El Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), que funciona en la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos, publicó el lunes su informe anual 2021 en el que advierte sobre situaciones de privación de libertad ilegítimas, tratos crueles inhumanos o degradantes, falta de garantías en los momentos de detención y condiciones de reclusión que propician el deterioro de la salud mental.
El informe se realizó en base a 81 visitas a centros con personas privadas de libertad, incluyendo los dependientes del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, del sistema penal juvenil, dependencias policiales, instituciones de salud mental y cárceles. Durante las visitas el equipo técnico del MNP observó las condiciones edilicias de los lugares y se entrevistó con autoridades, trabajadores y personas privadas de libertad.
Uno de los puntos mencionados en el informe es la situación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en privación de libertad ilegítima, debido a que continúan internados en centros de salud mental que tienen convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) a pesar de haber recibido el alta médica. En esa situación se encontraron 24 casos, 32% del total de internados por el INAU.
“Desde 2016 el MNP ha monitoreado y constatado graves vulneraciones de los derechos de la infancia institucionalizada en estos centros, en particular la permanencia de niñas, niños y adolescentes con alta médica internados en clínicas de atención de episodios agudos”, señala el informe.
Además, se marca que en las condiciones de internación encontraron “descuido emocional, trato humillante y amenazante, malos tratos físicos, uso inapropiado de medidas de contención y aplicación de medidas disciplinarias ante situaciones de descompensación por salud mental”.
El MNP constató varias situaciones de vulnerabilidad de los derechos humanos en el Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Psicosocial (Ceremos), Hospital Vilardebó y Módulo 12 de la Unidad 4 Santiago Vázquez.
En Ceremos el organismo destaca que “las condiciones de habitabilidad, higiene y seguridad personal, sumadas a la ausencia de una propuesta de abordaje integral del sector”, constituyen “situaciones de riesgo que podrían afectar los derechos a la vida, integridad y dignidad de las personas allí internadas”.
El informe expresa la preocupación del MNP por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los varones internados en la sala 11 del Hospital Vilardebó, debido a que sufren condiciones de encierro “altamente restrictivas, sin ninguna actividad terapéutica ni recreativa, sin visitas de familiares o referentes y en celdas de reducidas dimensiones”.
En cuanto al módulo 12 de la Unidad 4 Santiago Vázquez, el MNP plantea que existe una “profundización del deterioro de la infraestructura e instalaciones del servicio, desgaste del personal de atención y el incremento sostenido de situaciones de violencia”. Además, señaló la “falta de actividades de rehabilitación psicosocial e integración social, en el marco de la ausencia de una propuesta de abordaje integral de la salud mental”.
El MNP planteó también que en el primer semestre de 2021 se dispusieron medidas de prevención, ante el incremento de casos positivos de Covid-19, que afectaron a los niños, niñas y adolescentes que residen en centros de protección especial del INAU; por ejemplo “restricciones en la realización de actividades externas y del sistema de visitas de familiares o referentes afectivos”.
Otro punto mencionado en el informe es el impacto de la aplicación de la ley de urgente consideración en el sistema penal juvenil, que implicó aumento de penas, restricción del régimen de semilibertad y el debilitamiento de las garantías al momento de la detención.
“Estas modificaciones no respetan las disposiciones ni el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño, principalmente en relación con el principio de excepcionalidad y brevedad de la privación de libertad en adolescentes, desestimando las particularidades de la aplicación de la Justicia penal en adolescentes como sujetos en proceso de desarrollo”, señala el informe.
Además sostiene que “quedó en evidencia la estigmatización y criminalización a la que la juventud se ve expuesta, en particular los varones jóvenes, urbanos, de sectores económicos empobrecidos, que se identifican con colectivos culturales y/o raciales minoritarios”.
En las unidades policiales, el MNP volvió a observar incumplimientos de las garantías fundamentales al momento de la detención y planteó que la modificación del artículo 61 del Código del Proceso Penal, que dispone que la autoridad administrativa podrá interrogar autónomamente al indagado, puede determinar un incremento en las declaraciones en sede policial.
En cuanto al sistema carcelario, el MNP constató un deterioro en las condiciones de reclusión, vinculado a un crecimiento sostenido de la cantidad de personas privadas de libertad y apuntó que ante la emergencia sanitaria “no se adoptaron estrategias que impactaran en la reducción de la población carcelaria”.