El exmilitante del Partido Comunista Fleming Gallo, acusado de participar en torturas durante la dictadura, demandará al Estado uruguayo. Gallo reclama que el Estado le pague 6,45 millones de pesos por los “daños y perjuicios materiales y morales” que le ocasionaron los tres meses que estuvo detenido en España, en arresto administrativo, mientras se sustanciaba un pedido de extradición realizado por Uruguay.
Gallo estuvo preso en Zaragoza desde el 24 de abril hasta el 21 de julio de 2021.
“Esta detención, manifiestamente ilegítima e improcedente, le provocó daños y perjuicios morales y materiales ya que fue encarcelado, imputado de delitos que nunca cometió y que, según surge de la solicitud, ocurrieron hace más de 40 años”, dice la demanda que firma el abogado Carlos Bustamante.
En el escrito, Gallo señala: “Las graves e infundadas imputaciones de que fui objeto fueron ampliamente difundidas por la prensa, por lo que llegaron a conocimiento de familiares, amigos y ciudadanos de España y Uruguay, exponiéndome así al odio y al desprecio público”.
Gallo fue acusado por la Justicia uruguaya de delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves. La imputación refiere a hechos ocurridos en el Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) en 1979.
El ex militante comunista recuperó la libertad luego de que la Justicia española rechazó el pedido de extradición por entender que el delito de torturas ya prescribió, según la ley de ese país. En cuanto a los delitos de lesa humanidad, los magistrados españoles plantearon que están reconocidos en ese país desde 2004, por lo que no pueden aplicarse de modo retroactivo. Esto implica un no reconocimiento de la imprescriptibilidad de estos delitos, tal como ocurre con la mayoría de los tribunales penales de Uruguay.
Gallo es investigado en Uruguay en la causa sobre torturas en el Fusna que lleva adelante el fiscal Gilberto Rodríguez. Es acusado de haber operado en una oficina conocida como “La Computadora”, donde se procesaba información proveniente de torturas a los detenidos.
En su demanda, Gallo no niega haber participado en La Computadora. “En el Fusna –dice- funcionaba una sección de análisis de información y producción de inteligencia denominada ‘La Computadora’ donde colaboraban en forma voluntaria 12 presos pertenecientes a diversas organizaciones, Aparato Armado del Partido Comunista en el Uruguay (PCU), Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T), Partido Socialista Revolucionario (PSR) y los Grupos de Acción Unificadora (GAU), entre otras. En ‘La Computadora’ los detenidos negociaban su libertad con las Fuerzas Armadas a cambio de su colaboración informando sobre medios, instalaciones, actividades, identidad y encuadre de los miembros de la organización a la que pertenecían”.
Gallo remarca que su participación en esos hechos ocurrió mientras estaba detenido y condenado: “En esa época estaba preso, a disposición de la Justicia Militar por el delito de ‘Atentado contra la Constitución en el grado de conspiración, seguido de actos preparatorios’ […] por el que fui condenado a cumplir seis años de penitenciaría. Fui detenido el 11 de abril de 1976 en el puerto de Carmelo, procesado el día 2 de agosto de 1976, bajo la referida imputación, y condenado el 15 de mayo de 1978, siendo puesto en libertad el día 15 de octubre de 1979 y posteriormente amnistiado por la Ley 15.737 del 22 de marzo de 1985”.
Gallo dijo a la diaria que decidió colaborar con los militares por un cúmulo de motivos, entre ellos, haber sido delatado por varios de sus superiores, “la caída cantada de todo el aparato militar”, la “hipocresía” de varios dirigentes comunistas y la falta de seguridad de su pareja, “que estaba regalada en Buenos Aires”. “No fue una sola cosa. La URSS [Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas], el paraíso prometido, era una mierda. Me iba a comer una cana de siete años por algo en lo que ya no creía. Había perdido la fe mucho antes”, agregó.
Gallo ha sido acusado por varias víctimas del terrorismo de Estado de ser uno de sus torturadores. En la sentencia de condena de Gregorio Álvarez por el homicidio de unas 30 personas, dictada en 2009 por el entonces juez penal Luis Charles, el magistrado describe la participación en La Computadora de Gallo y de otro exmiembro de la Unión de la Juventud Comunista (UJC), Roberto Patrone.
El documento sostiene que tanto Gallo como Patrone tenían “cierta autonomía para manejarse y sometían tanto a hombres como a mujeres detenidos a tratos degradantes”. Agrega que otros detenidos también sirvieron en esa oficina por algún lapso, pero no tuvieron “las facultades y prerrogativas de Gallo y Patrone”.