Durante la causa que investigó espionaje en democracia, el fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de 1° turno, Enrique Rodríguez, tomó declaración a 20 personas y se incorporó el testimonio de 63 jerarcas funcionarios, militares y autoridades que comparecieron ante la comisión investigadora que, entre noviembre de 2016 y agosto de 2018, estudió actividades ilegales de inteligencia desde 1985, a partir de los archivos de inteligencia microfilmados que fueron encontrados en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) en 2006.
La investigación penal también utilizó otros elementos aportados por la comisión parlamentaria, como las consultas a catedráticos y expertos en tratamiento de datos y documentación obtenida desde el MDN, el Ministerio del Interior (MI), el Ministerio de Relaciones Exteriores, entes del Estado y el Poder Judicial.
Entre las declaraciones realizadas en la Fiscalía entre mayo de 2019 y julio de 2021, está la del exagente de Inteligencia Jorge Charleta Guldenzoph, quien admitió haber trabajado en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) hasta 1996 e incluso relató que, en 1990, las autoridades de inteligencia policial le pidieron que se quedara.
Guldenzoph dijo que en democracia existía una coordinación sistemática entre las inteligencias militar y policial y las autoridades de los servicios. Consultado sobre las diferencias de sus tareas en dictadura y democracia, respondió que en democracia siguió “haciendo lo mismo” que en dictadura, aunque se limitó el acceso a la información, particularmente de fuentes cerradas. “Se cortó el acceso a la información, no se podía pedir fichas, sólo a través de [Máximo] Costa Rocha [director de la DNII entre 1982 y 1990] y él decidía”.
El exagente, que comenzó a colaborar con la dictadura tras ser detenido como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, dijo que en democracia había un oficial “que se encargaba de la parte sindical y un muchacho que escuchaba los programas de radio en la mañana, el de [Germán] Araújo y el de Emiliano Cotelo, que eran los dos que más interesaban”.
El 20 de mayo de 2019 declaró ante el fiscal el excapitán Héctor Erosa, quien denunció que entre 1990 y 1996 existió espionaje ilegal contra partidos políticos desde el Batallón de Ingenieros de Combate 2 de Florida. Erosa identificó al coronel retirado Eduardo Ferro como uno de los principales impulsores de esas prácticas y aseguró que fue él quien ordenó operativos contra militantes políticos y llevó a la unidad militar archivos de inteligencia para conformar una estructura de contrainteligencia encargada de investigar a los propios militares.
“Inmediatamente después de que el comandante Ferro se hace cargo de la unidad procede a hacer acciones contrarias a los reglamentos y a la operatividad que tiene el Batallón de Ingenieros de Combate. Monta una célula de espionaje a través de elementos ajenos a la unidad –que no correspondían a la plantilla del batallón– y comienza a hacer operaciones hacia afuera de la unidad”, señaló Erosa cuando declaró ante la comisión legislativa, lo que fue ratificado ante el fiscal Rodríguez.
El último en comparecer en la causa judicial fue el propio Ferro, quien el 28 de julio de 2021 negó su responsabilidad en los hechos. También declararon el brigadier general retirado José Enrique Mayo, responsable de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie) durante el gobierno de Jorge Batlle y de la Dirección General de Información de Defensa en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, así como el general retirado Francisco Wins, quien también fue jefe de la Dinacie y negó la existencia de una estructura de espionaje ilegal ante el fiscal.
Al archivar el caso, el fiscal Rodríguez fue enfático en que coincide con la comisión parlamentaria en que existió espionaje ilegal por parte de las agencias de inteligencia dependientes del MI y del MDN y que “el objetivo del denominado espionaje fueron los partidos políticos, líderes y partidarios de estos, de distintos sectores […] los movimientos populares, los sindicatos, las organizaciones sociales y, en algún caso, integrantes de otros poderes del Estado”.
Rodríguez pudo tipificar los delitos de abuso de funciones, omisión de denuncia de delitos, pesquisa, violación de domicilio, interceptación telefónica, revelación de secreto telefónico, conocimiento de documentos secretos, públicos o privados, y revelación de secretos, todos con penas máximas inferiores a diez años, por lo que determinó la prescripción de los delitos, dado que transcurrieron 13 años entre que ocurrieron los últimos hechos denunciados y cuando se presentó la denuncia penal, en noviembre de 2018.
La continuidad de la investigación
Tras el archivo de la investigación penal, los denunciantes analizan los posibles caminos a seguir para continuar con la investigación, dada la contundencia de la evidencia recolectada. Una de las posibilidades es la dada por el artículo 98 del nuevo Código del Proceso Penal, que en su inciso 2 habilita a la defensa de las víctimas a pedir a la Justicia el reexamen del caso por el fiscal subrogante.
De accionar esta vía, para la que corre un plazo de 30 días después de ser notificado el archivo de la causa, el fiscal subrogante podría revisar las tipificaciones planteadas en la investigación penal, que son las que en definitiva determinan el período de prescripción y el archivo del caso.
Otra posibilidad, a la que aludió el abogado de una de las víctimas, Pablo Chargoñia, cuando se conoció el archivo de la causa, es que la existencia de nuevos elementos de prueba que superen los tiempos de prescripción permitan la reapertura del caso. En ese sentido, Chargoñia calificó como “frustrante” que la investigación penal no haya profundizado en la existencia de actos ilegales de inteligencia cometidos después de 2005 y planteó la necesidad de que las actuales autoridades del MDN investiguen y aporten elementos a la Fiscalía para permitir la reapertura del caso.
El artículo 99 del Código del Proceso Penal plantea que luego del archivo de un caso el mismo fiscal puede definir la continuidad de la investigación “si se produjeren nuevos hechos o se aportaren nuevos medios de prueba que lo justifiquen”.
En su dictamen, el fiscal Rodríguez concluye que las “acciones irregulares e ilícitas de espionaje” se cometieron desde 1985 y, “en principio, hasta 2005”. También señala que persiste la duda de si esas actividades continuaron.
En esa línea, el dictamen hace referencia a un pasaje de la sesión de la comisión investigadora del 29 de agosto de 2018, en la que se alude al robo de archivos de la dictadura ocurrido en marzo de ese año en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, cuando se estaba discutiendo el contenido del informe final de la comisión, y particularmente las responsabilidades institucionales de los gobiernos entre 1985 y 2005, por la falta de control de sus servicios de inteligencia.
“Finalizó el tiempo de la comisión, pero hay hechos que quedaron, como lo denunciado con relación a la violación de la Facultad de Humanidades y el hurto de algunas pruebas, que claramente fue para entorpecer los trabajos de esclarecimiento de violaciones de los derechos humanos. Eso sucedió después de 2005”, expresó en el debate el entonces diputado colorado Tabaré Viera, en defensa de los tres gobiernos colorados de la época investigada. “No se puede acusar de esta manera [...] si hubieran existido controles los espionajes igual se hubiesen realizado”, opinó.
Para el fiscal Rodríguez, las debilidades en los controles institucionales y democráticos por parte de los ministerios y del Estado quedaron “muy crudamente” expuestas en esa discusión.
Expresidentes y exministros deslindan responsabilidades
Los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y los exministros del Interior de Lacalle, Juan Andrés Ramírez, y de Defensa de Jorge Batlle, Yamandú Fau, aseguraron que no estaban en conocimiento de ninguna actividad de espionaje a políticos y activistas sociales.
Lacalle Herrera negó, en diálogo con la radio Universal, haber ordenado actividades de espionaje y afirmó que lo que se hizo fue “recopilar información, que es distinto”. Sanguinetti, por su parte, apuntó contra el fiscal: en diálogo con El País, dijo que sus conclusiones son “un disparate” y que “nunca” ordenó “espiar a nadie”, si bien señaló que los servicios de inteligencia “siempre” deben estar atentos a lo que pasa en los ámbitos políticos y sindicales.
Ramírez dijo a la diaria que él no tiene “constancia de ningún espionaje político”, y señaló que los organismos de inteligencia actúan en general “como compartimentos bastante separados, independientes”, y “no dan cuenta permanente de lo que están haciendo” al poder político. “Salvo en temas importantes”, acotó.
Por su parte, Yamandú Fau dijo a la diaria que pidió a la comisión parlamentaria todos los documentos referidos al período de su gestión, que los revisó “uno por uno” y que “no había absolutamente nada” en materia de espionaje vinculado al Ministerio de Defensa en esos años. De todos modos, sostuvo que “jamás se dio una orden o se indicó una actividad de esa naturaleza” en su ministerio.