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Raúl Sendic (archivo, setiembre de 2019)

Foto: Mariana Greif

Justicia rechazó el archivo de la causa por Sendic en el caso Gas Sayago

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La defensa de Sendic aseguró que el exvicepresidente no tiene nada que ver con lo investigado.

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Leído por Mathías Buela.
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La jueza de Crimen Organizado de 2° turno, María Helena Mainard, rechazó el archivo de la causa pedido por la defensa de Raúl Sendic, debido a que aún queda una diligencia pendiente para cerrar la investigación, según informó El Observador y confirmó la diaria.

El oficio pendiente es un exhorto a la Justicia brasileña para que confirme supuestas declaraciones del empresario Benedito Rodrigues de Oliveira, quien habría declarado como arrepentido en la causa Lava Jato que el exministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior brasileño Fernando Pimentel tuvo una reunión con el “jefe de la Casa Civil” del gobierno de José Mujica para que la empresa OAS fuera contratada para la construcción de la planta regasificadora.

La abogada de Sendic, Laura Robatto, dijo a la diaria que pidió el archivo en el caso de Sendic porque el exhorto pendiente no está vinculado a su cliente y además el exvicepresidente no tuvo ninguna relación con la gestión de Gas Sayago.

“Desde el punto de vista jurídico, se ha averiguado todo, tres veces se amplió la denuncia, no veo ningún elemento que tenga relevancia penal, y el caso sigue abierto porque se está a la espera de un oficio”, señaló.

Robatto, quien lleva la defensa de Sendic junto al exsecretario de Presidencia Homero Guerrero, resaltó que Sendic dejó la gestión en 2013, estuvo sólo en Ancap y no integró ni el directorio ni ningún ámbito de decisión de la gestión de Gas Sayago.

Fuentes de la investigación dijeron a la diaria que en diciembre se pidió un informe a Autoridad Central del Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer qué diligencias se hicieron para concretar el pedido a la Justicia brasileña y evaluar qué caminos seguir.

El fiscal de la causa, Luis Pacheco, reiteró el exhorto en 2019 y en 2020, pero nunca tuvo respuesta. La causa fue iniciada por el abogado Gustavo Salle en 2013, luego fue ampliada con el informe de la Comisión Investigadora del Parlamento que estudió el caso, en mayo de 2019, y en agosto de 2021 las autoridades de UTE y Ancap entregaron documentos con los gastos de las tarjetas corporativos de los directores.

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