Pop TV, una de las seis propuestas que compitieron por obtener uno de los canales de televisión abierta digital que se asignaron en el gobierno de José Mujica, demanda al Estado por 20 millones de dólares, según informó este jueves el semanario Búsqueda. La propuesta de la productora Oz Media y la editorial Bla quedó tercera en el llamado a licitación que se hizo para obtener dos señales digitales.
Al momento de la licitación, en 2013, una comisión asesora independiente y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) hicieron una evaluación de las seis propuestas que se presentaron para obtener los dos canales abiertos. A pesar de que Giro, de la diaria y Demos, obtuvo la mejor calificación, la Ursec consideró que no tenía suficiente capacidad financiera y por eso el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) recomendó otorgar los canales a VTV y a Pop TV.
El gobierno de Mujica dio por buenos los informes de solidez financiera del proyecto Giro e ignoró la recomendación del ministerio, por lo que en primer lugar quedó el consorcio Giro y en segundo lugar el canal VTV, y Pop TV no obtuvo ninguna señal.
Pop TV recurrió la decisión y obtuvo una sentencia favorable del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que en junio de 2018 anuló la decisión del gobierno por haber violado el “principio de igualdad” de trato a los oferentes que se presentaron a la licitación. Con ese dictamen, Pop TV se dirigió a la Justicia civil para pedir una indemnización económica, con el argumento de que el “actuar ilícito” del gobierno les causó “daños y perjuicios” que deben ser reparados, según el texto de la demanda al que accedió el semanario.
“Una vez el proyecto de resolución se puso a consideración de los interesados, el Poder Ejecutivo, de manera legalmente inexplicable y seguramente contaminado por valoraciones políticas, decidió apartarse del criterio técnico recomendado”, establece la demanda interpuesta contra el Estado.
Pop TV reclama reparar el “daño emergente” derivado de la inversión que tuvo que realizar para participar en el llamado y pide una reparación por “daño futuro” ya que, según sostiene, el actuar ilícito de la administración provocó que no fuera el adjudicatario de la señal. Para calcular el monto que le demanda al Estado, el Grupo Oz estima que gastó cuatro millones de pesos y 15.000 dólares para presentarse a la licitación y estima que podría haber obtenido beneficios anuales por 86 millones de pesos, que multiplicados por estos 14 años que pasaron suman 1.208 millones de pesos. Como el Grupo Oz poseía 70% de la participación del consorcio, pide una suma que ronda los 20 millones de dólares.
El MIEM contestó la demanda y sostuvo que el Grupo Oz “no dimensiona correctamente el alcance de los efectos” de la sentencia del TCA, según informa Búsqueda. Para el ministerio, el fallo “expresamente determinó que dicho pronunciamiento no le otorgaba un derecho a la adjudicación sino que el procedimiento licitatorio debió cumplirse en debida forma” y, por lo tanto, al grupo “no le corresponde una remuneración por lucro cesante o pérdida de chance”. Además, agrega que canales como el 12, el 10 y el 4 no ganan más de 30 millones de pesos anuales, por lo que es “totalmente absurdo pensar que una empresa que recién se instala gane casi tres veces más”.
Asimismo, desde el Estado se asegura que la inversión previa que hizo el grupo para presentarse al llamado corre por su cuenta y no tiene relación con la resolución que después haya tomado el gobierno.