Una funcionaria de confianza del municipio de Solís de Mataojo en Lavalleja reconoció haberse robado 535.000 pesos, informó el diario La Unión de Minas. Por eso fue condenada por peculado a seis meses de prisión efectiva y 18 meses de libertad a prueba; la funcionaria deberá fijar domicilio, presentarse en la seccional una vez por semana, prestar servicio comunitario por diez meses y tiene la prohibición de acercarse a la alcaldía, según divulgó El Observador.
Cuando se detectó el faltante de dinero de la alcaldía, la funcionaria fue llamada para aclarar la situación, ya que tenía acceso a las cuentas bancarias del municipio. En un primer momento negó estar involucrada y alegó que la alcaldía había sido víctima de un hackeo; sin embargo, cuando la investigación tomó carácter judicial, admitió haber sido ella la que pasó los fondos de la cuenta pública a la suya particular desde el 10 de mayo hasta el 15 de noviembre del año pasado.
La alcaldesa Verónica Machado, del Partido Nacional, fue la que señaló a la funcionaria, que era de su confianza, y según reportó en un comunicado el caso fue investigado en la órbita de la Dirección Departamental de Investigaciones, a raíz del descubrimiento que hizo el área contable de la Intendencia de Lavalleja, que constató los “movimientos atípicos en la cuenta BROU del Municipio de la localidad”.
Este caso se suma a otros de delitos en alcaldías de localidades del interior del país. El caso más notorio es el del exalcalde de Florencio Sánchez, en Colonia, que fue condenado por la Justicia a tres años de penitenciaría y una suspensión de dos años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, pero que no terminó en un juicio político, por lo que Alfredo Sánchez podrá retornar al municipio de su localidad una vez que recupere la libertad.
Además, en marzo de 2021 fue condenado el alcalde nacionalista de Dolores, Juan Andrés Oronoz, por un delito sexual contra un menor de edad, a seis meses de prisión efectiva y seis meses de libertad vigilada con arresto nocturno. En abril de 2020 el alcalde colorado Tabaré Leivas, de Valentín en Salto, fue formalizado por tráfico de armas en un caso de abigeato, y en 2019 se conoció el caso de Martín Barla, alcalde colorado de San Antonio que fue imputado por el delito de abuso de funciones y condenado a 18 meses de libertad vigilada.