El fiscal de Corte, Juan Gómez, se refirió este lunes al allanamiento a la radio Azul FM y al pedido de incautación del celular del periodista Ignacio Álvarez, conductor del programa de esa emisora La pecera, que está siendo investigado por la divulgación de material íntimo con contenido sexual sin consentimiento de una mujer que denunció una violación grupal. El fiscal de Corte informó que no se va incautar el celular de Álvarez ni se va a allanar su domicilio, a pedido expreso de la fiscal Mariana Alfaro, quien lleva adelante la investigación.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) emitió el viernes un comunicado en el que cuestionaba la medida judicial y solicitó una reunión con Gómez, que se concretó este lunes. Luego del encuentro, el fiscal de Corte dijo que “una sociedad que no está informada no es una sociedad libre”, por lo que quiso “efectuar una serie de precisiones de todos estos hechos”. Según pudo saber la diaria, el viernes se presentó en la radio un representante de Fiscalía junto con un funcionario policial. Solicitaron que hubiera algún representante de la dirección de la radio para mayores garantías y pidieron acceso exclusivamente a los programas de La pecera.
“La Fiscalía General de la Nación es garante absoluto y pleno de la libertad de expresión de todos los periodistas en Uruguay. No tengan ningún tipo de dudas sobre eso”, dijo Gómez, e indicó que “acá, por distintas razones que vamos a ir desgranando, a veces se confunde lo que está en juego”. Fue enfático: “Les puedo asegurar y garantizar que de forma alguna está en peligro la libertad de expresión y de pensamiento de comunicadores de nuestros medios de prensa”.
Gómez afirmó que “la Constitución de la República garantiza la libre emisión de pensamientos y la difusión de medios de comunicación” y “señala que, como todo derecho, puede tener su limitación cuando la ley así lo dispone”. “En casos como este, es consecuencia de una limitación establecida por ley que está precisamente consagrada en otros derechos que también tienen la protección constitucional, como es el derecho a la intimidad y a la libertad sexual”.
El fiscal de Corte hizo referencia al hecho que motivó la denuncia de oficio, que definió como “responsabilidad exclusiva de quien habla”. En este sentido, dijo que “era importante para nuestra sociedad investigar si había un hecho de apariencia delictiva que mereciera la intervención de Fiscalía y de la Justicia uruguaya”, y así fue que “se adoptaron una serie de medidas”.
Gómez afirmó que los fiscales “tienen la más absoluta independencia técnica; salvo casos particulares en concreto, no reciben ni deben recibir indicaciones de cómo obrar en tal o cual caso”. En ese sentido, dijo que la fiscal Alfaro “comienza una investigación en pleno ejercicio de sus obligaciones ante la ley, investigación que contó, en cuanto a las medidas adoptadas, con el aval de la Justicia, que no es un hecho menor”, señaló.
Volvió sobre la independencia técnica para mencionar que “un fiscal no debe poner en conocimiento de un fiscal de Corte cuáles son las medidas que solicitó o va a solicitar en los casos que diariamente se investigan en nuestro país”. “No debe, y estaría muy mal que el fiscal de Corte estuviera supervisando a los fiscales, porque tenemos la máxima confianza con los fiscales”, reiteró.
Sobre el allanamiento en concreto, dijo que “las medidas solicitadas por la fiscal Alfaro fueron formalmente ajustadas a derecho”. “Fueron presentadas al juez competente, que fue en definitiva el que las autorizó”, afirmó. Sin embargo, aseguró que “no se cumplió ninguna de las medidas autorizadas”. “Lo único que se obtuvo en lo que se llamó ‘el allanamiento de la emisora de radio’ fueron los audios de dos programas periodísticos entregados por la emisora sin otra dificultad”. “No se cumplió la orden de allanar el domicilio ni de incautar el celular” de Álvarez, dijo Gómez, y, “por expresa resolución de la fiscal Alfaro, no se va a cumplir”.
De todas formas, la orden de allanamiento se emitió, hecho al que se refirió: “Me dirán: se solicitaron las medidas. Les contesto: sí, así fue”. Gómez puntualizó que la “comunicación” que recibió este lunes por parte de la fiscal Alfaro “es que su mente estaba en la investigación de un delito, de un hecho con apariencia delictiva, y no se consideró el hecho de que todos los periodistas tienen reserva de la fuente”. “Esto me lleva a afirmar que esta medida no se cumplió y no se va a cumplir, y que no hay ninguna razón, a esta altura de los acontecimientos, para que ningún periodista pueda estar sujeto a la incautación de su instrumento de trabajo como es el aparato celular”, complementó.
Gómez indicó que “el origen de esta investigación es que la persona investigada [Ignacio Álvarez] dijo que poseía otros audios y videos que eran de interés para la investigación de origen”, que es la violación grupal de una mujer. También leyó el artículo 92 de la Ley 19.580, de violencia basada en género contra la mujeres, que configura el delito que se está investigando: “El que difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría”.
“Era eso lo que se estaba investigando, en una investigación de naturaleza penal, y de ninguna manera se estaba vulnerando el derecho a preservar las fuentes, derecho consagrado a nivel nacional e internacional”, afirmó el fiscal de Corte.
Finalmente, Gómez trajo al centro el derecho de las víctimas: “A este fiscal de Corte le preocupan los derechos de todas las personas, también de las víctimas, por eso pregunto: ¿Hemos hecho el esfuerzo de ponernos en el lugar de la víctima? ¿Hemos considerado el daño emocional, psíquico y otros daños que sufre una persona ante este tipo de delitos? Por eso, [tengan] la máxima certeza de que este fiscal, mientras esté al frente de la Fiscalía General de la Nación, tiene puntos de los que no se va a apartar en ningún caso, como es la defensa de las víctimas”.
APU pedirá reunión con el presidente de la SCJ
El secretario de Prensa, Propaganda y Relaciones Internacionales de APU, Luis Curbelo, dijo a la diaria que el fiscal de Corte les transmitió su compromiso con la libertad de expresión y que el procedimiento había sido innecesario para los objetivos que se perseguían en la investigación. “Gómez nos repitió enfáticamente que este tipo de procedimientos no se va a volver a aplicar en ningún caso que involucre algún tipo de investigación periodística”, señaló Curbelo.
El periodista valoró como “muy positiva” la reunión y señaló que “el procedimiento no se llegó a cumplir en su totalidad porque apenas copiaron los audios en un pendrive, no hubo ningún otro registro ni ningún otro allanamiento”.
Según informó, en las próximas horas pedirán una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, para conversar sobre lo ocurrido. “Nuestra inquietud tiene que ver con el procedimiento pedido por la Fiscalía y avalado por la Justicia, porque acá hubo una fiscal que hizo un pedido de allanamiento y una jueza que lo avaló, quiere decir que el Poder Judicial también está involucrado en esto”, advirtió.
Consultado sobre la investigación que lleva adelante la Fiscalía y el debate generado en torno a la libertad de expresión, Curbelo recordó que APU ya se pronunció sobre el tema: “Hicimos un comunicado público junto con la Comisión de Género en el que hablamos precisamente de cuestiones éticas, que para nosotros es un tema fundamental. El procedimiento que usó Álvarez para dar a conocer esta información para nosotros es incorrecto desde el punto de vista ético”.
Curbelo dijo también que pueden “coincidir” con la Justicia en cuanto a que la conducta de Álvarez también es violatoria de la ley, pero subrayó que para el sindicato el aspecto que más le interesa es que “la información pudo haber llegado a la ciudadanía sin necesidad de emitir los audios y sin hacer referencia específica a cosas que podían afectar a la víctima y, de hecho, la afectan”.
Otras repercusiones ante el pedido de allanamiento
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, y su par de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, cuestionaron el pedido de allanamiento por parte de la Fiscalía. García dijo a Telemundo que el procedimiento se ubicó en una ”muy fina línea, donde están en juego la libertad de prensa, la libertad de expresión y también el derecho al trabajo. Estas libertades son derechos humanos, pilares de la vida en democracia”. En su cuenta de Twitter, Mieres calificó los hechos de “muy graves” y sostuvo que afectan la libertad de expresión.