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Acto en recuerdo a las Muchachas de Abril, en Mariano Soler y Ramón de Santiago (archivo, abril de 2016).

Foto: Javier Calvelo

Fiscal pidió procesamiento de Gavazzo, Rebollo y Klastornick por el caso de “las muchachas de abril”

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Según Perciballe hay elementos para sostener que los implicados son responsables del triple homicidio.

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El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió el procesamiento de los militares retirados José Gavazzo, Juan Rebollo y Eduardo Klastornick por la masacre de “las muchachas de abril” en 1974, informó el medio 25siete y consignó Montevideo Portal.

Según indicó el fiscal al portal “hay elementos de convicción suficientes para sostener que hubo un homicidio y que en ese homicidio las personas que fueron imputadas son responsables”, es decir Gavazzo, Rebollo y Klastornick. Perciballe pidió que los tres sean formalizados como coautores y detalló: “Las muertes fueron muy duras, con unas ráfagas de ametralladora brutales contra tres muchachas indefensas. No se sabe quién las ejecutó, no se sabe quién es el autor material. Ellos eran los responsables del operativo y como responsables del operativo responden como tales”.

La Justicia debe definirse sobre el pedido de procesamiento que se hizo en diciembre y también sobre las interposiciones de las defensas de los involucrados, ya que algunos de ellos presentaron una excepción de prescripción.

El 21 de abril de 1974, militares se dirigieron al barrio Brazo Oriental para buscar a Washington Barrios, militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. El comando de la dictadura derribó la puerta de su casa y con ametralladoras acribilló todo lo que encontró en su camino. Diana Maidanic, de 22 años; Laura Raggio, de 19, y Silvia Reyes, también de 19 –que estaba embarazada y era la esposa del militante que habían ido a buscar–, fueron asesinadas a sangre fría. Barrios no estaba en el lugar; más tarde ese año fue secuestrado en Córdoba y continúa desaparecido.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en julio del año pasado tratar la causa presentada por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), que planteó la responsabilidad del Estado y la falta de avances en la Justicia respecto al caso.

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