El informe de la fiscal sumariante Lucía Salvia concluyó que el fiscal especializado en Delitos Sexuales de 4° turno, Raúl Iglesias, “incurrió en faltas administrativas leves, graves y muy graves” y es pasible de ser sancionado, según informó El Observador y confirmó la diaria.
La fiscal sumariante culminó así la investigación administrativa iniciada por la Fiscalía General de la Nación, a raíz de las 299 causas archivadas en las primeras tres semanas de su desempeño en la fiscalía y de una denuncia realizada por la defensa de la víctima del caso que investiga la violación grupal en Cordón.
En el informe, al que accedió la diaria, Salvia ratificó lo planteado en el primer informe del proceso administrativo, en el que determinó que Iglesias incumplió sus obligaciones como fiscal en varias aspectos. Al haber hecho pública parte de la información reservada del caso, violó lo establecido en el literal H del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Fiscalía (19.483), que establece la obligación de los fiscales de “desempeñar éticamente sus funciones con prontitud, diligencia y responsabilidad”.
Otro punto señalado por la sumariante es el incumplimiento del literal C del artículo 7 de la Ley 19.580, que establece que las víctimas mujeres de delitos de violencia basada en género tienen derecho a “recibir información clara, accesible, completa, veraz, oportuna, adecuada a la edad y contexto sociocultural, en relación a sus derechos”; el literal D del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, sobre protección a las víctimas; el artículo 15, que establece que los fiscales no podrán apartarse de las instrucciones generales recibidas; el literal G del artículo 61, que establece obligaciones en casos reservados, y los literales B, H y P del artículo 67, que consideran faltas graves comprometer “el decoro del cargo”, la violación de la reserva de un caso y el incumplimiento de las instrucciones generales.
La investigación administrativa fue iniciada a raíz de una denuncia realizada por el abogado Raúl Williman, abogado de la víctima en la causa que investiga un caso de violación grupal en Cordón. En esa denuncia Williman advierte que el fiscal reveló aspectos del proceso en la prensa y que estaba incumpliendo con sus obligaciones para con la denunciante.
En el marco del proceso administrativo se realizó un careo entre Williman y el fiscal Iglesias, en el que el abogado dijo que tras la difusión de información del caso el 13 de mayo y, particularmente, el anuncio por parte de Iglesias -sin haberlo hablado con la víctima- de que pediría arresto domiciliario para los imputados que estaban cumpliendo prisión preventiva pidió una reunión con el fiscal, con la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía y con el fiscal de Corte, por considerar que la situación implicaba aspectos institucionales.
Si bien en un principio le fijaron una reunión para el 17 de mayo, luego esta fue cancelada y le informaron desde Fiscalía que Iglesias se comunicaría con él. Iglesias dijo que no estaba al tanto de esa reunión y afirmó que el 15 de mayo el fiscal de Corte, Juan Gómez, lo convocó a una reunión, que consideró como violatoria de su independencia técnica. “Lo que me dice es que hay una presión desde el gobierno, desde la sociedad, para que haya mano dura en los casos en los que estoy trabajando, como el de la violación en el Cordón”, afirmó Iglesias ante la fiscal sumariante.
Iglesias, que admitió no haber informado a la víctima y su defensa sobre su disposición a pedir el cese de la prisión preventiva, coincidió con Williman en que hubo un mal manejo de la información en la medida en que en una entrevista en el programa La pecera se sugirió que la víctima podría ser imputada por haber un menor involucrado en los hechos investigados.
Williman cuestionó la reacción de Iglesias ante ese planteo en el que se manejó que vincularse con un menor puede ser un delito per se. “El análisis del periodista fue totalmente errado y no cabía analizar la responsabilidad penal de la víctima. No me acuerdo la devolución, fue jocosa [...] no recuerdo exacto de memoria la respuesta, pero no afirmó categóricamente que no correspondía”, advirtió el abogado.
Williman dijo que el problema no fue con la sustitución de la medida, sino con la forma en la que se enteró de ella y que le hubiera gustado reunirse con el fiscal antes de que comenzara a hablar con la prensa.
Ahora el informe de la sumariante será remitido al fiscal de Corte, quien también recibirá los descargos de Iglesias y con ello tomará una resolución y considerará eventuales sanciones a imponer. El artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía establece sanciones graduales en función de la entidad de las faltas cometidas, que van desde amonestaciones, suspensiones en el ejercicio del cargo, pérdida del derecho al ascenso, descenso de categoría, hasta la destitución.