El crimen organizado se nutre de las debilidades del Estado y de los particulares para lavar dinero. Uruguay es una plaza financiera apetecible desde hace más de 50 años. Sin embargo, los juicios por lavado de activos son un puñado y las condenas, casi improbables. ¿Por qué no hacer un operativo de saturación contra el lavado en vez de en Casabó? ¿Falta personal especializado en investigar lavado de activos? ¿Una nueva fiscalía especializada cambiará algo? ¿Qué le falta a la legislación contra la corrupción en Uruguay? ¿Los jóvenes que mueren y matan en la periferia quieren ser Pablo Escobar o reafirmar su masculinidad?
Esas son algunas de las preguntas que Jorge Díaz, exfiscal de Corte y exjuez de Crimen Organizado, y Gabriel Tenenbaum, sociólogo, investigador y docente de la Udelar, respondieron este lunes 14 en el marco de una actividad del Día del Futuro.
¿Qué lugar ocupa actualmente Uruguay en el esquema regional de crimen organizado?
Jorge Díaz: Cuando empecé como juez en la década del 90, Uruguay estaba en la prehistoria de la lucha contra el lavado. De la Convención de Viena de 1988, se avanzó mucho desde 2004 para acá. Tenemos dificultades serias; para no hablar sólo de drogas, podríamos hablar de delitos informáticos, protección de la propiedad intelectual, corrupción.
Gabriel Tenenbaum: Hay un montón de delitos de cuello blanco. Pero tenemos una desigualdad en la distribución de la vigilancia, las penas y sus duraciones en función de los tipos de delito, y eso debe interpelar a los creadores de las normas. Es una política que no significa tirar una sola bala, es una política no violenta, al menos a priori. Pero no se hace, al menos de la manera que uno esperaría. Podemos encontrarnos con que se genera un gran operativo de saturación donde todas las fuerzas de seguridad pública toman un barrio entero, pero con todos esos recursos también se podría hacer un gran operativo de saturación de lavado de dinero, y, sin embargo, no se hace.
¿Ven, por ejemplo, en la Policía, incluso en los militares que están controlando la frontera y por tanto se están haciendo ya cargo del control del tráfico, actores de peso en este mercado ilícito?
Jorge Díaz: Hay investigaciones que terminaron con imputaciones a una ministra de un Tribunal de Apelaciones [Anabella Damasco] por quedarse con dinero incautado de un expediente de drogas. Los servicios son permeables porque hay muchísimo dinero en juego y evidentemente hay filtraciones. Lo respondo con sentencia de condena en mano. Además, si bien es cierto que tenemos una legislación antilavado razonablemente buena en términos y estándares internacionales que puede ser mejor, tenemos una legislación razonablemente espantosa en materia de corrupción. No cumplimos con los estándares OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] mínimos de lo mínimo. Estamos en el subsuelo de los estándares en materia de corrupción. Tenemos que empezar a sincerarnos. El gerente de un banco del interior me dijo que no me daba la información de una cuenta porque estaba amparado por el secreto bancario y que iba a consultar a su jurídica a ver si le autorizaba o no. Terminó preso en el calabozo y ahí dio la información. Pero a muchos colegas le decían eso y no le daban información. O sea, en este país el secreto bancario era más protegido que un secreto de Estado.
Gabriel Tenenbaum: El mercado de las drogas ilegales, y cualquier mercado ilícito, necesita actores en lugares clave de la legalidad. La experiencia internacional está plagada de casos. Los servicios de un país son puente de mercancía, en este caso de drogas ilegales, como pasa con el puerto. O sea, necesitás a alguien que transporte, una empresa, un despachante de aduana, un montón de actores legales involucrados en las organizaciones. Es un fenómeno elusivo por definición. Necesitás generar herramientas para captarlo y detectarlo. Tenemos algunas herramientas normativas, pero si no las echás a andar, perdés. Y también faltan otras; en temas de lavado sería importante contar con una ley de financiamiento de partidos políticos.
Hay algunas situaciones recientes que reflejan cambios en el aparato productivo uruguayo. Por ejemplo, en el caso de Sebastián Marset fue bastante novedoso el nexo con inversiones ganaderas, y están los casos de los productores sojeros Gastón Murialdo y Martín Mutio. ¿Están pasando cosas en el aparato productivo? ¿Hay algo novedoso ahí?
Jorge Díaz: Un aspecto novedoso es la utilización de sectores de la economía, como esos casos en Soriano y algunos más. El narcotráfico detecta a empresarios con dificultades económicas y los tienta con ganancias muy importantes, con la posibilidad de obtenerlas en una o dos operaciones. Después nunca son una o dos, porque quedan enganchados. Y utilizan la estructura, por ejemplo, de la exportación de contenedores con productos orgánicos que son bastante adecuados para camuflar cargamentos, básicamente de cocaína. Y hay algo de lo que se habla poco: la compraventa de los derechos federativos de los jugadores de fútbol. Hay investigaciones claras, concretas y terminantes respecto de que en la compraventa de los derechos federativos de muchos jugadores había plata del narcotráfico.
Gabriel Tenenbaum: Las grandes organizaciones latinoamericanas están muy apegadas a la tierra, al interior de su provincia o de su estado. Cuando el Cártel de Juárez estuvo en Uruguay compró terrenos en Lavalleja, además del chalet en Punta del Este de [Danil] Arbilla. Cuando estuvo la familia Cifuentes Villa, vinculada a los Uribe Vélez, el expresidente colombiano y su hermano, hubo todo un vínculo con un uruguayo que compró campo para desarrollar un emprendimiento embrionario de Angus. La ligazón con el campo es muy importante. Por otra parte, no conozco investigaciones que analicen con profundidad el vínculo entre el lavado de dinero y la construcción de grandes ciudades balneario. El desarrollo de Miami está muy vinculado al lavado de dinero, sobre todo del tráfico de drogas de cubanos viviendo en Miami. Pero de Punta del Este sabemos muy poco. Se habla de grandes capitales, de la “plata dulce” argentina que durante los 60 y 70 ayudó a desarrollar la ciudad, pero todavía falta profundizar. En general, sabemos muy poco sobre cómo el lavado impacta a nivel productivo. Sería bueno generar investigaciones y hacer mediciones.
Hablar en América Latina de “ajuste de cuentas” es sinónimo de impunidad. Ese delito no se investiga y muchas veces no se conocen las causas, más allá de la versión que pueda manejar la Policía. ¿Esas disputas por el mercado explican toda la violencia en algunos barrios de Montevideo, con índices de homicidios epidémicos?
Jorge Díaz: Tenés dos Montevideos. Uno de Avenida Italia al sur, donde la tasa de homicidio anda en cuatro o cinco homicidios cada 100.000 habitantes, pero en algunos barrios del oeste de Montevideo y en la zona de Casavalle llegamos a 23, 24 cada 100.000. Una tasa superior a algunas de las ciudades latinoamericanas más emblemáticas en términos de violencia. En Uruguay tenemos un gran problema respecto de la fiabilidad de los números. A partir del 13 de marzo de 2020 los números de las denuncias por delitos se clavaron de pico. En ese momento yo todavía era discal general y claramente había una línea que venía ascendente, pero con la pandemia bajó mucho, como en todos los países. Hoy estamos en números peores que en la prepandemia. ¿Por qué digo “confiabilidad de los números”? Primero, porque hay investigaciones periodísticas que demuestran claramente que hay algunos números, en algunos departamentos, que se están manipulando. Pero además hay un dato de la realidad. Recuerdo al senador colorado Pedro Bordadaberry hablar del homicidio como el “delito testigo” porque no se puede ocultar al muerto. Para mí es inexplicable que crezcan los homicidios y bajen los demás delitos, sobre todo los violentos, como la rapiña. No me consta que haya órdenes políticas desde el ministerio de que eso se haga, pero sí hay datos concretos de que en algunos lugares pasa. Uruguay es un país que está más violento y con una resolución del conflicto más violenta. El conflicto en el fútbol, en la calle, en el tránsito, madres que agreden a una maestra. Vivimos en una sociedad más violenta y la violencia en esos barrios no digo que necesariamente esté asociada a esto, pero es un dato de la realidad no sólo la muerte, sino cómo mueren.
¿Por qué quedan tantos delitos impunes?
Jorge Díaz: Son delitos más difíciles de investigar. Hay dificultades propias del tipo de crimen, de los lugares donde se cometen. También hay dificultades de los investigadores, son mucho más difíciles de probar. Pero se han probado y se han obtenido resultados. Tenés todas las herramientas jurídicas posibles dentro de un Estado democrático: el colaborador, el agente encubierto, la entrega vigilada, vigilancia electrónica. Lo que falta es una especialización. Porque claramente 50% de los homicidios queda impune.
Gabriel Tenenbaum: Ese tipo puntual de crimen representa más de 50% de los homicidios. De ahí, la importancia de estudiar el tema. El fenómeno es sumamente territorial. En Casabó estuvimos haciendo trabajo etnográfico en la calle Etiopía entre la 13 y la 17. Ahí hubo un montón de homicidios de adolescentes entre 2015 y 2019. Casi 85% de esos homicidios eran de adolescentes que vivían a menos de un kilómetro de donde murieron. Es el lugar donde vivís, donde hacés tu negocio, tus intercambios simbólicos y económicos, donde te relacionás y donde finalmente morís. Mueren varones jóvenes a manos, en la mayoría de los casos, de otros varones jóvenes.
Involucrarse en actividades de riesgo es un bien valorado entre pares. Porque empiezan a ser reconocidos como machos y no como “el cuerdita” o “el perrito”, como les suelen decir. Estas poblaciones no encuentran caminos normativos institucionales para integrarse socialmente. Ser joven es buscar un lugar, delimitar tu identidad, pensar qué se quiere ser. Sus tránsitos son muy difíciles en la escuela, el liceo. Ser un adulto vinculado con el trabajo, tener una familia, una pareja y sustentarla, brindar cuidados materiales. Son asuntos que calan en los jóvenes y que muchas veces no saben cómo resolver. Si unís esto con la masculinidad encontramos una bomba de tiempo.
La formación de grupos criminales, como el Primer Comando Capital, está asociada al paria, al preso, al golpeado, al aislado, al segregado que empieza a unirse para enfrentarse a los guardias y que después siente que forma parte de algo, de una organización. Siente que pertenece a algo importante, respetado, temido. Reproducir la masculinidad hegemónica les da respeto, dignidad, ciertos logros simbólicos muy importantes en la integración social, hay un reclamo y exigencia de integración social. Es un tema absolutamente cultural, no tiene que ver con el negocio, el crimen, las estructuras, los proveedores. Opera otro tipo de dimensión, aprovechada. Es una población cautiva para las organizaciones criminales, una población descartable que continuamente está ahí para caer. No tiene que ver con ser Pablo Escobar, obviamente operan cuestiones culturales aspiracionales. Pero estas cosas parecen más interesantes. Porque permiten un lugar para trabajar y transformar, para prevenir, no tiene nada que ver con el “ministerialismo”.
¿Cuál es el papel que juegan, en el esquema de plaza financiera flexible, las profesiones liberales, o sea abogados, contadores y escribanos?
Jorge Díaz: El Estado tiene mucho que pensar, porque traslada el control a los privados, que se quejaron mucho y con razón. El Estado también tiene que asegurar que los mecanismos competitivos en la venta de servicios y de bienes al Estado sean efectivamente competitivos y que seleccionen aquellas empresas para prevenir corrupción pública. Pero nos conformamos con la inscripción en el RUPE [Registro Único de Proveedores del Estado] o nos llenamos la boca con el Tribunal de Cuentas. Tiene siete salarios de ministros, no sé cuántos secretarios, no sé cuántos choferes para controlar la legalidad del gasto. Lo que controla es la compra de 50 lapiceras. ¿Es el control que queremos, realmente?
Un organismo con la jerarquía de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con las competencias que tiene, más ahora que le dieron competencias para investigar, no puede estar en Presidencia. Parece que el director no se enteró de que hay un CPP [Código del Proceso Penal] vigente. ¿Investigará a un organismo que está en Presidencia de la República? Es medio raro. Lo mismo la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central, no tiene mucho sentido que el organismo regulador del sistema financiero tenga esa tarea. En materia del papel cumplimos, perfecto. En los hechos hemos avanzado muchísimo, pero falta un montón. No quiero hablar de corrupción porque estamos en los estándares del subsuelo del cumplimiento. En cibercrimen estamos a años luz. Lo vemos hoy, son los delitos con mayor dañosidad. Los delitos tradicionales como la estafa a través de internet son estafas millonarias. Y los bancos quieren arreglarlo con una campañita diciendo: “No le dé su contraseña a nadie”. Y se llevan miles y miles y miles de dólares y quedan impunes porque eso es crimen transnacional organizado. Pero no hablamos de eso porque es más fácil hablar de drogas o de Cachito o del otro. Tenemos que hacer un ejercicio de sinceramiento. Si a esto le sumás que un cambio de gobierno o de ministro cambia todo y perdés la capacidad adquirida durante años, no lo vas a solucionar con una fiscalía especializada. Porque no tenés información, porque tampoco tenés reportes de operaciones sospechosas [ROS], no tenés con qué trabajar. Además, la Fiscalía de Lavado separa claramente la investigación del lavado del delito precedente. Algo que no aconseja nadie a nivel internacional, lo que aconsejan es lo contrario. Ojalá esté equivocado, pero no veo a la Fiscalía Especializada [en Lavado de Activos] como un avance.
El problema es mucho más profundo que una fiscalía. No tenemos policía especializada en investigar lavados de activos, los pocos policías especializados que tenemos los mandamos de segundo jefe en la zona tal y de directores de investigaciones en el interior. Y pusimos otros nuevos, que capaz son muy buenos, pero no tienen la experiencia ni la formación. Lleva tiempo formar investigaciones en lavado.
Lo atamos con alambre durante un período trayendo uno de la DGI [Dirección General Impositiva], otro del Banco Central. Pero era gente prestada, eran funcionarios con mucha vocación, con mucha garra, pero prestados. Estaban un ratito y tampoco querían quedarse para no perder su carrera en el organismo al que pertenecían. Hoy, para llevar a un lavador a juicio oral, tienen que declarar los expertos en juicio oral. El primer problema que tuvimos en un caso grande en Fiscalía fue que los expertos no querían declarar porque estaban acostumbrados a firmar un informe, entregarlo, olvidarse y que nadie sepa quién era.
Así como al privado le sale plata tener una estructura, al Estado le va a salir plata si efectivamente quiere investigar. De lo contrario, lo atamos con alambre, entonces los resultados no van a ser los esperados.
Gabriel Tenenbaum: Esta figura de quien asiste o colabora directamente, a veces intencional, otras no, para legitimar la renta criminal es una figura necesaria en el esquema, no hay vuelta. En el libro [Los protectores del capital] intenté mostrar cómo se va construyendo esta jurisdicción uruguaya como una plaza financiera atractiva para el capital internacional. Y lo que se ve es una conexión entre profesiones liberales que crean la norma, gobiernan y al mismo tiempo echan a andar la maquinaria. Algunos autores dirían que estamos frente a una élite del poder económico, financiero y político. Todos trabajan, no lo digo para generar paranoia, pero rápidamente uno puede darse cuenta cómo determinados actores participan en distintas posiciones. Es un hueso muy duro de roer, es estructura muy dura y difícil de desandar.
¿Tenemos menos controles que antes? ¿En este último tiempo hemos bajado la guardia?
Jorge Díaz: Los primeros cultores del fetichismo normativo son los legisladores, creen que los problemas se arreglan aprobando leyes. Los dirigentes políticos creen que tienen una idea y se tiene que transformar en ley. La realidad es bastante más porfiada que las leyes. La ley es nada más que un instrumento bueno o malo, y si es malo seguramente va a dar malos resultados. Hay indicadores que son claros y marcan la sensación de que se aflojó las cinchas en algunos aspectos, como la disminución del número de ROS. No creo que per se el aumento de los ROS implique que el sistema está mejor, porque hay mucho ROS basura, ROS “Pacu”, para cubrirse. Los casos de lavado que tenemos generalmente son de fuente externa o la información viene desde el exterior. No hay casos de lavado de fuente nacional. Es decir que el sistema de radar de control no está funcionando porque no podemos decir que no se está lavando. Sería muy idílico pensar que, como no hay casos, es porque no hay lavado.