La jueza liquidadora de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, Baloísa Marquínez, dispuso el sobreseimiento provisorio de la contadora uruguaya Maya Cikurel en la causa que investiga la red de lavado de dinero a través de la constructora brasileña Odebrecht, según informaron a la diaria fuentes judiciales panameñas.
La magistrada no dio lugar al pedido del abogado de Cikurel, el exministro de la Suprema Corte de Justicia panameña Jerónimo Mejía, quien había pedido el sobreseimiento definitivo de la contadora por entender que en el marco jurídico panameño no está tipificada su conducta.
En su alegato, el abogado precisó que la contadora “fue víctima del grupo Odebrecht”, para el que trabajó, entre 2008 y 2010, como socia del estudio de contadores MVD Group. Otro aspecto central en el que fundamentó el pedido de sobreseimiento definitivo fue que Cikurel fue investigada en la Justicia uruguaya por los mismos hechos, en referencia al archivo de la causa por parte del fiscal especializado en Crimen Organizado Luis Pacheco, quien consideró que la contadora no tenía elementos para prever la actividad ilícita de Odebrecht y que los servicios fueron prestados antes del inicio de la investigación internacional.
Sin embargo, la jueza determinó que no correspondía un sobreseimiento definitivo, que produce excepción de “cosa juzgada”, y otorgó un sobreseimiento provisional, que mantiene a Cikurel susceptible de ser convocada por la Justicia panameña en la medida en que aparezcan nuevas evidencias en su contra.
Cikurel fue detenida, en febrero de 2020, por Interpol cuando intentaba cruzar a Buenos Aires junto a su pareja, Pablo da Silveira, quien asumió días después al frente del Ministerio de Educación y Cultura. Tras su detención, la Fiscalía panameña pidió la extradición de Cikurel, que fue rechazada, en junio de 2020, por la jueza de Crimen Organizado María Helena Maynard, quien consideró que la autoridad competente para reclamar a la ciudadana uruguaya es el Poder Judicial panameño y no la Fiscalía.
Pese a no haber sido extraditada, la Justicia continuó con el proceso, dado que el sistema inquisitivo en que se llevó la causa habilita el juzgamiento en ausencia.
Por otra parte, Marquínez determinó que los uruguayos Andrés Betingo Sanguinetti y Juan Francisco Mutio fueran enviados a juicio por un delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.
Durante la audiencia preliminar, la Fiscalía señaló a Sanguinetti como partícipe del sistema de coimas que utilizaba la banca de Andorra, mientras que Juan Francisco Mutio fue identificado como beneficiario de cuentas que eran parte de la red de lavado de dinero que montó la constructora brasileña.