La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado desde su sede en Miami, Estados Unidos, en el que manifiesta “preocupación” por la orden de allanamiento que se emitió para requisar la radio Azul FM, luego de que en el programa La Pecera de Ignacio Álvarez se difundieran audios de la violación grupal en Cordón, sin consentimiento de todas las partes, lo que podría tipificarse como delito.
La SIP considera que la orden de allanamiento y la posterior requisa “pusieron en riesgo la libertad de prensa al afectarse el secreto y el anonimato de las fuentes periodísticas”. En el comunicado recuerdan que la Fiscalía General de la Nación reconoció que la orden de registro de la emisora y de la casa del periodista fue un procedimiento “innecesario”.
“Si bien no es tarea de nuestra organización juzgar el criterio editorial de los medios y de los periodistas, sí nos compete pronunciarnos a favor de la protección del derecho a la libertad de prensa y del público a estar informado sin ningún tipo de cortapisas”, opinó Jorge Canahuati, presidente de la SIP, según recoge el comunicado.
Canahuati comentó que “el allanamiento a la radio para confiscar materiales probatorios representó una actitud desproporcionada por parte de la Justicia. Los periodistas no somos auxiliares de la Justicia, ni tampoco delincuentes a 'prima facie' como para que seamos atropellados con medidas forzosas que desconocen principios de libertad de prensa”, criticó.
El comunicado también recoge la visión de Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, quien consideró que “este caso representa un avasallamiento al derecho legal y legítimo a la protección y la reserva de las fuentes periodísticas”. Ambos estuvieron de acuerdo en que el hecho “mostró un sesgo peligroso que desconoce el derecho internacional y la garantía legal en Uruguay sobre la reserva de la fuente, garantizada expresamente desde hace más de tres décadas”.