El fiscal especializado en Crimen Organizado Luis Pacheco solicitó nuevamente el archivo de la causa que investigó el programa de familias articuladas que puso en marcha la actual directora de la Secretaría de Cuidados y Discapacidad, Gabriela Bazzano, cuando era directora de la ONG Seamos.
Pacheco, que fue el fiscal que decidió archivar el expediente en 2017, retomó la causa después de que la fiscal Brenda Puppo le derivara una denuncia presentada por la Defensoría del Vecino sobre el hogar de Seamos, y una denuncia presentada por legisladoras del Frente Amplio (FA) que hacía referencia a la investigación que entre 2015 y 2017 llevó adelante el Juzgado de Crimen Organizado.
La denuncia de la Defensoría del Vecino presentaba el testimonio de una de las madres que viven en el hogar Seamos que, ante una visita de la Defensoría, contó que no podía ver a su hija.
Por su parte, las legisladoras del FA Sandra Lazo, Silvia Nane y Ana Olivera entendieron en la ampliación de la denuncia que Bazzano “violó de manera clara y evidente los estándares y buenas prácticas internacionales respecto del tratamiento de la discapacidad, negándoles a las personas involucradas cualquier atisbo de dignidad”, y consideran que cometió el delito previsto en el artículo 350 del Código Penal, que establece el abuso vinculado con la inferioridad psicológica de los menores y de las personas con discapacidad.
Además, para las legisladoras también debía “investigarse el alcance del asesoramiento brindado por los profesionales del derecho [a los padres con discapacidad] a los efectos de efectivizar las tenencias”. De acuerdo con la investigación de Crimen Organizado, era la propia Bazzano la que proveía a los padres de abogados para que los asesoraran. Las legisladoras consideran que eso podría implicar el delito de asistencia y consejo desleal previsto en el artículo 195 del Código Penal.
Según informó El Observador, después de un mes de haber pedido la reapertura de la causa, Pacheco presentó un escrito pidiendo nuevamente su archivo. Según confirmó a la diaria el fiscal, en su dictamen entiende que lo denunciado “eran los mismos hechos, y que si bien es discutible la validez del consentimiento”, en referencia a que los padres biológicos con discapacidad firmaron un contrato entre partes entregando la tenencia a los “padres articulados”, considera que “cualquier revisión de las tenencias debe ser planteada ante los juzgados y tribunales de Familia que autorizaron el régimen”.
En 2017, cuando solicitó el archivo de la investigación, su dictamen manejó un argumento similar: “Podría discutirse jurídicamente la validez del consentimiento de personas con discapacidades psiquiátricas para acordar un régimen de tenencia articulada como el que se instrumenta, pero ello es claramente resorte de las autoridades judiciales intervinientes en sede de Familia”.
Ahora la Justicia de Crimen Organizado tendrá 45 días para definir el futuro de la causa judicial. En paralelo, el hogar Seamos tiene otra denuncia en investigación en la Institución Nacional de Derechos Humanos, por omisión de asistencia a algunos de los jóvenes que viven allí.
La causa judicial comenzó en 2015, luego de que trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y del hospital Pereira Rossell denunciaran que una usuaria de Seamos se fue del hospital junto a su bebé acompañada por dos personas, sin el alta médica de la niña y con una vía colocada.