El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º turno rechazó la decisión de primera instancia que consideró que el Poder Ejecutivo actuó con “ilegitimidad manifiesta” y “en forma evidentemente arbitraria” al procesar la recusación de Luis Lacalle Pou por prejuzgamiento en la investigación administrativa contra el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma por presuntas irregularidades en sus misiones oficiales en el período 2015-2020.
En la sentencia, a la que accedió la diaria, el tribunal sostiene que Toma no tuvo ningún impedimento para presentar pruebas sobre el eventual prejuzgamiento del presidente Lacalle y advirtió que el juez letrado de tercer turno en lo Contencioso Administrativo, Pablo Gandini, se equivocó al disponer la suspensión de la investigación administrativa sobre el tema de fondo, en tanto no se resuelva la recusación por el eventual prejuzgamiento del presidente, que se habría configurado, según Toma, por declaraciones a la prensa realizadas antes de iniciar la investigación.
La resolución señala que “si bien lo natural es que no se deba determinar una decisión de fondo sobre el sumario o procedimiento disciplinario sin decidir antes la recusación”, el artículo 3º del Decreto 500/991, que regula el procedimiento administrativo y disciplinario aplicable al funcionario público, establece que “la excusación del funcionario o su recusación por los interesados no produce suspensión del procedimiento ni implica la separación automática del funcionario interviniente”.
Además, sostiene que trasciende las competencias de la Justicia ordinaria ordenar al Ejecutivo que tramite un procedimiento administrativo “de la índole que fuere”, lo que calificó de “totalmente improcedente”, y advirtió que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo “el organismo constitucional y legalmente existente para entender en el control de legitimidad y de adecuación jurídica de los actos administrativos”.
Para defender la recusación, el exsecretario de Presidencia planteó la citación a declarar al actual secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; al actual prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y al abogado Gonzalo Chiribao, quien planteó el inicio del sumario.