El juez penal de 38° turno, Alejandro Astegiante, condenó al ciudadano ruso Roman Karpov a 19 meses de prisión a cumplir en régimen de libertad a prueba, tras un acuerdo abreviado alcanzado entre la fiscalía y el imputado. En la audiencia realizada este martes, la Fiscalía presentó el documento acordado con Karpov y su defensa, por el que el ruso admitió ser el responsable de un delito de uso de documento falso y suposición de estado civil.
Karpov deberá fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la seccional más cercana y realizar cuatro horas semanales de tareas comunitarias durante un mes.
En la audiencia, la fiscal adscripta de 12 turno, Gloria Nicolini, relató los hechos admitidos por Karpov, en los que se basó la tipificación de los delitos por los que fue condenado.
Según expresó, el ciudadano ruso es propietario de una empresa constructora y un cliente que le debía 40.000 euros le ofreció como forma de pago el acceso a un pasaporte uruguayo, que le permitiría acceder a la visa para ingresar a Europa y Estados Unidos.
En San Petersburgo, el cliente de Karpov lo contactó con un persona que se presentó como un abogado ruso, quien le mostró cientos de casos en los que supuestamente rusos habían obtenido el pasaporte uruguayo, y le planteó que el costo de la maniobra era de entre 80.000 y 100.000 euros. Karpov planteó que él sólo condonaría la deuda, lo que fue aceptado por el abogado.
Unos meses después, en noviembre de 2019, al no tener noticias de su pasaporte, Karpov contactó al abogado ruso, quien le dijo que el contacto en la embajada uruguaya había sido trasladado, por lo que para culminar el trámite debía viajar a Uruguay. A Karpov se le entregó la documentación adulterada, que consistía en partidas de nacimiento originales con los datos falsos.
Cuando llegó a Uruguay se contactó con Sofía Bumburova y su madre, Ana, que acompañaron a Karpov a la oficina de la Dirección Nacional de Identificación Civil, donde detectaron la irregularidad en la documentación.
Karpov fue imputado el 23 de setiembre, tres días antes de la detención de Alejandro Astesiano, por los mismos delitos por los que fue condenado.
La investigación continuará con foco en la cancillería
La fiscal Gabriela Fossati continuará la investigación enfocada en los funcionarios de la embajada uruguaya en Rusia. Hasta el momento, el único funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores imputado por la causa, es el excónsul Stefano Di Conza (2013-2018), quien según la teoría de la fiscalía, es a quien acudía el jurista ruso que contactó a Karpov.
Según informó El Observador, los próximos en ser citados serán los diplomáticos Gustavo Piegas y Fructuoso Pittaluga, mientras que fuentes allegadas al caso señalaron a la diaria que la Fiscalía intentará avanzar en las responsabilidades de otros funcionarios, que fueron mencionados por alguno de los imputados o trabajaron en la embajada uruguaya en Rusia, entre ellos los exembajadores Aníbal Cabral y Enrique Delgado y el diplomático, Cesar Freitas, quien se desempeñó en la embajada entre 2014 y 2019.
Durante la audiencia de formalización de Di Conza, Fossati reconoció que no tenía evidencia de que el excónsul hubiera recibido dinero por los documentos adulterados que firmó, aunque subrayó que los imputados señalaron a Di Conza.
“Aún en el mejor de los casos, benefició a terceros por no tomarse la molestia de cumplir con su trabajo. Si no fuera por esa vinculación económica que le atribuyen los imputados, solamente él sabrá por qué realizó estos actos”, sostuvo la fiscal.
La investigación avanzó sobre los motivos por los que se buscaba el pasaporte uruguayo, entre los que se destaca el acceso a Estados Unidos y la Unión Europea. “Esa hipótesis de trabajo fue confirmada por la encargada de seguridad de la embajada de Estados Unidos en Uruguay que efectivamente de un número importante que se le envió de ciudadanos a los que se le dio la documentación, sí tramitaron la visa para el ingreso a Estados Unidos”, sostuvo la fiscal.
Fossati desestimó la investigación administrativa que está realizando Cancillería sobre el caso al señalar que buscará “eliminar toda posibilidad de alcanzar una asignación de responsabilidad porque hay otras personas que están en la misma institución que también pueden verse comprendidas”.
“Es una investigación muy delicada porque eventualmente pueden quedar en una situación delicada algunas instituciones que no realizaban los controles [...] No se puede descartar que estas prácticas se hicieran en otros consulados por otros compañeros de trabajo de igual cargo que Di Conza”, agregó.