El fiscal de Corte, Juan Gómez, se manifestó sobre el proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto (CA) en el Senado, que busca sancionar penalmente a jueces y fiscales por malas prácticas, a través de la regulación del delito de prevaricato. Por ejemplo, el proyecto prevé penas de penitenciaría para los fiscales que intencionalmente “persigan penalmente a un no culpable”, oculten pruebas a alguna de las partes o no cumplan con la obligación de investigar. También plantea penas para los jueces que “a sabiendas dictaran resolución injusta”.
Gómez dijo a El País que mira con atención el proyecto “que criminaliza la actividad de los fiscales”, y expresó: “Yo sé que no debería contar con voluntades para ser aprobado, pero el solo planteo lleva a pensar qué hay detrás”, y consideró que el texto da cuenta de un “movimiento” contra los actores judiciales. “Lo digo con mucho respeto, esto es impresentable”, aseguró.
Opinó que es “un contrasentido enorme”, porque implica no respetar el sistema acusatorio. “Son cosas que no guardan un sentido lógico. La titularidad de la acción penal la tienen los fiscales, les guste o no les guste, estará bien o mal. Yo creo que cualquier retoque que se haga en eso sería un retroceso brutal del sistema”, afirmó.
“Hablan de adoctrinar a las víctimas, y lejos se está. Me encantaría discutirlo, pero tampoco estoy para estar creando conflictos”, añadió el fiscal de Corte, que, por ejemplo, se detuvo en por qué el fiscal no puede presentar testigos con los que no interactuó en un juicio, ya que en muchos casos son la prueba que fundamenta la acusación fiscal. “Es casi ridículo. Es como que alguien le dijera que el DT de un cuadro de fútbol no supiera nada de los jugadores que va a poner en la cancha. La ley manda proteger víctimas y testigos, y hay personas que van con profundo temor”, señaló.
Horas después de conocerse el proyecto, que ingresó a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) y la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) se pronunciaron en contra de la iniciativa. AMU rechazó el texto porque “amenaza con criminalizar el trabajo cotidiano de jueces y fiscales”, y recordó que los jueces “ya se encuentran sometidos a responsabilidad por los actos que realizan en el desempeño de su función”. Por su parte, AMFU informó del proyecto a la Federación Latinoamericana de Fiscales y, según informó a la diaria el presidente de AMFU, Willian Rosa, evalúan presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los últimos ataques que han sufrido tanto ellos como otros actores del sistema de justicia.