La Suprema Corte de Justicia inició un sumario con separación del cargo de la jueza Florencia Ferreryra, que se desempeñaba en el juzgado de paz de Treinta y Tres, según informó Informe Capital, de TV Ciudad y confirmó la diaria con fuentes judiciales. Desde la corte, declinaron hablar sobre los detalles de la investigación, debido a que existe secreto de sumario hasta que culmine el proceso.
Ferreryra llegó al juzgado de paz de Treinta y Tres porque pidió traslado luego de que en 2019 fuera denunciada por los funcionarios del juzgado penal de Tacuarembó por malos tratos, según informaron a la diaria fuentes judiciales. Ferreyra fue denunciada penalmente por seis funcionarios por amenaza de muerte, difamación e injurias, falsificación ideológica de documento público y falso testimonio, pero la denuncia fue archivada.
Las fuentes agregaron que a su vez Ferreyra inició una demanda civil contra sus denunciantes en el que reclama una indemnización por daños y perjuicios de 20.000 dólares a cada funcionario. Esa causa, que fue notificada a las partes en las últimas horas, fue derivada a un juzgado subrogante, dado que la jueza de paz de Tacuarembó se excusó por ser jerarca de los demandados.
Uno de los abogados de los funcionarios que denunciaron penalmente a la jueza Ferreyra, Guillermo Chiribao, dijo a la diaria que en la denuncia presentaron el testimonio de dos juezas que ratificaron la existencia de malos tratos: una de ellas fue testigo de un momento en que la magistrada los habría amenazado con tirarlos de la escalera del juzgado.
Además señaló que existe un informe firmado por dos docentes del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay que recomendó a la corte no designarla como magistrada, algo que no fue tomado en cuenta por el máximo órgano de Justicia, y cuestionaron su conducta como estudiante desde el punto de vista ético.
Este miércoles se conocieron publicaciones de la jueza en redes sociales en las que defiende al actual gobierno. “¿No te gustan las decisiones del presidente? Nadie te preguntó. Jodete y arrancá pa’l juzgado”, expresó en su cuenta de Instagram. En otra publicación, replicó la frase “hay orden de no aflojar”, tomada por el exministro del Interior Jorge Larrañaga.
Por otra parte, la corte debió suspender el plazo de 72 horas establecido a la jueza Ada Sire para que informe sobre la publicación que realizó en Tik Tok, en la que llamó a terminar con la violencia machista, debido a que pidió licencia médica. Cuando la magistrada retorne a su trabajo volverá a correr el plazo y a partir del informe que entregue la corte analizará si tiene o no mérito. Fuentes judiciales advirtieron a la diaria que no hay normas que obliguen a los jueces en materia de uso de redes sociales. Sí existe un documento que fue distribuido por la corte en 2016 con pautas para el uso de redes sociales, elaborado por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que no es vinculante.
El documento recomienda a los jueces actuar bajos los principios de “imparcialidad, responsabilidad institucional, cortesía, integridad, transparencia, secreto profesional y prudencia” y llama a “evitar cualquier contenido que no pueda ser expuesto públicamente” y sostiene que “la integridad de la conducta del juez fuera del ámbito estricto de la actividad jurisdiccional contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos en la judicatura”.
En el video, Sire representó conversaciones machistas: “Del título ‘las hijas de los otros... porque la mía es una santa’ llega ‘uy, la violaron, debe ser la culpa de ella’. Pero existen otros títulos también, como ‘esa mina está histérica, debe estar menstruando’, ‘qué mal cogida está esa mina, por Dios’ o ‘qué se le va a hacer, es varón’”, dijo ante la cámara y llamó a dejar de “elaborar construcciones teóricas a partir de seguimientos patriarcales”.
Los ministros de la SCJ también están analizando el caso de la jueza penal de 5° turno de Tacuarembó Carla Gómez, quien fue denunciada por funcionarios del juzgado por malos tratos e irregularidades en el ejercicio del cargo.
Uno de los puntos que se investiga es que la magistrada habría utilizado un vehículo de la Policía para realizar “una broma” a sus compañeros, simulando una detención. También se investigan irregularidades en la gestión de la custodia policial del juzgado, en perjuicio de los funcionarios.
Otro de los puntos que se investiga es la modificación de una sentencia luego de que ya estaba subida al sistema, algo que fue denunciado por un tribunal de apelaciones ante la Suprema Corte de Justicia.