El primer día de noviembre, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, asistió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para dar cuenta de la situación del sistema penitenciario en Uruguay y exponer no sólo cifras, sino también perspectivas respecto de cómo subsanar lo que calificó -según las actas- de “mucho más complicado que una emergencia”, porque no es algo que implica una aparición súbita, sino que “atraviesa las administraciones” de gobierno.
Durante su comparecencia, Petit señaló que se está ante un grave problema de hacinamiento en la cárceles uruguayas, y dijo tener datos distintos a los señalados por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en cuanto a cárceles de hombres, aunque sí coinciden en lo registrado respecto de cárceles de mujeres: en el caso de los centros de reclusión masculinos, la densidad de población es de 132%, mientras que en los femeninos, de 150%.
Asimismo, luego de registrar un récord de muertes en cárceles durante 2021, entre enero y noviembre de este año se han registrado 35 muertes en prisión, de las cuales 23 fueron de forma violenta, divididas entre homicidios, suicidios y accidentes; otras 11 responden a enfermedades, mientras que de un caso no hay datos fehacientes.
Petit señaló además la dificultad para acceder a la carpeta judicial cuando se denuncia una muerte en cárceles, puesto que, según explicó a la diaria, “solamente pueden acceder las partes autorizadas por el Código del Proceso Penal, que no somos nosotros”, y adelantó que se está trabajando en un “proyecto de ley” para modificar esto.
Modificaciones necesarias
Durante la comisión, Petit contó que instó al Poder Ejecutivo a cumplir con el artículo 87 de la ley de urgente consideración (LUC), que obliga al INR a diseñar y establecer una Estrategia Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario, algo que no ha tenido avances.
Consultado al respecto, Petit remarcó que fue un artículo “votado por todos los partidos” y “consensuado” que además “no tiene costo” extra, pero que implica “trabajar interinstitucionalmente, buscar acuerdos y tratar de encontrar mecanismos en los cuales haya convergencia de actores” para generar conocimiento y “políticas” que encaminen una reforma del sistema penitenciario.
Si bien ha sido un artículo votado por unanimidad, es cierto que la LUC fue tachada de “punitivista”, y en el “Compromiso por el país”, que aunó propuestas de los partidos que integran la coalición, se hablaba de la creación de una cárcel de máxima seguridad. Para Petit estos son temas que van por carriles distintos, aunque entendió que “a menos respuestas comunitarias, más respuestas de inhabilitación o de prisión, y a más respuestas comunitarias, baja la cantidad de personas privadas de libertad”.
“Los aspectos procesales y penales o el grado de punitividad que se pueda tener tienen que ver también con esa inhabilitación que tienen las penas más largas o menos posibilidades liberatorias”, agregó, y para eso se debe ver “qué respuestas comunitarias existen”.
“Me refiero a atención en salud mental, adicciones, primera infancia, creación de trabajo, políticas sociales caso a caso”, y analizar “cómo se pueden mejorar las medidas alternativas, cómo se puede mejorar el trabajo en rehabilitación y, por supuesto, lo que es el modelo penitenciario del INR”, algo que implicará, según Petit, “un espacio de discusión amplio”, porque de lo contrario “vamos a estar hablando de esto mismo dentro de muchos años”.
Partidas presupuestales
Si bien “no todo es presupuesto, y es verdad que hay mucha cosa que se puede hacer, por ejemplo, mejorar el trabajo en salud mental”, con tan sólo aplicar “leyes que ya existen, como está haciendo el Mides [Ministerio de Desarrollo Social] desde que absorbió la Dirección Nacional del Liberado” y que no implica “recursos nuevos”, por otro lado “si hay 20% más de población [carcelaria], tiene que haber 20% más de recursos para alimentación, gastos de funcionamiento, colchones, todo lo que requiere el funcionamiento de un lugar donde vive gente”.
Esto “no pasó en la Rendición de Cuentas”, entendió Petit. “Hay que seguir trabajando en eso y buscar alternativas a través de los refuerzos de rubros, y para eso es muy importante tener un proyecto y mostrar que esto beneficia a toda la sociedad”, explicó.
“Tener cárceles reeducativas, limpias, ordenadas, con muchas oportunidades, no es un premio a haber transgredido, como puede criticar alguna gente”, sino que el Estado “hace una inversión estratégica” en quienes “tienen un cúmulo de problemas sociales y requieren una inversión estratégica diferencial, aunque sea temporal”; algo que para Petit “no es un tema [que se limite a lo] penitenciario”, sino que “baja la reincidencia, baja la violencia en toda la sociedad, y nos hace bien a todos”.