En un informe que se difundió el lunes 7, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) identificó casi un centenar de casos de abuso policial, amenazas, allanamiento ilegal, lesiones, provocación policial y falta de atención médica, a partir de una ampliación de la denuncia que presentó la Asociación de Defensores de Oficio ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en julio del año pasado, que abarca situaciones de detención de 2020 y 2021.
Estos casos generaron preocupación en la INDDHH, que pidió a las autoridades la “urgente investigación” de lo que entienden como un “fenómeno” de carácter “estructural” y con “tendencia al alza”, según dijo ayer en una rueda de prensa el director de la institución Wilder Tayler. El abogado consideró que el gobierno nacional “minimiza” la problemática, e identificó una “tendencia a desestimar la seriedad de la denuncia o a dar una explicación que es como una ‘contraversión’. Eso es bastante sistemático, salvo si hay un video”, dijo.
El miércoles al ser consultado, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, respondió: “Las denuncias genéricas tienen tufillo electoral prerreferéndum, y lamento que la INDDHH entre en ese juego antes del 27 de marzo”. Agregó que “el informe apareció oportunamente y haciéndose eco de una denuncia del gremio de defensores de oficio, quienes no se dirigieron” al Ministerio del Interior “para denunciar”. También dijo que la institución da “por cierto cosas de las que no tuvieron pruebas”.
Tayler señaló que cuando hay videos la reacción de las autoridades “cambia, pero eso es un tema que nos tiene que preocupar, porque para el ciudadano común es una vara de prueba extremadamente alta”, advirtió.
“En muchos de los contextos que están denunciados, en los que a un individuo se le revienta un tímpano de un golpe, a otro se le rompen tres costillas, a una señora que va a preguntar por su hijo, que es narcotraficante, le dan una paliza para escarmentarla por tener a ese hijo... Capaz que no hay una cámara a mano o alguien que esté dispuesto a filmar”, profundizó.
Tayler aseguró que una de las recomendaciones de la institución es “que se cree un registro nacional de casos de abuso de la fuerza”. Sugirió que lo puede llevar adelante la Fiscalía o la SCJ, “una autoridad que esté más allá de todo reproche”, para que se pueda “identificar las tendencias con una cierta certitud” y “poder trabajar sobre la cuestión estructural”.
Las causas y su proceso
Consultado por el informe de la INDDHH, el fiscal de corte, Juan Gómez, señaló a la diaria que las denuncias se encuentran en la órbita de cada fiscalía, por lo que declinó hacer declaraciones en respeto a la independencia técnica de los fiscales.
En el mismo sentido se expresó el presidente de la SCJ, John Pérez, quien señaló a la diaria que la Corte no puede intervenir en los casos concretos porque sería “inmiscuirse en una cuestión jurisdiccional”, pero si las denuncias continúan su proceso y el caso llega al máximo tribunal de justicia, sí.
Además, agregó que al momento no hay denuncias en cuanto a que los jueces no hayan investigado o haya algún tipo de irregularidad en ese sentido, y señaló que de llegar alguna denuncia se investigará. “Si las causas fueron abiertas, tienen una cadena”, aclaró Pérez.
En cuanto a la falta de garantías en las primeras horas de investigación, el presidente de la SCJ indicó que no hay un planteo concreto de que los defensores puedan estar en las seccionales, pero advirtió que de llegar, este será analizado por todos los miembros de la corte.
La visión crítica del FA y el respaldo de CA
Para el senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera, “claramente existe un deterioro en la calidad profesional de los procedimientos policiales, y estos están restando garantías a los detenidos e investigados”. Calificó de “preocupantes” los hechos denunciados por la INDDHH y la denuncia presentada por los defensores de oficio, y planteó que están en línea con las denuncias que él recibió desde que se aprobó la ley de urgente consideración.
“Se observa claramente un incremento de la violencia por parte de la Policía ante situaciones que no necesariamente ameritan una acción de ese tenor”, destacó. Para Carrera “la raíz del problema” está en la “arenga de parte del gobierno hacia la Policía” y señaló que “la flexibilización de las normas administrativas incluidas en la Ley de Procedimiento Policial modificada por la LUC ha reducido los controles judiciales sobre la gestión de la Policía en la calle”.
“No nos sorprende el informe de la INDDHH, pero nos preocupa mucho. Una solución a este problema pasa por un cambio de mensaje de parte del gobierno, que promueva los procedimientos garantistas y ajustados a derecho. Pero también es necesario que se anulen todos esos artículos de la LUC que están en un proceso de desprofesionalización de la Policía”, agregó.
También habló del tema el presidente del FA, Fernando Pereira, quien al ser consultado sobre las declaraciones de Heber manifestó: “Pregunten a las víctimas [si hubo abuso policial], busquen y van a saber lo que pasa en las cuatro horas que median entre la intervención policial y el aviso a la Fiscalía. Pregunten a los abogados de oficio”. Recordó el informe de la INDDHH sobre el tema y planteó: “Ahora si toda la institucionalidad se pliega al discurso facilista de [la senadora blanca Graciela] Bianchi de la infiltración de la izquierda... Deberíamos tener 70% de los votos si tenemos a toda la Udelar, toda la Justicia, jueces, fiscales”. Agregó que los indagados por la Policía “tienen mucho temor” de denunciar en algunos casos, porque “han sido violentados”; “podemos decidir no creerle a nadie y vincular todo a la LUC, como hizo Heber”, sentenció.
Por otra parte, en diálogo con la diaria, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Carlos Testa, de Cabildo Abierto (CA), dijo que si bien existe un aumento de la difusión pública de denuncias de casos de abuso policial, eso no significa que haya habido más procesamientos, y no cree que en los hechos existan más casos a partir de la implementación de la LUC.
Testa defendió la necesidad de brindar las mayores garantías posibles a todas las partes y coincidió con el planteo realizado por los defensores de oficio de que se incorporen cámaras para registrar todos los operativos policiales.
En cuanto a la posibilidad de que los defensores de oficio estén presentes en las seccionales para asesorar a los detenidos, Testa planteó que no es una opción viable, considerando los recursos con los que actualmente cuenta el sistema de justicia.
Para el diputado es injusto que la existencia de una minoría de funcionarios que actúan incorrectamente afecte a toda la institucionalidad, y destacó el rol de “las personas que nos cuidan”.