La jueza penal de 33° turno, María Noel Tonarelli, suspendió la audiencia prevista para este miércoles, en la que se realizaría la declaración anticipada de una de las víctimas de Operación Océano, que investiga explotación sexual contra adolescentes, debido a que la víctima está fuera del país.
La abogada de la víctima, Soledad Suárez, dijo a la diaria que desde noviembre había anunciado que por estas fechas no sería posible realizar la audiencia, aunque no tenía la fecha exacta, y planteó que se violó la reserva sobre el contenido de la causa.
La suspensión generó malestar entre los abogados de los imputados, principalmente por haber sido anunciada pocas horas antes de su concreción.
Consultada sobre este punto, Súarez señaló que pasaron pocos días hábiles desde que se levantó la feria judicial, debió confirmar la información y recordó que esta declaración anticipada fue suspendida cinco veces por razones que no fueron responsabilidad de la víctima.
“No nos quejamos de esos cambios, pero eso hace que se superponga con una cuestión personal que nosotros ya habíamos advertido”, expresó, y señaló que la víctima “quiere declarar y estuvo a disposición” en todas las instancias anteriores.
La jueza Tonarelli fijará la declaración anticipada para luego del 20 de marzo, menos de dos meses antes del cierre de la investigación preliminar establecido para el 13 de mayo.
En la causa también está pendiente la culminación de la declaración anticipada de la principal víctima, que fue suspendida el 20 de octubre, tras conocer la existencia de la declaración de un testigo que no había sido registrada adecuadamente.
Ante eso, la jueza Tonarelli pidió a la fiscal Darviña Viera que realizara un informe con el estado de situación de la carpeta de investigación, lo que fue concretado el 5 de noviembre por su sucesora, Mariana Alfaro, quien informó sobre la existencia de 45 archivos a los que no habían tenido acceso ninguna de las defensas.
Entre los documentos había 11 declaraciones de testigos y una de una de las víctimas de la causa en sede policial, 18 informes de Policía Científica, Delitos Informáticos e Interpol, ocho pericias del Instituto Técnico Forense hechas a las víctimas y a los imputados y otros documentos, como actas de incautación, relevamientos fotográficos de conversaciones entre las víctimas y los imputados, estados de cuenta, constancias de lectura de derechos a los imputados y del mantenimiento de la cadena de custodia de los objetos incautados, así como oficios remitidos por empresas privadas vinculadas a la investigación.
Las defensas de los imputados presentaron cinco recursos de nulidad sobre la declaración anticipada de la víctima principal que fueron rechazados por Tonarelli a fines de diciembre, quien entendió que el hecho de desconocer parte de la evidencia no significó la privación efectiva de la defensa, en la medida en que los abogados pudieron controlar las declaraciones de las víctimas, realizar preguntas y acceder a las declaraciones que ellas hicieron en la Fiscalía.