La ONG Seamos “violó de manera clara y evidente los estándares y buenas prácticas internacionales respecto del tratamiento de la discapacidad, negándoles a las personas involucradas cualquier atisbo de dignidad”, asegura una ampliación de la denuncia presentada el miércoles por las senadoras Sandra Lazo y Silvia Nane y la diputada Ana Olivera (todas del Frente Amplio), contra la organización que impulsó el programa “familias articuladas” cuando era dirigida por Gabriela Bazzano, actual directora de la Secretaría Nacional de Cuidados.

“Todo el accionar de la ONG se desarrolló incumpliendo de manera clara y contundente los más mínimos estándares internacionales de respeto a los derechos humanos”, afirmaron las legisladoras opositoras en la denuncia que fue presentada el miércoles. La denuncia original había sido presentada en 2015 por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y el hospital Pereira Rossell, y fue archivada dos años después por el fiscal Luis Pacheco.

En el documento se señala que la investigación que hizo en su momento Crimen Organizado –durante su proceso intervino el ahora presidente, Luis Lacalle Pou, en defensa de Bazzano– se archivó porque no se encontró evidencia de que existieran o no remuneraciones económicas a cambio de supuestas adopciones encubiertas, pero no se tomaron en cuenta otros aspectos, principalmente los vinculados al consentimiento.

En particular, las legisladoras consideran que Bazzano cometió el delito previsto en el artículo 350 del Código Penal, que establece el abuso vinculado con la inferioridad psicológica de los menores y de las personas con discapacidad. “El que abusando de las necesidades, de la inexperiencia o de las pasiones de un menor o del estado de enfermedad o deficiencia psíquica de una persona, para procurarse a sí mismo o a otro un provecho, le hiciere ejecutar un acto que importe cualquier efecto jurídico, en su perjuicio, o en perjuicio de un tercero, será castigado, no obstante la nulidad del acto, con nueve meses de prisión a cinco años de penitenciaría”, indica el mencionado artículo.

Para las legisladoras, también “debería investigarse el alcance del asesoramiento brindado por los profesionales del derecho [a los padres con discapacidad] a los efectos de efectivizar las tenencias”. De acuerdo con la investigación de Crimen Organizado, era la propia Bazzano la que proveía a los padres de abogados para que los asesoraran. Las legisladoras consideran que eso podría implicar el delito de asistencia y consejo desleal previsto en el artículo 195 del Código Penal.

En el documento, las legisladoras se refieren al programa “familias articuladas”, que consistió en la entrega de la tenencia de los hijos de personas con discapacidad a “padres articulados” que se hicieron cargo de su crianza. “Existía un trato de las personas con discapacidad contrario al reconocimiento de sus derechos”, indican, tras mencionar algunas de las declaraciones de Bazzano a la prensa y señalar que de sus dichos se desprende que las personas con discapacidad “no son merecedoras de la continuidad del cuidado” de sus hijos.

Las legisladoras consideran que los consentimientos de los padres para la entrega de la tenencia de sus hijos derivaron de un “abuso de poder” por parte de Bazzano: “El consentimiento de las personas en situación de discapacidad para separarlas de los hijos resulta viciado cuando no se les ofrecen alternativas reales”. Así, termina siendo “una separación forzada, porque no les dejaron alternativa [...] Este consentimiento no tiene nada de voluntario, ya que está fuertemente condicionado a la falta de apoyos necesarios y a la situación de dominación ejercida por la señora Bazzano”, señalan las legisladoras.

El vínculo entre Bazzano y las personas con discapacidad era “de suma dependencia”, afirman. Según la denuncia, ella proveía el cuidado de ellos y de sus hijos, a la vez que gestionaba la entrega de la tenencia, a lo que en algunos casos se sumaba un vínculo laboral con los padres –biológicos y articulados–. “Claramente estas personas se encontraban en una situación de dependencia que, por la vía de los hechos, viciaba cualquier tipo de consentimiento respecto de sus decisiones. Esa situación permitió que Bazzano dispusiera de los derechos de otros”, dice la denuncia.

Acumula causas

La actuación de Bazzano y el programa “familias articuladas” fueron cuestionados por decenas de organizaciones sociales que trabajan con personas con discapacidad, así como por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, de la que ella egresó.

A su vez, el martes Seamos fue denunciada por situaciones irregulares ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo por la médica Cecilia Barrandeguy y la especialista en equinoterapia María José Fasulo. Ambas piden allí “que se investigue la totalidad de las irregularidades que se denuncian sobre Seamos, que versan desde apropiación de dinero producto de las pensiones que reciben las personas discapacitadas allí tratadas, malos tratos, omisión de asistencia, abandono de personas, hasta apropiación indebida de menores”. Quien patrocina la causa es el abogado y ex diputado frenteamplista Daoiz Uriarte, que explicó a la diaria que resolvió ir a esa institución y no a la Fiscalía para explorar previamente si existen o no elementos como para hacer una denuncia penal. Quien sí tomo este camino fue la Defensoría del Vecino de Montevideo, en una causa que lleva adelante la fiscal de Flagrancia Brenda Puppo, generada tras el testimonio de una madre con esquizofrenia que denunció la “apropiación” de su hija.

A pesar de las críticas y denuncias en su contra, Bazzano recibió en varias ocasiones el respaldo de Pablo Bartol, titular del Ministerio de Desarrollo Social, en cuya órbita funcionan el Programa Nacional de Discapacidad y la Secretaría Nacional de Cuidados. La última fue esta semana, durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

“Lo que hemos visto nosotros es una persona llena de afecto que en su vida ha tratado de dar lo mejor de sí a las personas con discapacidad intelectual, y esa es la persona que estamos sosteniendo en el cargo”, sostuvo Bartol durante su comparecencia en ese cuerpo legislativo, y consideró que las decisiones adoptadas por Bazzano fueron “hechas dentro del contexto del afecto, del amor, de la entrega y del buscar una solución”.