La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trabaja en la sentencia de la causa que investiga la responsabilidad del Estado argentino en el secuestro de los hermanos Victoria y Anatole Julien. La resolución se espera para fines de este año.
Durante las dos jornadas de audiencia pública, realizada la semana pasada, la corte tomó declaración a los hermanos Julien, los representantes del Estado argentino, y recibió los alegatos finales de las víctimas y el Estado.
En su declaración ante la corte, Anatole recordó el papel del militar en situación de reforma José Nino Gavazzo: “Recuerdo una persona que jugaba con nosotros, que nos llevaba dulces. No tengo certeza de quién era, pero justamente en una conversación personal con la señora Pilar Nores Montedónico, a quien yo conocía como la tía Mónica, ella señaló que el comandante Gavazzo fue quien hizo el operativo en Argentina”.
“Al parecer, no tengo certeza de ello, quería adoptarme a mí, no a los dos. Probablemente mi hermana, si es que yo terminaba siendo adoptado, iba a terminar en otra familia en Uruguay o Argentina, como pasó con Amaral [García] y Mariana [Zaffaroni]”, agregó.
Por su parte, el fiscal a cargo de la unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, Pablo Parenti, cuestionó la actuación de la Justicia uruguaya, que rechazó el pedido de concretar una entrega temporal de los militares uruguayos para declarar en la causa que se investiga en Argentina.
“La respuesta fue 'no, porque ya se concedió la extradición'. Me cuesta entender la respuesta de Uruguay; no sé si es falta de voluntad o un error técnico en la respuesta”, afirmó.
La investigadora italiana Francesca Lessa, que participó como perita en la causa a pedido de la familia Julien, dijo a la diaria que entregó un informe sobre el Plan Cóndor en el que da contexto político sobre el secuestro.
“Los militantes políticos uruguayos que vivían en el exilio en Argentina fueron el objetivo principal de la coordinación represiva entre Uruguay y Argentina en 1976”, señaló, y resaltó que esta es la primera vez que la CIDH trata un caso de uruguayos exiliados en Argentina.
Lessa dijo que se trata de un caso “emblemático” del Plan Cóndor, “no sólo por el periplo que les tocó vivir a los hermanos, que fueron secuestrados en Argentina, llevados a Uruguay y abandonados en Chile, sino también porque es ilustrativo de un patrón más general de la coordinación represiva”.
Consultada sobre el nivel de coordinación en la decisión concreta de abandonar a los niños en Chile, Lessa respondió: “Es una de las muchas preguntas que quedan por aclarar y justamente la causa en Uruguay puede ser una oportunidad para hacerlo”.
La investigadora señaló que en ese punto el caso “se sale un poco de los patrones”, dado que “los otros casos de niños uruguayos que fueron robados quedaron en Argentina y fueron apropiados por las Fuerzas Armadas o de inteligencia”.
“Una de las hipótesis que se maneja es que Gavazzo quería apropiarse de Anatole, y que el hecho de que el niño fuera mayor, comparado con los otros niños, y tuviera recuerdos claros del operativo, llevó a los militares uruguayos, una vez que estaban en Montevideo, a cambiar su decisión y llevarlos a Chile”, agregó.
En esa línea, recalcó que “no está para nada claro” lo ocurrido entre que los niños fueron llevados a la sede del Servicio de Información y Defensa (SID) en Montevideo, en octubre de 1976, y cuando fueron abandonados en la plaza Bernardo O’Higgins de Valparaíso, a fines de diciembre de ese año.
Lessa destacó que los testimonios de la audiencia “nos demuestran claramente el impacto que las violaciones a los DDHH sigue teniendo en las víctimas directas, pero también en la sociedad, que quiere saber cómo dos niños tuvieron un periplo de esta naturaleza”.
“A mí me golpeó mucho la entereza de Anatole y Victoria, que por tantos años intentaron buscar verdad y justicia por sus padres; han intentado todos los caminos posibles”, agregó.
En Uruguay la causa que investiga el secuestro de los hermanos Julien, ocurrido en la provincia de Buenos Aires el 26 de setiembre de 1976, está pendiente de resolución por parte de la jueza penal de 26º turno, Ana de Salterain, quien en noviembre recibió la declaración de Gavazzo, quien dijo desconocer el caso.
En febrero de 2019 el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió el procesamiento con prisión de Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Pajarito Silveira y Ricardo Turco Arab por dos delitos de privación de libertad, en concurrencia fuera de la reiteración, con dos delitos de supresión de estado civil y dos delitos de abandono de niños.