La jueza en lo penal de 23º turno, Isaura Tórtora, dispuso el procesamiento con prisión de los militares en situación de reforma Glauco Yanone, Mario Aguerrondo y Gustavo Criado por la desaparición forzada del militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR) Eduardo González González, ocurrida en el Regimiento de Caballería 6 en diciembre de 1974.
Según la sentencia, a la que accedió la diaria, el operativo contra el PCR fue comandado por el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) e implicó la detención de 37 personas, entre ellas Luis Eduardo González y su esposa, Elena Zaffaroni.
González y Zaffaroni fueron secuestrados en su casa, en Scosería y Luis de la Torre, en Pocitos, sobre las dos de la madrugada del 13 de diciembre de 1974, por efectivos vestidos de civil que se identificaron como integrantes de las Fuerzas Conjuntas. De allí fueron trasladados al Regimiento de Caballería 6, donde González fue asesinado cuando se encontraba bajo tortura, según la versión oficial, el 26 de diciembre de 1974. Para ocultar el crimen, la dictadura emitió un comunicado en el que daba cuenta de su fuga y pedía colaboración para su detención.
La investigación penal, realizada por el fiscal de Delitos de Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe, logró determinar que los responsables de la detención fueron los integrantes del OCOA –en ese momento comandado por el general Esteban Cristi, hoy fallecido– y los enlaces de inteligencia del Regimiento de Caballería 6. El documento señala que los agentes Yanone, Aguerrondo y Criado participaron en las detenciones y en los interrogatorios bajo tortura.
Aguerrondo, que entonces era jefe de la División de Informaciones del OCOA, había ingresado como oficial a ese organismo en diciembre de 1973 y en su legajo consta el reconocimiento por el rol del procesamiento de la información de su área “para erradicar definitivamente toda acción sediciosa”. En cuanto a la persecución al PCR, el legajo de Aguerrondo destaca la confección de un documento con los vínculos y los contactos de la organización en el exterior que permitió la detención de sus miembros.
Yanone, conocido como Isidorito, fue identificado por varias víctimas, entre ellas Zaffaroni, como uno de los torturadores en el Regimiento de Caballería 6. Otra víctima, también integrante del PCR, lo identificó como su torturador en ese centro militar. Otras víctimas lo identificaron, a su vez, como partícipe en el operativo de detención y testificaron haberlo visto en la cárcel de Punta de Rieles. Fue señalado también como partícipe en el secuestro de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti y sus hijos en Porto Alegre, Brasil.
Criado era oficial del OCOA y fue identificado por varias víctimas del terrorismo de Estado. Si bien declaró ante la Justicia que no actuó en el OCOA, existe un documento en el que es calificado por Aguerrondo.
En la sentencia, Tórtora fundamenta la tipificación de desaparición forzada, pese a que el delito fue establecido en 2006, en función de que se continúa cometiendo mientras no aparezcan los restos. En el informe de la Comisión para la Paz de 2003 se sostuvo que González había sido enterrado en el Batallón 14, mientras que en el informe de las Fuerzas Armadas presentado al presidente Tabaré Vázquez en 2005 se planteó la posibilidad de que eso hubiera ocurrido en el Batallón 13. Ambos informes señalan que sus restos fueron exhumados y cremados, algo que ya fue comprobado como una falsedad en al menos siete casos.
“No se considera vulnerada la irretroactividad de la ley penal si la desaparición forzada sigue ejecutándose después de la entrada en vigencia de la ley, porque es un delito permanente”, señala el fallo. En esa línea, aclara que los hechos “exceden la figura delictiva del homicidio, en tanto tal tipificación no comprende el resto de los bienes jurídicos lesionados, al vulnerarse los derechos de los familiares de las víctimas, la convivencia pacífica en sociedad y el Estado de Derecho”.
Elena Zaffaroni: “Pensé que no lo iba a ver”
En diálogo con la diaria, Elena Zaffaroni mencionó los obstáculos que debieron atravesar para alcanzar un pronunciamiento de la Justicia sobre la desaparición de su esposo. “Pensé que no lo iba a ver”, señaló, y agregó que la primera denuncia fue presentada en 1985, antes de la aprobación de la Ley de Caducidad en 1986.
“En 1985 la causa podía haber avanzado, pero el juez me dijo que no iba a llamar a nadie porque nadie iba a ir. Fueron tantos los obstáculos que puso la democracia para llegar a esto…”, expresó.
Consultada sobre la fecha de la muerte, que surge del informe de la Comisión para la Paz, Zaffaroni –que estaba embarazada cuando fue detenida– dijo que la última vez que ella y los demás compañeros vieron a Luis Eduardo González fue el 24 de diciembre. “La última vez que lo vi, los milicos nos pusieron juntos, hicieron una puesta en escena de hostigamiento y le ofrecían a él mi libertad [a cambio de información] para que su hijo pudiera nacer libre; para nosotros, lo mataron ahí”.
Zaffaroni recordó el papel que jugó Carlos Suzacq, médico del OCOA, quien asesoraba a los torturadores para determinar si los detenidos podían soportar la tortura. Por otra parte, señaló que “ni siquiera esta sentencia trae el cierre”, dado que las causas judiciales “no están enfocadas a decir dónde están”.