El comisario mayor Jorge Solé dirige la Unidad 2 Anexo Libertad, chacra anexa del Penal de Libertad, con una población de 27 personas. Seis de las 45 fugas registradas de 2020 a 2021 fueron en esta cárcel. Solé tiene varios episodios de violencia en su historial, incluido uno de violencia de género en febrero de este año. Su hija lo denunció y la Policía concurrió a la vivienda en la que estaban en La Paloma, Rocha. Solé se negó a salir y se atrincheró; tras una negociación con los policías que fueron al lugar, salió.
Desde el Ministerio del Interior informaron que “luego del hecho se inició una investigación administrativa que todavía no finalizó”. Solé permanece en su cargo como director de la Unidad 2 Anexo Libertad. La chacra del Penal de Libertad fue una de las apuestas de esta gestión; allí se implementó un proyecto de plantación de papas que contó con varios apoyos; de hecho, la primera cosecha fue acompañada por una actividad pública en la que participó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
Fugas en la chacra Penal de Libertad
Este domingo en un informe de Santo y Seña en Canal 4 se presentaron varias presuntas irregularidades acerca de traslados a la Unidad 2 Anexo Libertad. Luego de esos traslados hubo seis fugas que no se informaron públicamente. Cuatro de las personas fugadas fueron recapturadas, uno de los hombres todavía está todavía prófugo y Emanuel Maximiliano Estevez Machado -líder de una banda narco y responsable de varios homicidios en el barrio 19 de abril- está muerto. Entre su fuga y su muerte, en febrero a raíz de un disparo de un sicario, fue parte de varios homicidios, desalojos y amenazas.
Uso de armas prohibidas en represión del Codicen
Solé fue uno de los policías de la Guardia Republicana que participaron en los incidentes en la puerta de la sede de la Administración Nacional de Educación Pública el 22 de setiembre de 2015. En los registros fílmicos se lo ve sobre una persona, golpeándolo con una vara telescópica.
Según del artículo 162 de la ley de procedimiento policial (Ley 18.315) hay armas que están prohibidas. Es decir, que la Policía no puede usarlas en ningún procedimiento. “Queda prohibido terminantemente el uso de cualquier otro tipo de arma contundente, como ser: cachiporras de metal (de las llamadas extensibles)”. Sin embargo, esta es el arma que se le ve a Solé usar. Eduardo Bonomi, ministro del Interior de la época, defendió en su momento el accionar policial. Por este hecho se llevó a cabo una investigación interna.
Solé en los incidentes del Codicen de 2015, reprimiendo con un arma prohibida por ley.
También fue denunciado por otro policía ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En su denuncia planteaba que utilizaba ese medio porque “existe en mí un miedo a represalias en mi Unidad (es conocida la actitud abusiva del jerarca que voy a nombrar en referencia al personal), para hacer llegar a usted mi malestar e incertidumbre”. En el motivo expresa que es “denunciar a uno de sus superiores que esgrimió una vara metálica extensible, prohibida por la reglamentación vigente”. Según el denunciante: “Es una de las causas por las cuales se produjeron heridas tan contundentes en los manifestantes”, además, aportó un video como prueba. A este caso se suman varias otras denuncias de policías a Solé por violencia, de manera oficial y extraoficial a lo largo de su carrera.
En su momento Brecha consignó el hecho y planteó que esta denuncia no se conocía cuando fue indagado judicialmente por primera vez por estos incidentes. En su declaración, describió el equipamiento que utilizó en el operativo y dijo: “Era básico de protección: casco y escudo. Y el chaleco de protección balística y el bastón policial. […] Se hizo el mínimo uso de la fuerza al no utilizar otros elementos”.
Tras conocerse la denuncia que otro policía le hizo, Solé fue nuevamente convocado y se desdijo. Asumió haber participado en las detenciones y que era el segundo oficial con mayor grado luego del máximo director de la unidad; en ese momento Robert Yroa era el director de la Guardia Republicana. Solé admitió varias veces que sabía que el arma que portaba y que usó para reprimir está prohibida. Consultado sobre por qué tenía un arma prohibida, respondió que “era lo único que tenía a mano”.
El semanario informó que cuando Solé fue a declarar por segunda vez ya había recibido una sanción administrativa que constó en diez días de arresto, lo que equivale a 18.000 pesos de sueldo.
Solé es relacionado con un motín en el que hubo dos muertes
En 2013 hubo un motín en el módulo 1 del Comcar y dos personas privadas de libertad fueron asesinadas. Según informó El Observador, los privados de libertad tomaron el módulo solicitando traslado, la Policía intervino y luego de la situación informaron el fallecimiento de Claudio Javier Techera Delgado, de 28 años, y de Javier Landaburo, de 40 años.
La investigación del hecho, comunicada en la página web de Presidencia, plantea que “la brigada de Traslados utilizó munición no letal dentro de la cárcel y munición letal, muros afuera. Las investigaciones establecerán si alguna de las balas utilizadas impactó a los reclusos fallecidos”. Solé fue acusado por otro policía de haber intervenido en esas muertes. Ambos homicidios quedaron sin aclarar.
En su momento, Bonomi había dicho que “todo hace suponer que no todos los disparos salieron al aire. De ese hecho tienen que haber salido los disparos que dieron muerte a Claudio Javier Techera y Alejandro Javier Landaburu”. La investigación administrativa que buscaba establecer la responsabilidad de cada involucrado se archivó con el cambio del Código del Proceso Penal.