La jueza penal de 33º turno, Beatriz Larrieu, prorrogó por tres meses las medidas cautelares impuestas a los imputados en la causa que investiga explotación sexual de adolescentes, conocida como Operación Océano.
En la resolución, a la que accedió la diaria la jueza señaló que las únicas medidas cautelares que mantienen vigencia desde el inicio de la causa son aquellas cuya finalidad es proteger el acceso a la Justicia en condiciones adecuadas de las víctimas y definió el levantamiento de las medidas respecto de los testigos de la causa.
Para Larrieu, el acceso a la Justicia de las víctimas se cumplirá cuando se concreten las declaraciones anticipadas, por lo que otorgó la prórroga por 90 días y no por 180 como había pedido la fiscal especializada en Delitos Sexuales de 5º turno, Darviña Viera.
Larrieu cuestionó parte de los argumentos planteados por Viera para pedir la prórroga de las medidas cautelares considerando que “toda medida restrictiva” del derecho a esperar el juicio en libertad “deben ser justificadas por razones procesales tales como riesgo de fuga, entorpecimiento de la investigación, riesgo para la víctima o la sociedad”.
La jueza sostuvo que la fiscal Viera “se limitó a reiterar las razones ya esgrimidas en audiencias sin especificar claramente cuál es el riesgo concreto respecto de cada imputado” y señaló que si bien la Fiscalía planteó que los imputados “son personas que cuentan con facilidades extraordinarias para abandonar el país”, sólo pidió el cierre de fronteras para uno de ellos.
“El fundamento esgrimido respecto de todos los imputados no ha sido justificado ni aun mínimamente, la Fiscalía no proporcionó información alguna a esta jueza respecto de la situación económica alegada”, agrega la resolución judicial.
Por otra parte, indicó que los imputados comparecieron cuando fueron convocados por la sede en el año que lleva la investigación, y “ninguno ha pretendido salir del país sin autorización, y aquellos que lo han solicitado en legal forma, la Fiscalía no se opuso y los imputados retornaron al país en la fecha establecida”.
Si bien para definiciones de este tipo habitualmente se convoca a audiencia, la jueza dispuso que las contestaciones se tramitaran por escrito, incluyendo el caso del imputado que está bajo arresto domiciliario con dispositivo electrónico a quien en una primera instancia se convocó a audiencia, pero luego, a pedido del abogado, se aceptó su contestación por escrito.