La jueza de Familia de 27° turno, María Elena Emmenengger, definirá el miércoles si accede al pedido realizado por la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) contra el decreto que flexibilizó las normas para el empaquetado de tabaco.
En la audiencia de este viernes los representantes del Poder Ejecutivo y los denunciantes presentaron sus alegatos y declararon tres testigos por parte de la SUT, dos médicos y un sociólogo especializados en la temática. Presidencia no presentó testigos.
Para los demandantes, el decreto contraviene la normativa vigente contra el tabaquismo y vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes, dispuestos en el literal E del artículo 15 del Código de la Niñez y Adolescencia, que establece que el Estado tiene la obligación de proteger a niños, niñas y adolescentes, específicamente del “estímulo al consumo de tabaco, alcohol, inhalantes y drogas”. Además, sostienen que va en contra del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. En Uruguay mueren 6.500 personas por año como consecuencia de enfermedades vinculadas al consumo de tabaco.
Una de las abogadas denunciantes, María José Veiga, dijo a la diaria que la SUT plantea que el decreto que reglamenta la Ley 19.723 deja en absoluta discrecionalidad a las tabacaleras y va en contra de lo buscado en la ley. “No es una flexibilización, esto es desnaturalizar una política que generó suficiente evidencia de su éxito en Uruguay y en otras partes del mundo”, expresó.
Uno de los testigos de los denunciantes, el representante del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET) Diego Rodríguez, dijo a la diaria que durante la audiencia la jueza consultó sobre los efectos de las estrategias de marketing en la salud y particularmente los resultados de las políticas de prevención del tabaquismo en los jóvenes, en quienes se constató una reducción del consumo de 10% (entre 2009 y 2017).
El Decreto 282/22 aprobado por el presidente Luis Lacalle Pou vuelve a permitir el empaquetado de cigarrillos en cajas blandas y permite a las empresas incluir colores, logos o inscripciones bajo las marcas.
El decreto, además de modificar el Decreto 120/19, reglamentario de la Ley 19.723, contraviene lo establecido en el artículo 1 de la ley, que dispone que el “empaquetado, etiquetado y diseño neutro o genérico de todos los productos de tabaco y la uniformidad de los envases de cada tipo de producto, con el objetivo de reducir el atractivo del producto para el consumidor”.
Además de la acción de amparo ante la Justicia, la SUT presentó un recurso administrativo para revocar el decreto, que está siendo analizado en el Ejecutivo.