Mientras la investigación judicial sobre presuntas irregularidades en Gas Sayago y la construcción de la regasificadora se mantiene en etapa de presumario a la espera de información que se requiere de Brasil, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Sebastián Cal anunció que volverá a insistir este año en la conformación de una nueva comisión parlamentaria para definir “responsabilidades políticas” del proyecto que quedó trunco.

En mayo de 2021, Cal brindó una conferencia de prensa en la que propuso iniciar una nueva comisión investigadora -ya había trabajado una comisión que concluyó en 2018 con la presentación de una denuncia penal de la entonces oposición- con el objetivo de “conocer y esclarecer el accionar de las autoridades y funcionarios intervinientes en el proceso de planificación, contratación y construcción”.

En aquella instancia, la propuesta de Cal no prosperó y la forma en que la anunció causó molestia en los partidos socios de la coalición, que criticaron que el diputado cabildante no los haya consultado ni informado previamente.

Según dijo Cal a la diaria, a partir de la auditoría que UTE encargó a PwC se tienen nuevos datos sobre la regasificadora que no se tuvieron en la anterior comisión investigadora, y el objetivo sería atribuir posibles responsabilidades políticas.

“Si bien hoy es un tema que está en la Justicia, la Justicia no va a determinar las responsabilidades políticas que se tomaron para seguir adelante con una regasificadora” que, según dijo, debió frenarse cuando Argentina decidió salirse del negocio. Cal hizo referencia al entonces presidente José Mujica, quien afirmó que la construcción se haría con o sin Argentina.

“En la historia de Gas Sayago hubo varios momentos en los que se pudo decir ‘paremos acá’, y fue seguir y seguir y seguir hasta los 213 millones de dólares que hoy se perdieron”, aseguró. “Esa es una decisión política que tiene que tener algún tipo de consecuencia. No puede ser que ese tipo de actitudes arbitrarias en un negocio que no tenía ningún tipo de estudio de factibilidad no tenga ningún tipo de consecuencia”, sentenció.

El diputado afirmó que de parte de su partido “siempre” tuvo el apoyo en este tema, y en la coalición quiere “entender que sí” se lo darán. Consultado sobre por qué no prosperó su propuesta en 2021, dijo que “el año pasado fue muy complejo” y “no dieron los tiempos”. Consultado por la diaria, el presidente de CA, Guillermo Domenech, dijo que el tema no se trató recientemente en la interna del partido, aunque “en principio” no ve “ningún inconveniente en investigar lo que haya que investigar”. “Seguramente lo vamos a apoyar”, planteó con respecto a Cal.

Mientras tanto, tampoco los socios de la coalición analizaron aún la propuesta de Cal. Tanto desde el Partido Nacional como desde el Partido Colorado indicaron a la diaria que el tema no fue tratado orgánicamente, pero que, llegado el caso, se iniciaría un proceso de análisis sobre la pertinencia de la nueva investigación parlamentaria. Igualmente, manifestaron que la propuesta tiene que ser “de una forma seria”, a diferencia del año pasado.

La investigación judicial

Mientras tanto, el fiscal Luis Pacheco y la jueza María Helena Mainard continúan a cargo de la investigación por vía penal. Fuentes del caso indicaron a la diaria que ya se les tomó declaración a todos los involucrados, tanto indagados como testigos, y que sólo resta esperar información proveniente de Brasil para confirmar o descartar la presunta intervención del gobierno de la época de aquel país para que la constructora OAS sea la encargada de la obra en Uruguay, lo que incluiría el supuesto pago de una coima de la empresa a las autoridades brasileñas, elemento que hasta el momento no pudo comprobarse.

La versión que se maneja a partir de la declaración de un arrepentido en la investigación Lava Jato, el empresario Benedito Rodrigues de Oliveira, indica que Fernando Pimentel, exministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior brasileño durante el mandato de Dilma Rousseff (2011-2016), intervino ante el gobierno uruguayo para que la compañía OAS fuera la encargada de las obras de Gas Sayago.

Tanto en 2019 como en 2020 el fiscal realizó exhortos a las autoridades brasileñas para obtener información que ayude en esa línea de investigación, y aún aguarda la respuesta. Según pudo saber la diaria, lo que quiere el fiscal es conocer si las versiones del arrepentido, que circularon en la prensa de Brasil, coinciden con lo que declaró a la Justicia de aquel país.

Recientemente, Pachecho envió una nota a la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional -que está en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y se encarga de la tramitación de exhortos- para conocer cuál es el estado de sus solicitudes de información, pero todavía no recibió la contestación.

El fiscal no quiere emitir un dictamen sin la respuesta brasileña, y por eso la demora, a pesar de que ya pasaron por los juzgados, en calidad de indagados, varios de los jerarcas que integraron los directorios de UTE y Ancap cuando se conformó Gas Sayago: Raúl Sendic, Marta Jara, Gonzalo Casaravilla, César Briozzo, Germán Riet y Pedro de Aurrecoechea.

La firma Gas Sayago —propiedad de UTE (79,35%) y Ancap (20,65%), pero que funciona en el derecho privado— fue creada en 2011 para encargarse de la construcción de una planta regasificadora en el oeste de Montevideo, proyecto del gobierno del Frente Amplio que tenía como socio clave a Argentina. Dos consorcios internacionales ganaron la licitación para la operación de la planta y contrataron a la brasileña OAS para la obra civil, firma que luego quedó envuelta en el escándalo de corrupción de Odebrecht y terminó en la quiebra.

Así fue que en 2015 la firma OAS dejó trunca la obra de la regasificadora y el escenario regional había cambiado, ya que no estaba el aval de Argentina, lo que frenó el plan del gobierno.