La jueza penal de 34° turno, Marcela Vargas, condenó al abogado Fabrizio Bacigalupo por el delito continuado de difamación a nueve meses de prisión, que cumplirá en régimen de libertad a prueba, debiendo fijar domicilio y presentarse una vez por semana a la seccional 11ª. Además, Bacigalupo deberá realizar dos horas semanales de tareas comunitarias durante cuatro meses y no podrá acercarse a la víctima en un radio de 500 metros ni comunicarse con ella.
La condena fue el resultado de un acuerdo abreviado entre el fiscal de Flagrancia de 13° turno, Rodrigo Morosoli, y Bacigalupo, quien admitió su responsabilidad en el delito que se le atribuye.
El caso comenzó el 14 de abril de 2019 cuando Bacigalupo, utilizando diferentes cuentas en redes sociales, acusó al experto en TIC Enrique Amestoy de haber integrado el Movimiento de Liberación Nacional, haber participado en los enfrentamientos con militares el 14 de abril de 1972 -cuando Amestoy tenía dos años- y haber recibido una indemnización de 120.000 dólares como víctima de terrorismo de Estado.
La acusación ocurrió tras una discusión entre ambos por la publicación de información falsa por parte de Bacigalupo. Amestoy hizo la denuncia pero Bacigalupo continuó con los insultos y calificó a Amestoy de “nazi” y “ciberterrorista”, lo que provocó la ampliación de la denuncia y que el caso se reactivara.
Como acto reparatorio, Bacigalupo deberá retractarse de sus dichos contra el denunciante en los mismos canales por los que cometió el delito de difamación: Twitter, Facebook e Instagram. La retractación deberá hacerse en los próximos tres días y permanecer publicada en redes sociales durante todo el tiempo de la condena, debiendo arrobar al damnificado, lo que será “la única excepción de contacto” con la víctima.
Bacigalupo también está siendo investigado por la Fiscalía de Flagrancia de 3° turno, a cargo de Silvia Pérez, por una denuncia realizada por 16 mujeres por acoso en redes. Le atribuyen la presunta comisión de delitos de incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas; comisión de actos de odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas; injurias, difamación y distintas formas de violencia de género.
Entre las denunciantes están las legisladoras Silvia Nane, Bettiana Díaz y Verónica Mato, la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Mirtha Guianze, las periodistas Carolina García, Denisse Legrand y Ana Laura Pérez, la dirigente del Sindicato Médico del Uruguay Zaida Arteta, la abogada Alicia Deus, la abogada y militante del Partido Colorado Mariella Demarco, la directora de Comunicación de la Intendencia de Montevideo Ana de Rogatis y la militante del Partido Nacional Lorena Massanet.