El fiscal especializado en Delitos Económicos de primer turno, Enrique Rodríguez, pidió una audiencia de formalización del proceso contra uno de los policías que agredieron a dos jóvenes durante un operativo de la Policía de Tránsito, realizado el 3 de marzo en la zona de Jardines del Hipódromo.
Al no haber detenidos, la Justicia tiene un plazo de 20 días para fijar la audiencia de formalización en la que se definirá sobre la imputación del fiscal contra uno de los policías que participaron en el incidente. Según informó TV Ciudad, la fiscalía busca imputarle el delito de abuso de funciones.
El caso había sido derivado a la fiscal de Flagrancia de 2º turno, Patricia Rodríguez, quien comenzó investigando un delito de abuso de autoridad contra detenidos, pero luego de tomar declaraciones a los dos policías que intervinieron en el hecho y a las dos víctimas, entendió que el caso podría ser tipificado como abuso de funciones, por lo que fue derivado a una de las fiscalías de Delitos Económicos y Complejos.
Tras multar al conductor de una moto que viajaba con acompañante, uno de los policías comenzó a insultar a uno de los jóvenes: “Trancá la cola”, le dijo, y terminó pegándole un golpe de puño; ante la protesta de ambos, le siguió pegando y de una patada lo tiró al piso.
El otro policía se dirigió al hombre que estaba filmando y lo esposó, mientras también esposaban al hombre que fue golpeado. Ninguno de los jóvenes respondió a los golpes. “Usted sabe que están haciendo las cosas mal”, le dijo a uno de los policías el conductor de la moto mientras estaba siendo esposado.
Tras conocerse el hecho, el Ministerio del Interior inició una investigación administrativa para conocer lo ocurrido y determinar eventuales sanciones. Además, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) expresó en un comunicado su rechazo a la “violencia desmedida” de la actuación policial y señaló que la ley de urgente consideración (LUC) “no habilita a que el policía se extralimite en el uso de la fuerza”.
“Hay excepciones, como en todos los ámbitos, las hay con o sin la LUC, pero en 33.000 funcionarios no son la regla. La regla son los que denuncian estas prácticas por su vocación de servicio y entrega al prójimo”, defendió el sindicato.