En los cinco años comprendidos entre el 1° de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019, 70 personas murieron a manos de la Policía. Esos casos tuvieron un aumento drástico en los últimos años de ese período. De 2015 a 2019 se multiplicaron por 12. Si sólo se considera el último año de ese quinquenio, el incremento de esas muertes de 2018 a 2019 fue de 208%.
Durante 2015 tres personas murieron como consecuencia de la acción de la Policía, en 2016 los casos se multiplicaron por cuatro y llegaron a 12, en 2017 fueron seis y en 2018 el número volvió a aumentar a 12. En 2019, año electoral, esa cifra escaló y 37 personas murieron por la actuación de policías.
En la Policía estos hechos se consideran casos de “delincuentes abatidos por funcionarios policiales”. Se ingresan los casos bajo esta categoría y se asume la culpabilidad de las personas que murieron.
Luego de que un policía mata a otra persona, se debe investigar para determinar si actuó en cumplimiento de la ley, en un marco de legítima defensa. Si se confirma que lo hizo, estas muertes no son consideradas en las estadísticas de homicidios. Si la investigación determina que fue un homicidio, los policías que cometieron ese delito son formalizados y las muertes se agregan a las estadísticas de asesinatos.
En la mayoría de los casos, los policías no estaban de servicio
El estatuto del personal policial definido por la Ley Orgánica Policial (19.315) plantea la permanencia y la indivisibilidad de la función policial. Esto implica que un policía está obligado a actuar en cualquier momento y lugar ante un hecho delictivo.
Entre 2015 y 2019, la mayoría (51%) de los policías que mataron lo hicieron fuera de su horario de servicio. De los 70 casos, 36 ocurrieron mientras el policía estaba de franco. En 30 casos (43%), los policías estaban en servicio, es decir, en procedimientos policiales oficiales. En dos (3%), los policías mataron a alguien mientras estaban desarrollando tareas asociadas a un empleo privado. En un caso (1,5%) el policía estaba de licencia médica y en otro (1,5%), mientras gozaba de su licencia anual.
Más jóvenes y montevideanos
La Policía mata mayoritariamente a gente joven: 67% tenían menos de 25 años. Siete (10%) de las 70 personas muertas tenían menos de 18 años, 40 (57%) tenían entre 18 y 25 años, 19 (27%) tenían de 26 a 36 años. Sólo cuatro (6%) tenían 36 años o más.
A su vez, la Policía mata más en Montevideo: 76% de los casos ocurrieron en la capital, 53 de los 70 casos. De los restantes 17, 15 se registraron en el resto del país y dos (3%) en cárceles (una en Montevideo y otra en San José). Canelones concentra la mayor cantidad de casos del interior del país (16%). En ese departamento la Policía mató a 11 personas, en Maldonado a dos (3%), en Rivera a una (1,5%), así como en Tacuarembó (1,5%).
La Policía mató a dos personas en cárceles
Hubo dos casos de policías que mataron a personas encarceladas. Uno se registró en la Unidad 3 Libertad y otro en la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). Ambas personas murieron en 2018.
Carlos Núñez se desangró sin recibir asistencia después de que recibió un disparo en el pecho a corta distancia de un arma de munición “menos que letal” disparada por un policía, en octubre de 2018, mientras estaba preso en el Penal de Libertad. El policía que disparó fue formalizado por un delito de homicidio a título de dolo eventual, abuso de autoridad y omisión de asistencia. También fueron imputados otros dos policías que estuvieron involucrados.
Gonzalo Larrosa, director del Instituto Nacional de Rehabilitación en aquel entonces, fue cesado tras comprobarse que aportó información falsa acerca de este homicidio. El Ministerio del Interior informó que el hombre había fallecido “en una riña” entre personas privadas de libertad. Luego se comprobó que había sido asesinado por un disparo efectuado por un policía. En esta gestión, Larrosa asumió como director del Centro de Comando Unificado, cargo en el que estuvo ocho meses. En noviembre de 2020 asumió como jefe de Policía de Flores, cargo que desempeña en la actualidad.
Los policías matan más en las periferias
Las 53 muertes en manos de la Policía en Montevideo se distribuyen de forma heterogénea. La mayor cantidad de casos se registran en zonas periféricas.
En la jurisdicción de la Seccional 16ª, que comprende los barrios Ituzaingó, Jardines del Hipódromo, Flor de Maroñas y Maroñas, fue donde la Policía mató más personas. Hubo siete casos registrados en esta jurisdicción.
En Paso de la Arena y Pajas Blancas (Seccional 23ª) fueron seis las muertes, igual cifra que en el territorio correspondiente a la 17ª, que incluye a Casavalle, Las Acacias, Marconi y parte de Manga y Piedras Blancas.
Hubo cinco muertes a manos de policías en la jurisdicción de la Seccional 8ª, que comprende Sayago, Paso de las Duranas, Peñarol y Lavalleja.
En cinco seccionales se registraron tres muertes de este tipo: 12ª (Brazo Oriental, Aires Puros, 40 Semanas, Barrio Lavalleja, Parque Posadas y Cerrito), 13ª (Villa Española, Mercado Modelo, Jacinto Vera y Larrañaga), 15ª (Unión, Malvín Norte), 18ª (Punta de Rieles, Villa García, Barrio Capra, Puntas de Manga, parte de Manga y Piedras Blancas) y 24ª (Cerro, Casabó, Santa Catalina y La Paloma).
Varios barrios tuvieron dos casos: Prado, Capurro y Paso Molino (Seccional 7ª); Buceo y Malvín (11ª), y Nuevo París, Conciliación, La Teja y Belvedere (19ª).
En casi todas las seccionales de la zona sur de Montevideo se registró una muerte. Hubo casos en la Seccional 1ª (Ciudad Vieja), en la 2ª (Centro, Barrio Sur y Palermo), en la 3ª, que incluye la zona del Centro comprendida entre Andes, 18 de Julio, Fernández Crespo, Guatemala y la rambla, en la 4ª (La Comercial y Tres Cruces), en la 5ª (Cordón sur y Parque Rodó), en la 10ª (Pocitos) y en la 14ª (Punta Gorda y Carrasco). Fuera de la zona sur, se registró un caso en la jurisdicción de la Seccional 21ª, del barrio Colón.
Las únicas seccionales céntricas o de la zona sur que no registraron muertes fueron la 6ª (Aguada, Bella Vista, Arroyo Seco y Reducto) y la 9ª (Parque Batlle, La Blanqueada y Villa Dolores de Rivera hacia el norte). Tampoco hubo casos en la 25ª, que incluye Bañados de Carrasco y Bella Italia ni en Santiago Vázquez, Melilla y Lezica, en el Montevideo suburbano.
¿Manos atadas?
Si bien de 2015 a 2019 se multiplicaron por 12 las muertes anuales y, en pleno año electoral (2019), la Policía mató mucho más que en los años anteriores, eran varios los dirigentes del actual gobierno que durante la campaña afirmaban que “la Policía tiene las manos atadas”. Jorge Larrañaga, actual ministro del Interior, decía en sus giras barriales, algunas registradas por la diaria, que “la Policía está atada de pies y manos porque no puede pegar un palo ni sacar un arma, entonces no puede defender a la gente”.
Javier García, actual ministro de Defensa Nacional, afirmaba también, según publicó Crónicas, que “la Policía se encuentra atada de manos”. Guido Manini Ríos, ahora senador de Cabildo Abierto, sostuvo durante la campaña electoral, en una entrevista para su página web personal: “La Policía debe tener respaldo para actuar: hoy está de manos atadas”.
Luis Alberto Heber, actual ministro de Transporte y Obras Públicas, reclamaba en campaña, según publicó El Telégrafo, que cuando “la Policía actúa en la calle en defensa de la sociedad, si tiene que sacar su arma, se presuma que es en legítima defensa. Pero no es gatillo fácil, sino que la Policía pueda sacar el arma”. Decía que “ante esta situación, la Policía no sabe cómo actuar porque no está bien conducida”. Por eso sostenía que había que “cambiar el gobierno”.
Álvaro Garcé, director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, planteaba en el programa de radio No toquen nada: “Todos los sindicatos de la Policía dicen que tienen las manos atadas. Lo dicen los círculos policiales, los policías de a pie”.
Había dos personas que afirmaban lo contrario: Jorge Díaz, fiscal de Corte, y Eduardo Bonomi, exministro del Interior y actual senador. Compartían discurso: “La Policía no tiene las manos atadas”.
El cambio del Código del Proceso Penal generó también que los sindicatos policiales reaccionaran al respecto ya que entendían que la legítima defensa estaba en juego. En marzo de 2018 mantuvieron una reunión Díaz y el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom). Patricia Rodríguez, presidenta del Sifpom, dijo en ese entonces a Montevideo Portal que la reunión tuvo lugar para explicarle a Díaz “por qué nos sentimos atados de manos”.
Héctor Alaniz, vocero del Sifpom de Montevideo en esa época, dijo en Fuentes confiables, de la radio Universal, que “el policía está atado de patas y manos para poder actuar”. Sostuvo también que “se le busca al policía la quinta pata al gato”. Y agregó: “Somos apolíticos, pero los blancos habían presentado un proyecto de ley sobre presunta legítima defensa y para nosotros está impecable”.
Laura Cammarano, titular del Sindicato Único de Policías del Uruguay de Durazno, dijo al medio local El Acontecer que “es claro que el cumplimiento de la tarea requiere un accionar más libre”. Y agregó: “Nos encontramos con las manos atadas para combatir una delincuencia cada vez más hábil”.
En 2019, Washington Abdala, actual representante de Uruguay en la Organización de los Estados Americanos y exabogado de Sifpom, planteaba que “coincidía con el fiscal de Corte en que no se tienen las manos atadas”.
A la luz de las cifras oficiales se puede afirmar que a partir de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal los policías mataron más. Con o sin las “manos atadas”, la Policía mató 12 veces más de 2015 a 2019. Pasó de tres a 37 personas muertas.
Según informó el Ministerio del Interior, en su primer año de gestión, de marzo 2020 a marzo 2021, esa cifra se redujo considerablemente: la Policía mató a 21 personas.