Los denunciantes en la causa que investiga irregularidades en la concesión de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo a Terminal Cuenca del Plata presentaron el martes ante la Fiscalía de Delitos Complejos de 3er turno una ampliación de la denuncia realizada en setiembre de 2021.
En la denuncia aportan nueva evidencia contra los investigados y piden la formalización del presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, por un delito de abuso de funciones.
En el escrito, al que accedió la diaria, los senadores frenteamplistas buscan fortalecer la posición de la Fiscalía en varios de los puntos que se vienen investigando en la causa, entre ellos, el asesoramiento por parte del presidente de la ANP al Poder Ejecutivo para avalar el acuerdo con la empresa belga sin que pasara por la consideración del directorio.
El primer elemento mencionado en la denuncia es la existencia de un informe jurídico de la ANP de setiembre de 2019, que defiende la legitimidad de la competencia en la terminal especializada, en el marco del anterior reglamento de operaciones portuarias y la Ley de Puertos.
Según los denunciantes, Curbelo ocultó ese informe a los senadores de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, al responder un pedido de acceso a la información pública elevado por los legisladores.
“Este dictamen, que reiteraba y reforzaba la posición que ya había sostenido la Asesoría Jurídica de la ANP en 2016, en el sentido de que TCP no goza de derechos exclusivos, era conocido por el Dr. Juan Curbelo, puesto que fue elevado al Directorio de la ANP en la época en que él mismo integraba en carácter de director vocal”, señala la ampliación de la denuncia.
“Resulta ineludible que la Fiscalía proceda a la inmediata formalización inicial del Dr. Curbelo por el delito de abuso innominado de funciones no previstos especialmente por la ley”, sostiene el escrito.
También plantean que el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, ocultaron ante la Fiscalía y el Parlamento sus antecedentes como asesores de la ANP.
Según la documentación presentada por los legisladores frenteamplistas, Olaizola asesoró a la oposición en el directorio de la ANP en 2010, mientras que Ferrés lo hizo en 2015 y en 2017.
“De haberse conocido estas vinculaciones, en la oportunidad de declarar como indagados se les podría haber consultado cómo permitieron que durante tantos años se incumpliera la preferencia o exclusividad que ahora le reconocieron al grupo Katoen Natie”, apunta el escrito.
Además, denunciaron el hecho de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), cuando respondió el exhorto de la Fiscalía para expedirse sobre el caso, entregó sólo el informe en mayoría, apartando el informe de la representante de la oposición en la Jutep, que advertía varias irregularidades en el proceso y estimó en 2.000 millones de dólares los daños provocados al Estado por la firma del acuerdo.
La investigación por fraude contra Heber y Ferrés
Para los denunciantes, la conducta de Luis Alberto Heber, quien se desempeñaba como ministro de Transporte cuando se firmó el acuerdo, se enmarca en el delito de fraude, al haber cometido “falsedades destinadas a engañar acerca del real contenido del acuerdo que suscribió en representación del Estado uruguayo”.
Entre los puntos marcados por los denunciantes para considerar la tipificación se mencionan “reuniones secretas y confidenciales con la empresa concesionaria por más de un año, ausencia de un proceso licitatorio, ausencia de informes previos que sustentaran la decisión (...), falta de los informes preceptivos de la ANP al Poder Ejecutivo y el conocimiento que Heber tenía de dicho requisito (...), y dilación de la comparecencia ante el Poder Legislativo hasta tanto no se culminara con el dictado de los decretos emergentes de las obligaciones asumidas por el Estado”.
En cuanto a Ferrés, los denunciantes señalan que omitió declarar su calidad de exasesor de la ANP, y cuestionan la forma en la que fue incorporado el artículo 332 de la ley de Presupuesto Nacional en busca de darle un marco legal al acuerdo con la empresa belga.
También sostiene que los responsables del acuerdo incurrieron en un delito de falsificación ideológica, al considerar que se presentaron como parte del cumplimiento del asesoramiento por parte del directorio opiniones requeridas y emitidas después de la firma del acuerdo.
“Heber y los demás denunciados actuaron con dolo, ignorando deliberadamente solicitar opinión a las asesorías jurídicas de todas las instancias estatales intervinientes, lo que les habría permitido proceder favoreciendo ilícitamente a la concesionaria e intencionadamente en perjuicio de los intereses públicos”, sostiene el escrito.