El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) emitió este sábado un comunicado en repudio a las amenazas a las tres magistradas, integrantes del Tribunal de Apelaciones, luego de que revocaran el fallo del juez subrogante en lo Contencioso Administrativo de 4° turno, Alejandro Recarey, que prohibió al Estado vacunar a niños y niñas contra la covid-19.
Las juezas Mónica Bortoli, Martha Alves y Marta Gómez Haedo recibieron notas o esquelas en sus domicilios particulares, por lo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, hizo una denuncia policial. Los detalles de los mensajes amenazantes se mantienen en reserva, para preservar la investigación.
En virtud de los hechos, el CAU manifestó “profunda preocupación” ya que las amenazas representan una “notoria violación a los principios más básicos del Estado de derecho, que descansan precisamente en la independencia técnica de los integrantes del Poder Judicial, siendo compromiso de todos los ciudadanos velar por los mismos”.
En diálogo con la diaria, la presidenta del CAU, Laura Capalbo, aclaró que desde la asociación evitaron dar una opinión mientras transcurría el proceso judicial en el Tribunal de Apelaciones, por una cuestión de “independencia técnica respecto al fallo”, pero tras la intimidación a las magistradas, consideraron necesario pronunciarse, especialmente porque los responsables accedieron a las direcciones de las viviendas y para ello tuvo que haber una investigación previa.
“Las amenazas no son un simple grafiti puesto en algún lugar. El Poder Ejecutivo tiene que proteger a los integrantes del Poder Judicial en lo que tiene que ver con la investigación y el esclarecimiento. No basta con una simple investigación, hay que ver qué es lo que está por detrás de todo esto. No es un tema que pega al Poder Judicial, sino a la sociedad toda. Las cosas están pasando de castaño a oscuro”, expresó Capalbo.
“Los jueces no pueden tomar decisiones conformes a su opinión”
Sobre la revocación del fallo por parte del Tribunal de Apelaciones, Capalbo contó que el CAU ha hecho un análisis desde el punto de vista jurídico y entiende que la decisión del organismo “asiste a la razón”, algo que también consideran las cátedras y los profesores grado 5 de la Universidad de la República. Por esa razón, están organizando “jornadas de reflexión sobre cada punto vinculado a esta sentencia”, adelantó la abogada.
El objetivo es analizar varios aspectos, indicó Capalbo. Por un lado, sobre la separación de los poderes, específicamente, en “cómo el Poder Judicial puede incidir ante las decisiones del Ejecutivo; pero también sobre cuestiones técnicas”.
“Los jueces no pueden tomar decisiones conforme a su opinión sobre una situación. Lo que tiene que hacer el juez, con las cartas que se le ponen sobre la mesa, que es el expediente judicial, es ver si está ajustado a la normativa. Lo que tiene que estar sobre la mesa son los argumentos de fondo y forma acerca de las peticiones que se hacen”, consideró.
No obstante, aclaró que es necesario evitar la “polarización” y no poner en la misma bolsa a todas las personas que están en contra de las vacunas para que no sean castigadas por la sociedad. “Sí hay que investigar el origen de esto [las amenazas] porque si es complicado, sí hay que frenarlo desde el inicio”, concluyó.
Entre los argumentos esgrimidos por el Tribunal de Apelaciones para revocar la sentencia, está que el abogado demandante, Maximiliano Dentone, no cumplió con los requisitos legales para presentar la demanda y que incumplió varios aspectos procesales, como haber presentado la solicitud luego del vencimiento del plazo establecido por la ley y no incluir en el escrito una petición concreta.
En cuanto a la actuación de Recarey, el tribunal planteó que el amparo no es la vía idónea para activar los mecanismos previstos en la Ley de Acceso a la Información Pública y que no respetó el principio de separación de poderes. “El órgano judicial no puede obligar a la Administración a ejercer, de determinada manera, competencias que son de su resorte exclusivo”, señalaron las juezas.
En las últimas horas, la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay también rechazó las amenazas que sufrieron las tres magistradas. En un comunicado, sus integrantes expresaron su “enfática condena a estas acciones delictivas”.