La Operación Océano, la investigación penal de explotación sexual adolescente más densa de la historia, va llegando a su fin. De las 37 personas investigadas, 11 van a juicio oral y público, y nueve fueron condenadas por juicio abreviado. Además, hubo 13 sobreseimientos y cuatro investigaciones fueron archivadas.
La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 5º turno, a cargo de la fiscal Mariana Alfaro, que tomó la causa luego de que su antecesora, la fiscal Darviña Viera, dejara el caso por razones de salud, tras liderar gran parte de la investigación.
La acusación fue presentada el 13 de mayo por Alfaro en el juzgado penal de 33er turno, a cargo de la jueza María Noel Tonarelli. Las defensas de los imputados tienen 30 días para responder la acusación y luego el juzgado deberá convocar a la audiencia de control de acusación en la que se definirá qué evidencias ingresarán como prueba al juicio oral.
Para las 11 personas que enfrentarán un juicio oral y público, la fiscalía pidió penas en el marco de la Ley Nº 17.815 –de violencia sexual cometida contra niños y adolescentes–, por los delitos de promesa o retribución a adolescentes por actos de naturaleza sexual. Para siete de esas personas se pidió una sanción de seis años de penitenciaría, para otra cinco años, para dos cuatro años y para la restante tres años de penitenciaría. En uno de los casos también se acusó por un delito de almacenamiento de pornografía con menores de edad, previsto en el artículo 3 de la Ley Nº 17.815.
Las víctimas tenían entre 13 y 17 años cuando fueron sometidas por varones que tienen un promedio de edad de entre 50 y 60 años. Las víctimas presentan distintas situaciones de vulnerabilidad, que incluyen hechos de violencia desde la infancia hasta vivir en amparo del Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay (INAU).
En la acusación, la fiscalía detalla cómo fueron los encuentros de los imputados con las víctimas. Muchos de ellos incluyeron violencia, asfixia o prácticas sadomasoquistas.
Algunos de los imputados se ofrecían como “sugar daddy” y los encuentros se daban, en general, en distintos hoteles de alta rotatividad. A las víctimas les planteaban explícitamente que les darían dinero a cambio de prácticas sexuales y negociaban; varios les decían a las adolescentes que estaban casados y acordaban “discreción”.
En algunos de los casos, pasaban a buscar a las víctimas por el liceo. A su vez, hubo imputados que pidieron fotos de la cédula de las adolescentes, como es el caso de uno de ellos que le pidió la documentación a una víctima de 14 años, que le dijo que tenía todo en lo de su mamá y aún así avanzó en la vinculación, llegando a plantearle el ingreso mensual que podría tener.
Por otra parte, hay imputados que confirmaron que las víctimas eran menores de edad porque ellas se lo dijeron, y aún así no desistieron, ni siquiera los que sabían que vivían en hogares de amparo del INAU y que aceptaban ser explotadas “para tener para comer y dónde dormir”. Otra de las víctimas sólo mantuvo relaciones sexuales en su vida con uno de los imputados, hecho al que fue sometida luego de atravesar una situación de vulnerabilidad extrema.
Además de la declaración anticipada de las víctimas, entre las múltiples pruebas que presentó la fiscalía, están la pericia de los celulares de las personas involucradas y declaraciones de terceras personas.
Los penalistas que defienden a los 11 imputados son Alejandro Balbi, Jorge Pereira Schurman, Martín Frustaci, Nicolás Pereyra, Andrés Añasco, Cecilia Salom, Enrique Díaz, Alberto Rojas, César Castro, Pablo Casas, Juan González y Santiago Ferrín.
Entre los imputados está Washington Balliva, exjuez de menores, y Nicolás Ortíz, diputado suplente del Partido Colorado. El exjuez de menores tenía 63 años cuando comenzó a tener contacto con una de las víctimas, de 15 años, sometida a la violencia y la extrema vulnerabilidad desde la infancia. Una vez por semana o cada dos semanas, durante tres años, la explotó sexualmente. La explotación se daba en distintos hoteles de alta rotatividad y, entre otras prácticas, la asfixiaba y la golpeaba como parte de la violencia sexual a la que sometía a la adolescente a cambio de dinero, según consta en la acusación.
Nicolás Ortíz, diputado suplente del Partido Colorado, es otro de los imputados cuyo caso se detalla en la acusación. En una de las instancias que explotó adolescentes les planteó a dos de ellas que no tenía dinero para tener sexo con ambas y por eso les pagó con cristales (metanfetaminas). Fue con las adolescentes a comprar la droga y una de ellas le dijo que tenía 16 años cuando eso ocurrió, pero no desistió de seguir ofreciéndole plata a cambio de sexo varias veces.