La jueza de Ejecución de Libertad, Marcela López, mantuvo el cumplimiento de la sanción contra Luis Fernández Albín en el Complejo Libertad, pero concedió algunos de los reclamos realizados por la defensa, en cuanto a que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) mantenga informada a la defensa sobre la situación, que tenga acceso a defensa y monitoreo de la salud.
El INR defendió la sanción que se dispuso contra Fernandéz Albín en función de la carta que entregó con amenazas contra policías del sector y contra las autoridades del Ministerio del Interior, a quienes amenazó de muerte. Durante la audiencia, la defensa de Fernández Albín planteó que, más allá de una llamada telefónica en la que le dijeron que tenía una sanción por 60 días, no le informaron en qué consistía, e hizo hincapié en el derecho a la información de saber el destino y el alcance de la medida.
“Acá hay un tema de tortura dentro del INR; en la cárcel tenemos 17.000 presos, que son ciudadanos que son hijos de este país y que salen de nuevo a delinquir porque no hay planes de rehabilitación ninguna en la cárcel; somos cada vez más en las cárceles, y después salimos a convivir con el resto de los ciudadanos y la convivencia se torna cada vez más violenta, cada vez hay un deterioro más profundo del entramado social”, afirmó su abogada Paula Gutiérrez en diálogo con la diaria.
“Entiendo que somos un país subdesarrollado, pero nadie hace nada por los infractores; los depositan, los encierran y ahí quedan. No entiendo por qué no cumplen con la Constitución; no estoy pidiendo que lo pongan en una cárcel modelo o que le den un teléfono para que delinca”, agregó.
En la audiencia se acordó que durante dos días por semana podrá recibir la visita de la defensa y progresivamente se irán levantando las restricciones sobre las visitas familiares. Además, se acordó un monitoreo constante de su salud, luego de que intentara suicidarse y fuera rescatado por dos efectivos de la Guardia Republicana.
La audiencia fue pedida por la defensa de Fernández Albín para conocer en qué consiste la sanción a la que está siendo objeto desde el 10 de julio, a raíz de amenazas en reclamo de mejoras en las condiciones de reclusión. A fines de la semana pasada, Fernández Albín inició una huelga de hambre, que implicó que fuera trasladado al Hospital de la Unidad 1, donde fue atendido y luego regresado al Complejo Libertad, donde cumple la sanción.
La directora del INR, Ana Juanche, dijo el miércoles a la diaria que la medida tiene una extensión de 60 días porque una junta de disciplina la consideró gravísima, y señaló que la suspensión de las visitas de familiares es por 15 días debido a que así lo determinan los estándares internacionales.
Juanche dijo que el lugar donde se encontraba recluido Fernández Albín desde diciembre de 2025, en un módulo de seguridad del Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación, que funcionaba en Puntas de Rieles, fue dispuesto tras dos evaluaciones que coincidieron en que se trata de una persona privada de libertad “de alto riesgo para la seguridad pública”, y agregó que en ese régimen tenía una radio, visitas de su familia una vez por semana y salidas a patio con un alto nivel de supervisión.
“Él fue evaluado cuando ingresó al sistema y, a partir de ahí, entre que cumplió la prisión preventiva y fue condenado, sistemáticamente ha presentado recursos de hábeas corpus”, señaló Juanche, y agregó que “hay fundamentos criminológicos y de evaluación policial” para rechazar su traslado al Penal de Libertad o a la Unidad 25 del Comcar.
Uno de los hábeas corpus presentados por la defensa de Fernández Albín planteó al juez de Crimen Organizado de primer turno, Fernando Islas, las condiciones en las que se recibían las visitas en ese lugar, dado que era en un patio semitechado y sin acceso a baño, algo que podría afectar la salud de sus familiares.
El 30 de junio, el juez Islas dio la razón a Fernández Albín e intimó al Ministerio del Interior a ofrecer un lugar con condiciones adecuadas para recibir a la familia, en un plazo de diez días. “Nosotros eso lo entendimos perfectamente, dispusimos otro lugar de visita calefaccionado, con las comodidades, mesas, sillas, y cuando lo fueron a notificar sobre el nuevo lugar de visita, fue todo lo que pasó”, señaló Juanche.
Además de las condiciones en las que se realizaban las visitas, la defensa de Fernández Albín reclama que se establezca un sistema propicio para su rehabilitación con acceso a trabajo, educación e interacción social.