados en Familia, sin defensores”, lamentó.
El presidente de Adepu destacó también la situación de las víctimas: si bien se les da prioridad en el acceso a un abogado, no siempre pueden contar con él. Además, agregó que cuando contactan a un abogado, las víctimas no tienen condiciones de privacidad adecuadas para tratar los hechos denunciados.
“La ley dice que el defensor se tiene que entrevistar privadamente con la víctima, pero eso nunca sucede, apenas pueden tener una comunicación en los pasillos llenos de gente, porque los defensores no tienen un escritorio para hablar con las víctimas, en casos que requieren confidencialidad”, advirtió Gamba.
Por otra parte, se refirió a la situación de los niños, niñas y adolescentes, que tampoco son asistidos, y aseguró que no se está cumpliendo con la ley de violencia basada en género, que en su artículo 46 establece el derecho del niño a dar su opinión en el proceso. “En estas situaciones de violencia, cuando hay niños involucrados se los tiene que escuchar, pero para eso se les tiene que asignar un defensor y muchas veces no hay”, expresó.
Este jueves, el semanario Búsqueda informó que según las estadísticas que llevan los defensores de oficio especializados en Familia, entre 80% y 90% de las resoluciones que se dictan podrían ser anuladas por indefensión de al menos una de las partes, y si bien la situación de indefensión es consignada por los jueces, la audiencia se realiza igual.
Fuentes de la Asociación de Magistrados del Uruguay dijeron a la diaria que el tema será puesto a consideración para tratar en la próxima asamblea de jueces. Si bien están al tanto de la saturación en el trabajo de los defensores de oficio, la realización de audiencias sin que alguna de las partes tenga abogado y su consecuente nulidad es un tema que aún no ha sido tratado.