El programa La pecera de Azul FM, conducido por Ignacio Álvarez, divulgó material con contenido íntimo de la mujer que denunció haber sido sometida a una violación grupal. Cuatro varones fueron emplazados por este caso, que llevan adelante la fiscal Sylvia Lovesio, al frente de la Fiscalía de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 4º turno, y el fiscal Ricardo Chiecchi, de la Fiscalía de Adolescentes, porque uno de los emplazados tiene menos de 18 años.
En consecuencia, el fiscal de Corte, Juan Gómez, ordenó de oficio el inicio de una investigación penal por la presunta vulneración del artículo 92 de la Ley 19.580, de violencia basada en género contra las mujeres, que establece la imposibilidad de divulgar contenido íntimo de orden sexual sin el consentimiento de las personas involucradas. También por la vulneración del artículo 259.6 del Código del Proceso Penal, que impide la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar esa reserva.
Martín Frustaci, abogado defensor de los emplazados por la denuncia de violación grupal, dijo a El País que “no hubo una violación” y que “fue una relación consensuada”. También afirmó que los audios son de la situación que luego fue denunciada. Para el abogado, estos audios difundidos sin consentimiento “sustentan” lo que plantean sus defendidos.
Frustaci también defendió a los tres jóvenes que fueron acusados de violación en un camping de Valizas y resultaron absueltos. Además, es uno de los abogados de los acusados en la Operación Océano, la investigación penal de un caso de explotación sexual de menores más grande de la historia en el país.
Según planteó, vivió “lo mismo que en el caso Valizas” y dijo que en esa instancia “se hizo una parafernalia bárbara”. Afirmó que si bien “no iba a hablar” sobre el caso, definió plantear su postura pública porque se está “atosigando” a sus defendidos. Afirmó que circulan sus fotos y que eso los “expone totalmente al repudio o represalia de alguno o alguna fanática”.
El abogado busca ahora que se haga una investigación “con todas las garantías, en la que prime el principio de objetividad y se analice en igualdad tanto la evidencia que propone la Fiscalía como la que propone la defensa de los imputados”.
Así fue que dio una entrevista al programa de Ignacio Álvarez, donde se expusieron estos audios, que no forman hasta el momento parte de la investigación. Frustaci afirmó que el material “será aportado a la Justicia”, pero no dijo cuándo va a aportar esta “prueba”.
Por otra parte, Juan Williman, abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República que representa a la mujer que presentó la denuncia, señaló en El País que fueron presentados antes en la prensa que en la Fiscalía. Afirmó además que “los audios por sí solos no indican nada”.
En diálogo con la diaria, Williman dijo que la investigación es reservada. El artículo 259 del Código del Proceso Penal plantea que la investigación preliminar que lleva adelante la Fiscalía es reservada y el acceso es exclusivo para quienes tienen autorización, que son las defensas de ambas partes. Además, el artículo 75 de la Ley 19.580, de violencia basada en género contra las mujeres, agrega que en estos casos incluso la audiencia no será pública si así lo solicita la víctima.
El abogado indicó que luego de que se produce la formalización, se puede acceder a la información, siempre que la Sede no disponga la reserva de las actuaciones. Sostuvo que “durante el proceso, hablar de la investigación preliminar afecta los derechos de la víctima” y “eventualmente los de los propios indagados”, y que “la vulneración de la reserva podría afectar incluso a la investigación”.
Con respecto a los audios, dijo que “si la defensa aporta los audios, será un elemento más que habrá que tomar en cuenta dentro de un cúmulo de evidencias”. Consignó que este análisis lo hace cada defensa y la Fiscalía, “que debe hacerlo de forma reservada”.
Después de que la Fiscalía y el Juzgado de garantías tomen una decisión sobre el caso, se podrá acceder a la información. “No obstante, hay cuestiones que deberían quedar resguardadas por una cuestión de integridad y dignidad de la víctima y de los acusados, porque la exposición recae sobre todos”, señaló.