El fiscal especializado en Delitos Complejos de 3er turno, Gilberto Rodríguez, tomó declaración este martes al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al prosecretario de Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, en la causa que investiga la extensión de la concesión a Terminal Cuenca del Plata (TCP) –propiedad de la firma belga Katoen Natie y que tiene como socio minoritario (20%) a la Administración Nacional de Puertos (ANP)– de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081. La denuncia ante la Fiscalía fue realizada por senadores del Frente Amplio (FA).
Heber se desempeñaba en febrero de 2021, cuando se firmó el acuerdo, como ministro de Transporte y Obras Públicas, y lideró las negociaciones desde el inicio del gobierno. Antes de ingresar a la Fiscalía, el jerarca dijo en rueda de prensa estar “muy contento” y “orgulloso” por lo hecho por el gobierno en el puerto y consideró que lo acordado “va a ser bueno para el país”.
Al ingresar, el fiscal Rodríguez lo consultó sobre su involucramiento en el tema portuario. Heber, con pasado como senador entre 1995 y 2020, mencionó su experiencia en asuntos portuarios en lo legislativo y recordó que a principios del año 2000 Alejandro Atchugarry –entonces senador colorado– le planteó la posibilidad de realizar la concesión a una firma con participación de 20% del Estado, y rematar en la bolsa el restante 80% de las acciones. Esto finalmente ocurrió y culminó con la asociación de la ANP y Katoen Natie en el inicio de la concesión, dada por 30 años y extendida por el actual gobierno.
Heber dijo que cuando se enteró de la amenaza de un juicio contra el Estado por parte de la empresa belga ya estaban en campaña electoral (en 2019), por lo que no se informó del asunto hasta su designación como ministro. Señaló que la recomendación de que el Estado negociara con la empresa belga fue hecha por el exsecretario de Presidencia Miguel Toma (2015-2020), en una reunión en la que estuvo presente Ferrés.
Según declaró el jerarca, en el primer acuerdo ministerial, el presidente Luis Lacalle Pou le encomendó generar un grupo de trabajo para avanzar en la negociación con Katoen Natie para evitar el juicio. Es que también, según lo expuesto por Heber, podría verse afectada la actividad portuaria durante un eventual litigio internacional. El reclamo de la firma belga era por las condiciones de operación en la terminal especializada y los permisos dados a su competidora Montecon para operar en los muelles públicos.
El ministro, que se calificó como un actor “principalísimo” en la negociación, sostuvo que la empresa belga tenía razón en su reclamo de tener la prioridad de atraque como terminal especializada, y calificó como un “desastre” la situación de competencia que tenía con Montecon. Por esto, señaló, al negociar el acuerdo se buscó asegurar la inversión reduciendo la competencia. Además, opinó que el país no tiene suficiente volumen como para justificar una segunda terminal de contenedores.
Heber informó que la negociación duró casi un año y que, tras ella, se pasó de tener la amenaza de una demanda –sobre la que reconoció que se desconocía el monto exacto– a una inversión genuina de 455 millones de dólares, repartir las utilidades de TCP de los últimos años y bajar una parte de las tarifas portuarias. El ministro sostuvo que los 50 años de concesión se dieron como contrapartida de la inversión y no como respuesta a la amenaza de juicio.
En cuanto a los pormenores de las reuniones con la empresa belga y los asesoramientos en los que se apoyó el gobierno, Heber dijo que jurídicamente el asesor era Ferrés, además del “sentido común” de los restantes miembros del equipo: el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, y el presidente de la ANP, Juan Curbelo. Los cuatro negociadores pertenecen al Partido Nacional, y los restantes socios de la coalición han planteado, conocido el acuerdo, diferencias y matices.
El ministro dijo que se reunían todos los jueves en la Torre Ejecutiva para avanzar en forma virtual, por la emergencia sanitaria, en las negociaciones con la empresa. Del lado de la compañía, participaban el gerente general de TCP, Vincent Vandecauter; el gerente de Relaciones Institucionales, Fernando Correa; el asesor letrado de la empresa, Paul Arrighi, y a veces el abogado Augusto Durán Martínez, quien fue prosecretario de Presidencia durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995).
Sobre la ausencia de los directores de la ANP en la negociación –la directora del Frente Amplio y el vicepresidente de Cabildo Abierto han dicho que se enteraron del acuerdo por la prensa–, Heber dijo que desde el inicio se planteó la confidencialidad de la negociación y recordó que cuando empezaron las conversaciones, el directorio de la ANP no estaba completo. Además, señaló que estos diálogos incluso se podrían haber dado sin la presencia de Curbelo, a quien se recurrió por su experiencia portuaria.
Heber dijo que antes de firmar el acuerdo sólo vio el informe jurídico de Ferrés y planteó que ese respaldo no era un requisito para firmar, sino que se utilizaba como insumo interno. Uno de los puntos que cuestionó el FA fue la falta de respaldo jurídico en la actuación de las autoridades. El ministro subrayó que sólo informaba de las negociaciones al presidente de la República, a través de Ferrés, salvo en los aspectos políticos del proceso de negociación. Sobre esto último, consideró al contrato con Katoen Natie un acuerdo político que se implementó jurídicamente.
En cuanto a los vínculos entre el gobierno y los asesores letrados de la empresa belga –Arrighi y Durán Martínez–, Heber dijo que los conoce personalmente desde hace años.
La declaración de Ferrés y la “situación ilegal”
Sobre las 14.30 fue el turno del prosecretario de Presidencia, quien al ingresar anunció que denunciaría ante el fiscal Rodríguez una irregularidad ocurrida durante las administraciones frenteamplistas. “Cuando asumimos el gobierno nos encontramos con una situación ilegal e irregular en el manejo de las áreas públicas del puerto de Montevideo [donde opera Montecon] por parte de las administraciones anteriores, lo cual a todas luces ha sido una vergüenza”, expresó Ferrés en la puerta de la Fiscalía, antes de la audiencia.
Ante el fiscal, Ferrés señaló que la empresa Montecon, que trabajaba en los muelles públicos en competencia con Katoen Natie en la carga y descarga de contenedores, operó en forma irregular porque ofrecía servicios sin las autorizaciones habilitantes previstas en la Ley de Puertos. Para Ferrés esa situación daba solidez a los reclamos de Katoen Natie.
Ferrés, que declaró como investigado en la causa, dijo que se involucró en el acuerdo a pedido del presidente Lacalle Pou y a partir de las reuniones de transición, en las que se valoró la notificación de demanda de la empresa belga.
En cuanto a la definición de la confidencialidad de las negociaciones, Ferrés dijo que fue algo que determinó la administración anterior.
A su vez, descartó un vínculo entre Duran Martínez y el gobierno, pero advirtió que lo conoce mucho en lo personal, porque hizo con él su carrera docente, como profesor adscripto de Derecho Administrativo. Consultado sobre si existió alguna reunión entre ellos durante los meses de negociación, el prosecretario de Presidencia dijo que nunca habló con el abogado de la compañía y sólo lo vio en las sesiones de Zoom en las que negociaban.
El prosecretario de Presidencia dijo que las condiciones de la negociación implicaban que no tuvieran acceso desde el gobierno a la información técnica con la que Katoen Natie supuestamente sustentaba su demanda.
En cuanto a la violación de la libre competencia, planteo principal del reclamo del FA y Montecon por el acuerdo, Ferrés apuntó a la situación previa en el puerto y aseguró que había una competencia desleal en detrimento de Katoen Natie.
Respecto de los dos decretos de abril de 2021, con los que se implementó el acuerdo con un nuevo reglamento de atraque de buques, y el hecho de que el asesoramiento jurídico preceptivo se realizara cinco horas después de las resoluciones, Ferrés dijo que puede atribuirse a que muchas veces hay diferencias en los horarios del expediente electrónico y el de papel. Agregó que fue él quien redactó esos decretos.
Sobre el rol del directorio de la ANP, dado que la ley prevé el asesoramiento del directorio y no de su presidente –como ocurrió–, Ferrés respondió que el presidente tiene la potestad de actuar en representación de la ANP ante otros organismos, en la medida en que el reglamento del directorio no lo prohíbe.
Ante el fiscal, el prosecretario de Presidencia se responsabilizó de las decisiones jurídicas que se tomaron en la negociación y señaló que si bien no realizó otras consultas, se nutrió de trabajos doctrinarios, entre otros, del mismo Durán Martínez. A su vez, Ferrés defendió la independencia profesional del accionar de ambos y señaló que tuvo una discusión jurídica con Durán Martínez que implicó la paralización de las negociaciones durante un mes.