La exgerenta de Gas Sayago Marta Jara declaró este miércoles ante la jueza de Crimen Organizado de 4° turno María Helena Mainard y el fiscal de primer turno del código viejo, Luis Pacheco, en la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la empresa y el proyecto de la construcción de la planta regasificadora en Puntas de Sayago.

Jara llegó al juzgado de la calle Juan Carlos Gómez sobre las 16.00 y declaró casi dos horas sobre la pertinencia de continuar con el proyecto, los contratos firmados, los gastos de la empresa y las compensaciones a los empleados.

Jara dijo que los viajes que realizaron fueron en el marco de las actividades de la empresa y puso como ejemplo la supervisión en Corea del Sur de la construcción del barco regasificador. Además, fundamentó las compensaciones a los empleados en función de la necesidad de retener personal clave para el proyecto en un contexto de incertidumbre sobre su continuidad.

“No pesó ningún tipo de presión sobre el equipo técnico y ninguna de las decisiones que se tomaron en el seno de Gas Sayago se vieron influenciadas por algún tipo de presión”, respondió Jara al ser consultada sobre la subcontratación de la empresa brasileña OAS por parte del consorcio GNLS, integrado por GDF Suez y la japonesa Maruben, según el acta a la que accedió la diaria.

Jara dijo que a la empresa OAS la presentó GNLS y que luego hubo una contratación directa de OAS, por el hecho de que, al ya estar trabajando en la construcción de la terminal, pudo presentar una oferta que reducía costos en un 50%.

“De todas las alternativas disponibles, se entendió que la oferta de OAS era la que mejor se ajustaba a las necesidades”, expresó Jara ante la jueza Mainard.

Desde la última ampliación de la denuncia se concretaron cuatro audiencias en las que declararon el exdirector nacional de Energía Ramón Méndez, el expresidente de UTE Gonzalo Casaravilla y los exdirectores de la empresa César Briozzo, el colorado José Amy y el blanco Enrique Antía, entre otros.

Méndez, quien declaró el martes, dijo que el proyecto se frustró debido a que el grupo brasileño OAS lo abandonó. Además, señaló que los pilotes que se utilizaron al inicio de la obra fueron una inversión de GNLS y no implicaron un gasto para el Estado. También apuntó la responsabilidad de los entonces directores de la oposición en el fracaso del proyecto, al que consideró rentable aun sin la participación de Argentina.

La semana pasada Antía dijo que el gobierno de José Mujica “insistió en que los números tenían que dar” y aseguró que había falta de información y análisis técnico sobre el proyecto.

Por su parte, Casaravilla defendió el proyecto y las decisiones que se fueron tomando y advirtió sobre la incidencia del caso Lava Jato en el fracaso de la regasificadora.

El expresidente de Ancap Raúl Sendic debía concurrir al juzgado este miércoles, pero pidió una prórroga y volvió a ser citado para el 9 de noviembre. Según informaron a la diaria fuentes judiciales, la citación de Sendic es la última prevista en esta etapa y el expediente regresará a Fiscalía para que analice posibles diligencias que puedan surgir de las declaraciones.

Entre los elementos pendientes en la causa está la respuesta del exhorto enviado a Brasil, para que envíe supuestas declaraciones del exministro de Desarrollo Industria y Comercio de Brasil Fernando Pimentel. Habría dicho que consiguió la participación de OAS en la obra por contactos con el “jefe de la Casa Civil” de Mujica, cargo que no existe en nuestro país.

La causa fue iniciada por el abogado Gustavo Salle en 2013 y luego pasó por varias etapas de ampliación, una de ellas cuando culminó la comisión parlamentaria que investigó el proyecto de la regasificadora, cuyas conclusiones fueron enviadas a la Justicia por los legisladores de la entonces oposición, en mayo de 2019.