La Justicia condenó a cuatro hombres por tráfico de personas y asistencia a la delincuencia, en una causa investigada por la fiscal de Rivera de 2º turno, Alejandra Domínguez, con el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Jefatura de Policía de Rivera, según informó A Plateia.
En diálogo con la diaria, la fiscal Domínguez señaló que se trata de una organización que era comandada por un ciudadano brasileño radicado en Porto Alegre, quien coordinaba los traslados de migrantes.
La fiscal señaló que como Brasil no extradita a sus ciudadanos naturales, se libró una orden de detención contra el jefe de la organización, para que en el caso de que el hombre ingrese a territorio uruguayo sea detenido.
Domínguez informó que en un año de investigación, que implicó intersección de comunicaciones, se pudo constatar el traslado de decenas de migrantes, que eran contactados por la organización y llevados en un minibús con capacidad para 12 personas y en taxis que pagaban los ahora condenados. La organización cobraba a personas que no tenían regularizados sus papeles entre 80 y 400 dólares por el cruce de la frontera de Rivera-Santana do Livramento.
La fiscal dijo que las personas que buscaban ingresar a Brasil llegaban desde Montevideo a Rivera en ómnibus y luego eran trasladadas en taxi, o eran llevados directamente desde Montevideo a Livramento en una Hyundai H100.
Consultada sobre la procedencia de los migrantes que fueron víctimas de la organización, Domínguez dijo que hay cubanos, dominicanos, marroquíes y ghaneses.
Tras la Operación Antares, que implicó tres allanamientos en Rivera, fueron detenidas cinco personas, uruguayas y brasileñas, de entre 32 y 59 años. Se incautaron 13 celulares y un taxímetro con matrícula uruguaya. De los cinco detenidos, uno fue liberado y los otros cuatro alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía que fue ratificado por la Justicia.
Dos de ellos fueron condenados por el delito de asistencia a agentes de la actividad delictiva a 15 meses de prisión que se cumplirán en régimen de libertad a prueba con medidas de coerción, mientras que los otros dos fueron condenados a 24 meses de prisión, con nueve meses de prisión efectiva y 15 de libertad a prueba, por un delito continuado de tráfico de personas.